Desde el PP aseguran que enfrentan con preocupación las palabras de Pedro Sánchez en el día de la Constitución sobre el acoso contra él y el Ejecutivo al que se refirió. Sémper lo califica de irresponsable.
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Hoy es el Día de la Constitución. La Carta Magna española cumple 46 años y, desde el Congreso, nos trasladamos a la calle para preguntar a los ciudadanos cómo ven el texto, que ya llega a la mediana edad. Nos lo cuenta Jaime Cabeza.
El presidente Pedro Sánchez ha sido el último en llegar, como es tradición, al acto de conmemoración de la Constitución Española. En su intervención sin preguntas, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que España tiene una Constitución "de convivencia absolutamente abierta e integradora" y ha asegurado que la cohesión territorial "tiene mucho que ver con lo que se hace en las Cortes", el trabajo de los grupos que hacen "política útil".
Además, Sánchez ha cargado contra los gobiernos "negacionistas" autonómicos y municipales y ha abogado por una reforma de la Constitución. “La mejor manera de reivindicar la Constitución es cumplirla”, ha señalado.
Durante su intervención se han escuchado gritos de ciudadanos desde fuera del Congreso que estaban gritando "sinvergënza" y "sois todos iguales". Se trata de un grupo formado por una treintena de personas que protestan por valencia y la DANA: "No se han ahogado los han asesinado", "cobarde" o "no te atrevas a salir por las calles de Madrid", han pronunciado.
Sigue los actos conmemorativos del Día de la Constitución, en directo.
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tachado de "absoluta vileza" las nuevas acusaciones contra él que ha vertido el presunto conseguidor del caso Koldo y ha asegurado que puede demostrar que son falsas, sobre todo el supuesto uso de un piso en Madrid para encuentros de diversos tipos, porque su agenda como presidente canario era pública y están registradas sus entradas y salidas de los hoteles en los que se alojaba.
El Gobierno acusa al PP de hacer una oposición "irresponsable" de espaldas a los problemas reales de los ciudadanos. Lo dicen tras el comentado rifirrafe de este martes en el Senado entre una senadora 'popular' y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Era una sesión de control más, pero la portavoz del PP quiso hacerlo diferente. Alentó a toda su bancada a protestar a coro contra la corrupción que rodea al Gobierno. "Esta performance ha sido tan grotesca que al menos nos ha divertido", respondía Bolaños, que este miércoles vuelve a denunciar la inutilidad de la oposición, tachando de "espectáculo circense" su intervención. Un tono que, para el PP, evidencia que el ministro está incómodo con los casos de corrupción.
El Gobierno cree que el foco debe estar en Miguel Ángel Rodríguez, que fue —dicen— quien inició el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso. Hoy el juez que lleva el caso ha descartado imputar de momento a la asesora de la Moncloa que supuestamente compartió con el exlíder del PSOE en Madrid información judicial sobre González Amador.
Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, ha estado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní aclarando la posición acerca del nuevo registro de viajeros de Interior por el que se obliga a las empresas a facilitar datos personales de los viajeros y las reservas, especificando el domicilio habitual de los clientes o el número de soporte del DNI, y que parte del sector turístico no defiende. Contestando a una entrevista anterior del secretario general de la Mesa de Turismo, Carlos Abella, Pérez asegura que "no pretendemos que las empresas se transformen en policías transformen en policías".
Acerca de que los establecimientos tengan que rellenar 42 datos obligatoriamente, el secretario de Estado alega que "no es cierto", y que este número total se extrae del anexo del reglamento "contando desde el primero hasta el último" de los puntos. El entrevistado asegura que "en la práctica los datos que van a recoger no difieren en gran medida de los que ya se estaban recogiendo".
Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha estado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní presentando su último libro: Por qué pasa lo que pasa. El político afirma que "no reconoce a Pedro Sánchez", presidente del Gobierno, e incide en que él fue "un factor importantísimo de su ascenso a la secretaría general del PSOE en aquellas primarias, sin ser yo del PSOE". Revilla comenta que el "volantazo" que dio Sánchez "sin avisar a los ciudadanos" requiere "un análisis en el libro de unas 30 páginas".
Haciendo balance de sus años al frente de la presidencia de la comunidad, Revilla cuenta que en ese momento "había que luchar por conseguir que Cantabria fuera una autonomía, dediqué eso mi vida" pero que "mirando para atrás no sé si lo volvería a hacer". Además, mirando a la política actual, el entrevistado sentencia que "a ministro puede llegar cualquiera".
Pedro Sánchez ha anunciado la creación de una empresa pública de vivienda en el último Congreso del PSOE, celebrado en Sevilla este fin de semana. La realidad es que en la Constitución se menciona que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y en 1997, el Tribunal Constitucional limitó la capacidad para legislar en esta materia. Son los Ayuntamientos los que conceden licencias de acuerdo a las Leyes autonómicas y el Gobierno central sí que puede actuar en la regulación de alquileres.
Blanca Pascual, periodista de RNE, explica cómo se encuentra la cuestión en esta primera etapa, pues, aunque el sector no se apresura a dar valoraciones, si tiene claras las dificultades. La principal es que las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y hace falta desbloquear la Ley del Suelo en el Congreso. También se señala como problema las ayudas fiscales a fondos o viviendas turísticas. A la espera de mas concreción, los expertos miran a la SAREB, creada en 2012 y que tiene 50 mil millones en activos con fecha de caducidad en 2027. Es necesario un cambio de normativa para que se convierta en promotora pública a precios razonables.
Al hilo de la materia, muchas veces se ha citado a Viena, como modelo a seguir en materia de vivienda pública. Actualmente, el Ayuntamiento posee algún tipo de participación en la mitad de las casas de la ciudad. La corresponsal de RNE en Centroeuropa, Beatriz Domínguez, explica que más de la mitad de la población de la capital vive en suelo público que se extiende por toda la ciudad, "evitando guetos". Cada año se invierten 400 millones de euros para construir vivienda social nueva.
