Los empresarios agrupados en la Plataforma de inversores en puertos españoles (PIPE) apoya la reforma de la estiba del Gobierno. Su vicepresidente, José Luis Almazán, califica de "privilegiados" a los estibadores y a la Coordinadora de Trabajadores del Mar, donde se afilia el 98% de los más de 6.000 estibadores "del último sindicato vertical que queda de un modelo del siglo pasado".
Almazán considera que el sector de la estiba se debe abrir a la liberalización total, porque, en su opinión, "los puertos tienen que ser eficientes y baratos, para que pueden competir en el entorno en el que están".
Según el representante de PIPE el problema no es que estos trabajadores ganen "130.000 euros anuales por seis horas de trabajo" sino que es un "problema de rigidez", que impide que los empresarios puedan organizar el trabajo como crean oportuno.
Afirma que, en este momento, la organización del trabajo depende de los propios estibadores, un colectivo en el que el acceso se restringe, según Almazán, por los propios trabajadores, en el que "entran familiares y quienes ellos quieren".
