La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cederá a las administraciones 10.000 nuevas viviendas de su propiedad para alquiler social. Tras la firma del protocolo en Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que 5.000 se van a poner a disposición a corto plazo para atender situaciones de vulnerabilidad y las otras 5.000 serán a medio plazo. Estas se sumarán a las 5.000 que el llamado 'banco malo' ha acordado con diversas comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que hará que el paquete global del Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables alcance un total de 15.000 pisos.
A cambio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se hará cargo del coste de la rehabilitación y el adecuamiento de las viviendas que lo necesiten antes de ser arrendadas por un precio fijado y unas condiciones limitadas. Foto: EFE/Zipi
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que no le parece mal el debate surgido tras las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias, que cuestionaba la calidad de la democracia española. “En todos los países en este momento hay un debate de la democracia sobre la democracia, lo cual me parece una buena señal de democracia”, ha afirmado Zapatero, que además ha añadido que España tiene “una democracia muy saludable”, pero no exenta de conflictos. “Nuestro tema territorial es la gran asignatura pendiente… y tenemos que tener un sentido más institucional. El día que PP renueve los órganos constitucionales, como hacia el PSOE en la oposición... esto sí que es una anomalía, que no tengamos renovado el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE [...]. Estas cosas las tenemos que mejorar”, ha afirmado.
Zapatero cree que las elecciones catalanas demuestran que hay un “mandato de la sociedad de buscar el entendimiento” entre independentistas y constitucionalistas. “Lo más importantes es que el centro derecha en Cataluña y el conjunto de España asuma que debe haber un proceso de diálogo y de encuentro”, ha indicado el expresidente del Gobierno, que se muestra partidario de una “política de rencuentro y generosidad” con los políticos presos por el ‘procés’, aunque ha admitido que compete al presidente del Gobierno decidir si les concede el indulto. “Pienso que el presidente del Gobierno acertará en la decisión”, ha indicado. El expresidente considera que un referéndum de autodeterminación en Cataluña “no es una solución”, puesto que ”simplifica el debate” y afirma que en “este contexto de empate infinito” el que perdiera ese supuesto referéndum pediría rápidamente la ”revancha”.
Zapatero apuesta a que el Gobierno de coalición durará toda la legislatura y pide tanto al PSOE como a Unidas Podemos que dediquen “más horas de diálogo” para abordar “esos temas donde se han expresado diferencias”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a Ciudadanos y al PP a romper sus "pactos territoriales y locales con la ultraderecha" porque esos pactos "traen consecuencias" en referencia al descalabro electoral de Cs el 14F. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha denunciado los disturbios en Cataluña y ha pedido al jefe del Ejecutivo que actúe "antes de que sea demasiado tarde".
Desde el PP, Teodoro García Egea dice que es una "anormalidad democrática" que el vicepresidente defienda a los okupas y tenga guardias civiles en la puerta de su casa, Pablo Iglesias le responde que el PP es un partido corrupto "que se ha financiado de manera ilegal durante décadas" y que no es normal que "Cifuente se vaya de rositas y Hassel esté en la cárcel". El diputado popular sostiene que "no hay rótulo que tape su incompetencia" y que TVE debería poner debajo de su imagen "líder de un partido imputado por corrupción".
Las discrepancias entre los socios de Gobierno se acumulan. PSOE y Unidas Podemos tienen ya una larga lista de desencuentros que hoy se han trasladado a la actividad parlamentaria. Los portavoces de los dos grupos que sustentan al Ejecutivo dicen que llevan su relación con paciencia, pero por primera vez uno de los socios no ha apoyado con sus votos una proposición de ley del otro. Los de Iglesias se han abstenido en la ley de igualdad de trato, la llamada 'ley Zerolo', que los socialistas registraron en solitario. Los socialistas no ocultan su enfado, dicen que la abstención de los morados abre una puerta que puede complicar la relación parlamentaria entre los socios, mientras que Unidas Podemos acusa al PSOE de llevar al congreso este texto para bloquear la ley trans que el Ministerio de Igualdad quería aprobar este mes en el Consejo de Ministros, extremo que niega la parte socialista y argumentan que hace falta más tiempo. Pero los roces entre los socios no acaban aquí, el siguiente capítulo es el Ingreso Mínimo Vital. Unidas Podemos ha registrado, para sorpresa del PSOE, una batería de propuestas para hacer cambiosy el ministro de Seguridad Social acusa a los de Iglesias de querer apropiarse de la medida.
