El Gobierno ha modificado el procedimiento de notificación de la información epidemiológica que las comunidades autónomas deben remitir al Ministerio de Sanidad y que debe incluir el número total de fallecidos con coronavirus mediante prueba en cada una de ellas desde el pasado 31 de enero. La nueva instrucción se publica este viernes en el Boletín Oficial del Estado. De acuerdo con la orden, las comunidades deberán remitir entre las 20:00 y las 21:00 horas el total de fallecidos por SARS-CoV-2 desde el 31 de enero, así como los casos acumulados confirmados desde esa misma fecha mediante prueba diagnóstica (PCR o test rápido de anticuerpos) incluyendo sintomáticos y asintomáticos.
Los últimos datos del Ministerio de Sanidad indican que se han registrado 585 muertos con 5.252 nuevos casos. En total son 188.068 positivos. No obstante se dice que el número de fallecimientos se ha reducido a un 3%.
El Gobierno ha modificado el procedimiento de notificación de los contagiados y fallecidos con coronavirus que las comunidades autónomas deben remitir cada día al Ministerio de Sanidad. La nueva instrucción publicada en el Boletín Oficial del Estado obliga a diferenciar los contagios sintomáticos de los asintomáticos.
El Gobierno publica una orden ministerial en la que se comunica a las Comunidades Autónomas cómo deben comunicar la cifra de casos con coronavirus. Pide que se comuniquen por separado los casos detectados por test PCR y los detectados por test rápidos. El criterio es que se contabilicen los fallecidos diagnosticados sea en hospitales, residencias o en casa. También deben comunicarse los sanitarios fallecidos y los asintomáticos.
Andrés Medina, director general de Metroscopia ha dicho en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que el 45% de los españoles aprueba la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. En la última semana el Ejecutivo ha mejorado en 14 puntos porque se tiene la sensación de que se ha doblegado la curva de la pandemia. Ahora, explica, preocupa más la situación sanitaria que la económica. Por eso entre el 70% y el 90% de los ciudadanos quiere pactos pero no están de acuerdo con la forma en la que se están planteando. "Todos, dicen, deben ceder por igual".
Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España asegura que 40.000 establecimientos podrían no resistir la crisis y por eso pide medias urgentes, En Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, ha señalado que entre 200.000 y 250.000 empleos están en juego. "No hay un riñón de aguante", dice, porque los alquileres siguen corriendo sin ingresos. Explica que hay países que se plantean desescalados porque la hostelería no es solo turismo es un servicio para la sociedad.
José Luis Leal, ministro de Hacienda con Adolfo Suárez, redactó el borrador de los Pactos de la Moncloa y, más tarde, los aplicó como Secretario de Estado ha precisado que "con los pactos se tienen que demostrar que un sistema democrático puede hacer frente a la crisis con eficacia". "Entonces se trataba de consolidar una democracia", ha explicado, "la economía era más frágil, pero ahora hay que hacer frente a varias crisis, sanitaria y económica". Ha considerado que se debe hacer "un esfuerzo extraordinario que pide el 91 por ciento de la población" y ha sostenido que un borrador es "algo indispensable". El exministro de Suárez ha establecido la forma de ponerse de acuerdo a los políticos: "Porque se lo pide el 91 por ciento de la población". Ha advertido de que si no lo logran, las consecuencias "serán tremendas y ninguno se va a librar". Y les ha aconsejado que "dejen al margen los planteamientos ideológicos y no pongan líneas rojas". "La generación de ahora quiere que los políticos se pongan de acuerdo", ha enfatizado.
"Entonces los acuerdos los firmaron los partidos políticos, no intervinieron ni empresas ni sindicatos, aunque después de adhirieron, la situación era diferente", ha indicado Leal. También ha comentado en el programa24 horas de RNE que ahora hay un Parlamento "mucho más fragmentado que entonces" y un Gobierno de coalición y que eso "dificulta el pacto". "Deberían ponerse a negociar los presupuestos cuanto antes, al menos los dos partidos principales y a parte de eso, resueltos los problemas a corto plazo, hay que definir el porvenir de España", ha señalado. Ha expuesto que la digitalización o el cambio climático son "problemas que afectarán a la población" y que la clase política deberia ponerse también de acuerdo sobre ellos. Y, además, ha reclamado un acuerdo en educación porque "no es imposible".
Para salir de la crisis económica que se avecina, Leal ha sostenido que "lo primero es porteger a los más vulnerables" y después "pensar en el tiempo": "Algunas ayudas se deben mantener durante un periodo y, después retirarlas en la medida en que se pueda, porque el endeudamiento es muy serio". El exministro de Hacienda ha creído que la crisis se puede aprovechar para resolver problemas estructurales que España "ya arrastraba".
