El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defiende en 'Las Mañanas de RNE' que el diálogo avanza y que esperan llegar a un acuerdo sobre la negociación de transferencias a Cataluña, como la que pide Junts en competencias de inmigración. Marlaska pone la línea roja en lo que marca la Constitución y, sobre la cuestión de confianza que también pide el partido de Puigdemont, insiste en que se trata de una prerrogativa única del presidente del Gobierno.
El ministro asegura que "el Partido Popular tiene una voluntad clara de obstaculizar la correcta gestión de la migración", aunque menciona que los presidentes de Canarias y Ceuta están conformes con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. "La responsabilidad es de la dirección del PP que, por intereses partidistas, se opone". Marlaska considera que utilizan la "política de la xenofobia" para difundir bulos y califica de inmoral las palabras de Mazón, que ha comparado las ayudas de Gaza con las de la dana. Se muestra preocupado por "el sentimiento de impunidad que se genera": "Pueden decir la mayor de las barbaridades y no hay ninguna consecuencia" y asegura que "las fronteras entre el PP y Vox ya no sé si existen". El ministro también confirma a Josep Cuní que Interior prohíbe a Aldama utilizar la medalla que le concedió por sus tributos a España, de acuerdo "a las imputaciones graves que pesan sobre él".
La Mesa del Congreso de los Diputados, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, ha decidido seguir analizando la proposición no de ley de Junts en la que pide a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza. Por tanto, queda en estudio la iniciativa de Junts, un asunto que tenía previsto abordar en diciembre y que dejó pendiente para su reunión de este jueves. El PSOE no se ha dado plazo para retomar la propuesta. El Gobierno evita el choque con los de Puigdemont en plena negociación. Mientras, Junts ha advertido en los últimos días de las consecuencias que tendría rechazar su proposición no de ley. El Partido Popular recrimina al Ejecutivo que no se someta a la exigencia de Junts.
La hora de la 1
El Senado citará a comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. En 'Las Mañanas de RNE', el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, defiende que la razón del grupo popular para solicitar esta comparecencia es porque "parece ser que estaban disfrutando de una vivienda sin atender el pago de la mensualidad". Rollán asegura que la voluntad de esta comisión de investigación es esclarecer si ha existido responsabilidad política, "porque otro tipo de responsabilidad corresponde a la justicia". Preguntado por la cuestión de confianza que pide Junts a Pedro Sánchez, el presidente del Senado entiende la postura del partido de Puigdemont por sus intereses políticos y electorales. "El presidente del Gobierno no creo que tenga ningún tipo de interés en establecer este tipo de debates porque sería una constatación de los escasos apoyos que tiene en este momento" y considera que no se dan las condiciones para que en la presente legislatura pueda prosperar una moción de censura. Entrevista completa con Josep Cuní.
Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, ha señalado en el informativo 24 horas de RNE que "Sánchez ha convertido la vivienda en un bien de lujo a base de intervenir el mercado de la vivienda, controlar los precios y tolerar la okupación." Además, considera que algunas medidas sobre vivienda planteadas ayer por el Gobierno son copiadas al PP y que por ello, esas sí que las apoyarían: "Cuando el Gobierno rectifica y copia nuestras propuestas, estamos de acuerdo."
Las comunidades del PP se han comprometido a rebajar al 4% el impuesto de la vivienda usada a los jóvenes. Sobre ello, Paloma Martín no ha confirmado cuándo va a empezar a aplicarse, pero ha insistido en que "los presidentes autonómicos verán en qué momento podrán hacer esa reforma."
El Gobierno defiende su modelo de vivienda social frente a la liberalización del suelo -dice- que plantea el PP. El Ejecutivo y la oposición coinciden en que las deducciones fiscales a propietarios pueden animar a sacar pisos al mercado de alquiler. Para las organizaciones de consumidores, no es suficiente. Foto: Getty Images