Los morados acusan de deslealtad a los socialistas y de actuar de forma unilateral sin contar con Igualdad, quien defienden es competente, que había visto fallos en el texto. Sostienen que el acuerdo era registrar la ley de forma consensuada y con la firma de los partidos del Gobierno. El PSOE los acusa de abrir la veda al no haber apoyado la iniciativa, una norma que persigue toda forma de discriminación, aseguran.
Es el primer voto diferenciado y no pone en peligro la tramitación de la proposición de ley del PSOE, pero añade un paso en la distancia que separa a ambos socios de Gobierno y que se vienen manifestando con la pugna en el terreno de la Igualdad.
Los socios del Gobierno han puesto este martes voz a las discrepancias que mantienen por la ley trans y LGTBI. Unidas Podemos acusa al PSOE de bloquear el debate de la ley en el Consejo de Ministros, extremo que ha negado la vicepresidenta Carmen Calvo y dice que se están recogiendo aportaciones de todos los Ministerios. Pero desde Igualdad quieren que esta ley salga adelante cuanto antes, no entienden la dilación porque aseguran su propuesta ya tuvo el respaldo en 2019 de los socialistas y de los letrados del Congreso y recuerdan que habían acordado con la vicepresidencia primera llevarla al Consejo de Ministros en esta primera quincena de febrero. Unas peleas internas que llegan al Congreso y los socios de Gobierno empiezan a cansarse. La ley trans no es el único asunto en el que discrepan. Unidas podemos ha prentado enmiendas al proyecto del Ingreso Mínimo Vital. Y esta tarde se vota por primera vez la llamada ley Zerolo de igualdad de trato que el PSOE presentó en solitario, Unidas Podemos no ha desvelado aún qué votará
El Gobierno ha publicado la lista de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 para que puedan ser reclamados por cualquiera que ponga en duda su titularidad. Se trata de 20.000 templos o lugares de culto y casi 15.000 lugares con otros fines, como viviendas, locales o solares, que la Iglesia registró a su nombre apoyándose únicamente en una certificación eclesiástica gracias a primera ley hipotecaria aprobado por el gobierno de José María Aznar. Esa modificación hizo que bastara que la propia diócesis dijera que era su titular para poner el bien a su nombre, algo que ocurrió por ejemplo con la Mezquita de Córdoba y la Catedral de Sevilla.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado que España ha adquirido otros 20,8 millones de vacunas de la empresa Pfizer. De esta forma, España dispondrá de 50 millones de dosis de este laboratorio durante todo el año. Montero también ha destacado que las nuevas vacunas llegarán de manera progresiva a partir del mes de abril con la esperanza de alcanzar el 70 por ciento de la población vacunada según los plazos que se ha marcado el Gobierno.
La Iglesia católica de España inmatriculó 34.961 bienes desde 1998 con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de Aznar y hasta 2015, según el listado de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno y enviado este martes 16 de febrero al Congreso de los Diputados. Así lo ha indicado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Desde 1996, con Aznar, cambio que la iglesia pudiera inscribir una lista de inmuebles que hemos remitido al Congreso de los Diputados, cumpliendo un acuerdo del año 2017 que instaba al Gobierno a que hiciera el trabajo de confección de la lista de bienes inmatriculados por la iglesia católica, que afecta a todo el territorio y a diversas tipología de bienes". De las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y 14.947 que no se relacionan con estos usos: terrenos, solares, viviendas o locales. Además, 30.335 bienes fueron inmatriculados en virtud de certificación eclesiástica y en el caso de otros 4.626 bienes, la inmatriculación consta a otro título distinto, a título "bastante y suficiente para la demostración".
