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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) será más accesible para colectivos como los temporeros o las personas sin hogar. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que flexibiliza la solicitud de esta ayuda económica que también pone más fácil su tramitación a personas que vivan con familiares de manera transitoria o de manera itinerante.

El año comenzó con la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del primer Gobierno de coalición de la democracia. Pero pronto el coronavirus paralizó el país y la actividad parlamentaria quedó limitada a los plenos para prorrogar el estado de alarma. Se han aprobado medidas sociales relevantes, como el ingreso mínimo vital y la subida del salario mínimo. Y se han tramitado leyes importantes, como la de educación, la regulación de la eutanasia y los presupuestos generales. Se ha debatido una nueva moción de censura. Todo con un hemiciclo medio vacío. Acaba un año atípico también en lo parlamentario.

En la calle, escuchamos las reivindicaciones de dos colectivos: uno, los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital y las asociaciones que piden modificaciones en el Real Decreto para evitar exclusiones; y dos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que reclama la aprobación urgente del decreto antidesahucios. A la puertas del Ministerio de Inclusión, Noemí Martínez habla con Roberto Borda, de RMI-Tu Derecho, y con Paco Morote, de la PAH.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá,, avanza que las medidas de "hibernación, de protección" -como los ERTE o las ayudas a autónomos- se van a mantener durante el próximo semestre del año evitando así mayores ajustes en el empleo.  Escrivá también ha reconocido en TVE que el Ingreso Mínimo Vital no ha funcionado cómo esperaban por lo que van a "comprobar que no ha funcionado bien y redefinir la política". En una entrevista en el Canal 24 horas, apunta que el número de beneficiarios es menor del previsto: "Es verdad que el número de hogares que lo están recibiendo es menor del que esperábamos", aunque destaca que se ha contestado a dos tercios de las solicitudes. Valora que los presupuestos salgan adelante con una amplia mayoría, aprecia una recuperación en el mercado laboral y reitera que el futuro de las pensiones está garantizado.

El secretario general de UGTPepe Álvarez, ha dicho en 'Las mañanas de RNE' que está preocupado por las posibles consecuencias de las fusiones bancarias, como la que preparan BBVA y Sabadell. "Me preocupa la magnitud de destrucción de empleo que se puede producir. Los bancos deben ser conscientes del esfuerzo que ha hecho este país para ayudarles; ahora no pueden devolverlo con más despidos", ha asegurado. Además, Álvarez ha afirmado que, "ahora que parece que hay una lucecita al final del tunel con las vacunas", es el momento de que el Gobierno haga un último esfuerzo y ayude a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores que más lo necesitan "para poder salir todos en las mejores condiciones". En ese sentido, ha recordado que hay 800.000 personas que solicitaron el Ingreso Mínimo Vital y todavía no están pudiendo cobrarlo por la gran cantidad de requisitos que se les exige.

Conseguir el Ingreso Mínimo Vital puede ser una tarea muy complicada para aquellos que no están acostumbrados a la burocracia. Hay quienes no saben por dónde empezar y quienes reciben una respuesta negativa, pero no entienden por qué. En el Telediario, hemos estado con una organización que ayuda a estas personas a conseguir su objetivo.

Más de 620.000 hogares de nuestro país son especialmente vulnerables y necesitan ayuda para pagar la factura de la luz, hasta el punto de que tienen que elegir entre eso y comer. La cifra es una de tantas que se han disparado durante la pandemia. Nuestro compañero David Vidueiro ha estado con alguna de esas familias.

Juani tiene 49 años, está en paro y víctima de violencia de género. Tiene apuntado todo lo que debe: más de 260 euros solo en facturas de gas. Acordó con la compañía que los devolvería poco a poco pero el mes pasado se quedó sin ayudas. También debe otros 65 euros de luz. Juani cuenta con el bono social que garantiza cuatro meses de protección, pero la compañía ya le ha dicho por teléfono que le cortará la luz en diez días. La pandemia dejó sin trabajo a Arantxa y su marido. Les denegaron el ingreso mínimo vital. Ella lo resume así: "O comer, o facturas". Arantxa tiene apnea del sueño y tiene que dormir siempre con un aparato conectado. "A lo mejor no muero de COVID pero voy a morir de pobreza", se lamenta Arantxa.

En nuestro país se han tramitado casi un millón de expedientes pidiendo el Ingreso Mínimo Vital, una de las principales medidas del Gobierno para amortiguar la caída de ingresos durante la pandemia de coronavirus. Se ha concedido a 136.000 familias, es decir, a más de 400.000 personas y se han denegado 192.000 solicitudes. No obstante, otros muchos llevan semanas esperando una respuesta del Ministerio, positiva o negativa, que no les llega. Es el caso de Alexandra.

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Este viernes se cumplen cuatro meses desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que casi un millón de hogares han solicitado pero que decenas de miles de personas aún no saben si recibirán.

Juan Manuel es uno de ellos. Lo solicitó en junio y acaba de dejar de recibir la ayuda para desempleados mayores de 52 años, su principal sustento para hacer frente a la crisis del coronavirus.

El Consejo de Ministros ha aprobado varias modificaciones destinadas a agilizar los trámites para poder cobrar el ingreso mínimo vital que hasta ahora no ha llegado ni al 10 % de los hogares que lo han pedido. A partir de ahora, la Seguridad Social podrá acceder de manera directa a los datos de empadronamiento lo que permitirá que los que ya reciben rentas mínimas de las comunidades autónomas pasen automáticamente a percibir el ingreso mínimo. Además, se modifica el requisito de la búsqueda de empleo, de tal manera que la persona que lo solicite no tendrá que estar dado de alta en el paro. También se amplían del 15 de septiembre al 31 de diciembre el plazo para el cobro retroactivo con efectos desde el 1 de junio.