- Sánchez pide responsabilidad a la banca para no repercutir el coste del impuesto en los préstamos
- Anuncia también la creación de una autoridad independiente para proteger a los clientes financieros
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Todos los partidos han mostrado su desacuerdo con la decisión del Supremo de que sean los usuarios, y no la banca, quienes paguen el impuesto de las hipotecas. Algunos denuncian la falta de independencia pero es unánime la idea de que hacen falta cambios. Incluso el PP va más allá y propone eliminar el polémico impuesto de estos préstamos.
Las asociaciones de usuarios consideran una buena noticia que inmediatamente el Gobierno haya dado un paso para que los bancos asuman el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido de urgencia a parte de su Gobierno, a la vicepresidenta y los Ministros de Economía, Hacienda y Fomento, y ha anunciado que este jueves van a aprobar un decreto para que a partir de ahora sea la banca quien deba hacerse cargo de este impuesto.
La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario socialista en el congreso, Adriana Lastra, ha afirmado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que "todos estamos un poco desconcertados" por el fallo del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de las hipotecas, un cambio de criterio que califica de “inexplicable”. "Los trabajadores fueron solidarios con el sistema financiero, al que se le inyectaron 77.000 millones de euros cuando estaba pasando por una gran crisis hace ya una década”, ha subrayado Lastra, quien se ha mostrado "convencida" de que el Consejo de Ministros tomará medida tras esta decisión del TS.
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El pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado este martes que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). De este modo el alto tribunal corrige a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.
Tras dos jornadas de deliberaciones el Supremo no ha conseguido superar la fractura existente en la Sala, que conforman un total de 28 magistrados, y el fallo ha salido por 15 votos frente a 13.
Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.
José María Fernández Seijo, magistrado de lo mercantil y el primer magistrado que consultó a Luxemburgo en un tema relacionado con las cláusulas suelo, ha lamentado que la decisión que ha tomado el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo este martes se haya resuelto “en la zona de penaltis porque el derecho debería imponerse por razones y por argumentos y no por votaciones ajustadas por circunstancias como las que hemos conocido en estos días”.
Según Fernández Seijo, “la situación es un tanto chocante porque tenemos un reglamento que durante unos días ha quedado derogado y creo que eso ha provocado, además de una insatisfacción social muy grande, cierta incertidumbre jurídica”.
“Lo razonable hubiera sido que se hubiese producido al revés, es decir, que este pleno se hubiese celebrado antes del día 16 y que por lo tanto la decisión del Supremo hubiese sido mayoritariamente adoptada por todos los magistrados”, ha explicado en el programa La Tarde en 24 Horas.
- De los 28 magistrados que asistían al pleno, 15 han votado a favor frente a 13 en contra
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El Tribuanl SUpremo sigue dividido sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. En el segundo día de reunión, los magistrados siguen sin ponerse de acuerdo sobre si le corrresponde al banco, como decretó en la última sentecia, o debe ser el cliente, como había mantenido hasta ahora. El Gobierno se prepara ya para posibles reclamaciones.
El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) reanudará este martes su reunión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, interrumpida tras ocho horas de deliberación.
Con una pausa para el almuerzo, los 28 magistrados reunidos, -de los 31 que forman el pleno, uno se ha ausentado por encontrarse de viaje, otro por presidir la Junta Electoral Central y un tercero, tras alegar motivos personales-, retomarán mañana a partir de las 10:00 horas el análisis de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto, pero no especificaba su alcance.
A la espera de lo que dicte el Supremo sobre los impuestos de las hipotecas, los bancos asumen que serán ellos los que tengan que pagar a partir de ahora esa tasa, pero cruzan los dedos para que no haya una sentencia con efectos retroactivos. La factura a pagar en el peor de los casos podría ascender hasta los 16.000 millones de euros, según Moody's, aunque los subinspectores de Hacienda elevan esa cantidad hasta los 30.000 millones de euros. De confirmarse la retroactividad, podría tener efectos inmediatos en los balances de los bancos y también en las cuentas públicas y en el déficit de las comunidades.
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El Tribunal Supremo estudiará si aplica la sentencia, conocida el jueves, en la que avalaba el pago del impuesto de actos jurídicos documentados vinculados a la firma de una hipoteca, por lo que ha acordado paralizar con carácter urgente todos los recursos planteados al respecto.
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