Pablo Iglesias no da un paso atrás y se reafirma en que no hay plena normalidad democrática y política en España. Las críticas al vicepresidente del Gobierno por esas palabras continúan este jueves. Con un manifiesto, exdirigentes del PSOE como Nicolás Redondo, Joaquín Leguina o José Luis Corcuera piden que el vicepresidente sea destituido.
Desde que Andalucía propuso habilitar las plazas de toros para afrontar una vacunación masiva contra el coronavirus, varias comunidades autónomas han empezado a negociar espacios en los que acelerar las campañas de innmunización. El Gobierno mantiene su confianza la capacidad de respuesta del sistema sanitario para cumplir el objetivo de llegar al 70% de la población al final del verano.
El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha reafirmado este jueves en su posición de que hay situaciones que revelan que España es una "democracia mejorable", unas declaraciones que pronunció este lunes para referirse a la situación de los presos del 'procés y que volvieron a poner de manifiesto las diferencias en el seno del Ejecutivo. "Que moleste tanto es la mejor prueba de que es la puñetera verdad", ha señalado.
En una entrevista en Rac 1, Iglesias ha recalcado que seguirá diciendo que "vivimos en una democracia mejorable" a pesar de "las amenazas" y de que eso moleste "a señores muy poderosos", en referencia a un manifiesto promovido este jueves por unas 200 personalidades del mundo político y económico -entre ellas, exdirigentes del PSOE- que pide su destitución por cuestionar la normalidad democrática en España.
"Tenemos una democracia que hay que mejorar; y defenderla no es decir que es perfecta, eso es mentir, protegerla es denunciar todos los defectos que tiene, que son enormes, y trabajar para mejorarlos", ha dicho. Foto: EFE
Gobierno y agentes sociales todavía no han llegado a un acuerdo, pero sí tienen la convicción de seguir el camino marcado por los tribunales, es decir, que los trabajadores de las plataformas de reparto a domicilio sean considerados asalariados. La CEOE quiere, asimismo, que se pueda subcontratar autónomos si hay picos de demanda. Gobierno y empresarios no hablan con una sola voz, tampoco el colectivo, puesto que muchos de ellos quieren seguir siendo autónomos.
Todo a expensas del documento de resumen que emita el Gobierno y que necesita el visto bueno de las cúpulas. Por eso, quizá, nadie habla de principio de acuerdo, pero sí de acercamiento. Gobierno y agentes sociales coinciden: la mayoría de los repartidores que trabajan para plataformas tendrán la consideración de asalariados, algo que de entrada no convence a buena parte del colectivo que así se lo ha hecho saber por carta a la ministra de Trabajo. Hay acuerdo en el gran titular, es lo que dicen los tribunales e inspección, otra cosa es determinar cómo las empresas argumentan que un trabajador es autónomo.
Fuentes próximas a la negociación han dicho a Radio Nacional que CEOE quiere cambios en la subcontratación de autónomos. En contra de la norma también casi 1.000 restaurantes que han pedido al Gobierno una ley que no dañe aún más a la hostelería. Informa Esperanza Martín.
Con el rapero Hasel a punto de entrar en prisión y decenas de artistas pidiendo su libertad, los socios de Gobierno emprenden una carrera en la defensa la libertad de expresión.
Todo comenzó este lunes por la tarde: Podemos avisa al Gobierno de que hoy registrarían en el Congreso una propuesta de ley para reformar el Código Penal. Hora y media después, Moncloa se adelanta y da a conocer a los medios su propuesta. Con poco detalle, la intención es sacar del castigo penal los excesos verbales en contextos artísticos, culturales o intelectuales.
Para el PP y Vox, por su parte, esa reforma no es ni urgente ni necesaria. Foto: EFE/ Mariscal