Adjunta el partido una captura del tuit en el que el partido de ultraderecha se hacía eco deuna imagen falsa de la Gran Vía madrileña repleta de ataúdes, féretros junto al texto "lo que el Gobierno quiere ocultar" o un mensaje en el que acusaban al Gobierno de alentar la pederastia con dinero público. El PSOE considera que la "escala de agresividad" supera los delitos contra el honor y que puede ser constitutivo de un delito de odio, injurias y calumnias contra el gobierno de la nación, además de estar fomentando un clima de miedo en el país.
El Ejecutivo ha obtenido el "sí" de Unidas Podemos, Ciudadanos y el grupo plural(JxC, Más País, Compromís y BNG) y esta tarde negocia con el PNV mientras espera a Pablo Casado y al Partido Popular, a los que piden que pongan fecha a la reunión. "Al Gobierno le gustaría contar, dado que es el principal partido de la oposición, con el concurso del Partido Popular y que se haga en el menor tiempo posible", ha explicado la ministra portavoz María Jesús Montero, que añadió que "nadie entendería que se excluyera" de estas negociaciones. Paralelamente, se han mantenido reuniones con sindicatos, autonomías y patronales con tres objetivos: relanzar la economía, el frente social y el estado del bienestar.
El ministro de Sanidad ha comparecido por cuarta vez en el congreso. Ha advertido que aún quedan momentos duros por venir y ha confirmado que ya se ha realizado casi un millón de pruebas PCR. Pero la oposición pone en duda esa cifra. El PP insiste en pedir al gobierno que haga públicos los informes de los expertos que les sirven para tomar las decisiones.
El último informe de Sanidad sobre el coronavirus indica que en las útimas horas han fallecido 551 personas con lo que el número total se eleva a 19.000. Los contagiados son 182.816.El ministerio dice que el incremento de casos se debe a que también se ha incrementado el número de diagnosticados. También se han realizado más de 40.000 test.
El ingreso mínimo vital podría ponerse en marcha el próximo mes de mayo. Según aseguran fuentes de la vicepresidencia segunda del Gobierno, así lo acordaron el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Lo previsto es que el jueves presenten la medida de forma conjunta Iglesias y el ministro de Seguridad Social. Precisamente, José Luis Escrivá ha avanzado en el Congreso que no será una prestación individual, sino que la cobrarán las familias en función de su situación, y entre ellas, unos 100.000 hogares monoparentales.
Salvo casos excepcionales, todos los alumnos pasarán de curso. La ministra de Educación Isabel Celaá explica que las materias impartidas de forma telemática no se evaluarán y el tercer trimestre se utilizará como uno de repaso y para recuperar las asignaturas de los dos anteriores. Así, el próximo curso deberá adaptarse para impartir lo que no se ha dado en este. Se podrán abrir los colegios en julio para dar clases de refuerzo y actividades lúdicas en julio que darían otros profesores distintos de los titulares. La última palabra la tienen las autonomías, pues son ellas las que tienen las competencias.
En paralelo, el ministro de Universidades Manuel Castells ha tenido una reunión con las CC.AA. y mantendrá el calendario: el curso acabará en mayo.
Tras comparecer en comisión parlamentaria, el ministro José Luis Escrivá ha dado la cifra y ha añadido que la mitad cobran el paro, una cifra equivalente al 16% de la población activa y a la que hay que sumar a casi 1.400.000 autónomos que están recibiendo algún tipo de facilidad en el pago de sus cuotas. "Las medidas están surtiendo efecto, pero es dificilísimo llegar a todo el mundo", ha explicado el titular de Seguridad Social, que explica que, tras el gran descenso en el número de afiliados de marzo, parece que la situación se irá corrigiendo en las próximas semanas.
A las 18:30 conoceremos más detalles en la comparecencia de la ministra Isabel Celaá, pero por el momento se conoce que el Gobierno dará via libre en a que las comunidades autónomas abrán en julio para dar clases de refuerzo y voluntarias. Con todo, la decisión depende de las autonomías, ya que las competencias están transferidas, y estas han pedido, además, un plan económico excepcional para hacer frente a este mes extra de docencia que, en ningún caso, impartirán los profesores titulares: las clases las darán voluntarios. Asimismo, no habrá aprobado general y las repeticiones de curso serán de carácter excepcional.
La Comisión Europea pide prudencia a la hora de levantar el confinamiento. Tambien que se amplien los test. La contención deberá mantenerse hasta que haya una vacuna.
