El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido este jueves en que tramitar los indultos a los líderes independentistas presos es una "obligación". Sin embargo, algunos partidos de la oposición mantienen que el Ejecutivo busca con ello el apoyo de los partidos independentistas a los Presupuestos Generales del Estado.
El rey ha visitado este jueves la sede del Tribunal de Cuentas, un acto en el que ha estado acompañado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en plena polémica por la ausencia por primera vez de Felipe VI en Barcelona para presidir la entrega de despachos a los nuevos jueces
- El ministro de Justicia ha anunciado la tramitación de las peticiones de indulto a los condenados por el 'procés'
- PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán a la justicia la decisión si se concede
- Carmen Calvo asegura que es una "obligación" del Ejecutivo y "no un gesto" a los partidos independentistas
- El PP, Cs y Vox han anunciado que recurrirán a la justicia si finalmente se conceden los indultos
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado por sorpresa en el Congreso que el Gobierno va a empezar a tramitar la semana que viene los indultos a los presos del 'procés'. El anuncio ha suscitado las críticas de la oposición: el PP y Ciudadanos han acusado al Gobierno de hacer cesiones a los independentistas y Vox ha advertido de que recurrirá a los tribunales. Los indultos no los han pedido los propios condenados, sino sindicatos, juristas o antiguos miembros del Parlament para Dolors Bassa y Carme Forcadell, que tendrían que acatarlos para que pudieran concederse. Los trámites pueden durar alrededor de seis meses.
El Centro Nacional de Inteligencia investiga un ataque a teléfonos móviles de ministros y de altos cargos durante el mes de agosto, según publica El Confidencial. Uno de los afectados es el del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Supuestamente su móvil fue hackeado y quedó prácticamente inutilizable.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la senadora del PP Cristina Ayala han protagonizado uno de los momentos más tensos de la sesión de control en el Senado de este martes a cuenta de las cifras de fallecidos por coronavirus.
Después de que Ayala preguntara al ministro sobre la diferencia de la cifra oficial, Campo le ha recalcado que los datos provienen de las comunidades autónomas, algunas de ellas, gobernadas por el PP.
“Que puede haber habido errores, puede ser que sí, que hemos cambiado los métodos seguro, pero intentar establecer solo nubes y dudas es no dar fortaleza a las instituciones”, ha afirmado Campo.
El senador del PP Luis Alberto Plaza Martín ha preguntado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, “a quién pertenece la Fiscalía General del Estado” en la sesión de control al Gobierno en el Senado. En su pregunta, ha acusado al Gobierno de dar “instrucciones políticas” para cuestiones como el archivo de la causa del 8M o en el juicio del ‘procés’ y a Campo de “emerger una pretendida crisis constituyente” que, según ha dicho, “no existe”. “No interfieran en la labor de la Justicia, ¿quiénes les dan poderes para plantear incluso un cambio de régimen?”, ha preguntado.
Campo, por su parte, ha dicho no “consentir” que se “enturbie la labor de cada uno de los fiscales en su cometido constitucional” y ha zanjado que la Fiscalía “es un órgano claramente constitucional que tiene autonomía”. “Su función es clara, promover la acción defensa, legalidad y el marco constitucional”. Le ha dicho al senador que si no le gusta el modelo, “promueva una reforma”, pero que en ese caso “se enfrentará a la Constitución”, y ha tachado de “papel mojado” su defensa de la Carta Magna.
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha instado al PP a unirse al "pacto de reconstrucción nacional" tras la crisis del coronavirus y la portavoz del grupo parlamentario popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al Gobierno de "amparar los ataques" del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a la Justicia. Así ha sido el rifirrafe entre el ministro de Justicia y la portavoz del PP, que le ha preguntado cómo valora "las descalificaciones" del vicepresidente Segundo al Poder Judicial a la sentencia contra la diputada de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra. Coronavirus: última hora en directo.
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- La medida afectará a miles de personas repartidas por todo el país
- Las discrepancias de Igualdad con la vicepresidenta Carmen Calvo y Justicia han estallado en las últimas semanas
- Iglesias criticó que en las "excusas técnicas" había mucho "machista frustrado", algo que ha generado ampollas en el PSOE
Ministros y dirigentes socialistas han salido en bloque este miércoles para defender que “no hay machistas” en el Gobierno de coalición. Han replicado así al líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, quien criticó el martes que, “en las excusas técnicas” del PSOE para aplazar o modificar la ley de libertad sexual que acababa de aprobar el Consejo de Ministros, “hay mucho machista frustrado”.
La urgencia para aprobar este anteproyecto de la ley del ‘solo sí es sí’ antes del Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, ha desatado tensiones entre el Ministerio de Igualdad, que lidera Irene Montero (Podemos), la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ambos del PSOE.
Ministros y dirigentes socialistas han salido en bloque este miércoles para defender que “no hay machistas” en el Gobierno de coalición. Han replicado así al líder de Unidas Podemos y vicepresidene segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, quien criticó el martes que, “en las excusas técnicas” del PSOE para aplazar o modificar la ley de libertad sexual que acababa de aprobar el Consejo de Ministros, “hay mucho machista frustrado”.
La urgencia para aprobar este anteproyecto de la ley del ‘solo sí es sí’ antes del Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, ha desatado tensiones entre el Ministerio de Igualdad, que lidera Irene Montero (Podemos), la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ambos del PSOE.
La parte socialista del Gobierno no compartía las prisas del ministerio de Igualdad, y no descartaban la opción de incorporar el 'sólo sí es sí' en una reforma más amplia del Código Penal, un escenario que el departamento de Irene Montero (Podemos) rechazaba de manera rotunda.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha comprometido a que la reforma de los delitos de sedición y rebelión del Código Penal se haga sin atajos y con el informe del Poder Judicial, al tiempo que ha negado la existencia de "compromiso con un partido" -en clara alusión aunque sin citarlo a ERC- para acometerlas.
Ante estas declaraciones, desde Catalunya en Comú, no descartan que los condenados del procés puedan salir de prisión en pocos meses.
- El ministro, Juan Carlos Campo, ha presentado en el Congreso el plan denominado Justicia 2030
- Se revisarán con carácter urgente los protocolos de intervención en casos de violencia sexual
El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido en que lo importante es abordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces y ha exortado a todos los partidos a ponerse de acuerdo para ello. Sobre la polémica entre el Consejo General del Poder Judicial y el Vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias que aseguró que los tribunales europeos habían humillado a la justicia española, el Ministro de Justicia ha asegurado que el Ejecutivo ya ha mostrado su respaldo a Iglesias.
La propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado sigue en el centro del debate político. El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, respalda la propuesta y cree que el nombramiento de Delgado no afectaría a la separación de poderes. Sin embargo, desde el PP, esperan que el Consejo General del Poder Judicial -que tiene que pronunciarse sobre su nombramiento- diga que Delgado no es idónea, acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de instrumentalizar las instituciones y califican de "desfachatez" la propuesta. Además, si no se cambia el sistema de elección, el PP rechaza negociar con el PSOE la renovación del órgano de gobierno de los jueces que lleva más de un año de retraso. Por su parte, Vox sí está dispuesto a hacerlo, mientras que la Asociación Jueces para la Democracia apuesta por una reforma de la Constitución para modificar el proceso de nombramiento del Fiscal General.