El Gobierno quería cerrar esta semana la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras dos años caducado, pero el Partido Popular ha alejado hoy la posibilidad del acuerdo y eso que el ministro de Justicia a primera de hora de este lunes hablaba de acuerdo inminente. El PP dice que la negociación no avanza. Casado culpa a Iglesias, lo “bloquea todo” y el vicepresidente segundo del Gobierno responde que al Ejecutivo “no le va a quedar más remedio que cambiar la ley”. “Lo que no puede pretender el PP es que no se renueve el CGPJ porque nosotros le parezcamos unos terribles bolcheviques”, ha asegurado.
Informa Verónica Muñoz
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado por sentada la existencia de un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha dicho que "solo falta hacerlo público". Sin embargo, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dicho que "no es verdad".
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado este lunes que la reforma del Código Penal que su departamento está elaborando planteará el refuerzo del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, tras observar que esta infracción no estaba suficientemente regulada. Respecto a la reforma de los delitos de sedición y rebelión, que también están sobre la mesa del debate de la futura norma penal, el ministro ha dejado claro que Europa es quien nos ha hecho reflexionar sobre estos preceptos que "chirrían" y que "nunca habíamos tenido que tocar".
El Gobierno tiene ya ultimada la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), la que regula los procesos judiciales. Una de las novedades envuelta en polémica es que el fiscal decidirá qué información se da a los medios y quedará limitada a lo esencial desde el punto de vista del interés informativo. Según ha explicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se busca proteger la intimidad de los testigos y los investigados, de evitar las llamadas "penas de Telediario"
El texto también plantea que el fiscal sea el encargado de las instrucciones judiciales y no el juez como hasta ahora. Además, partidos políticos y sindicatos no podrán ejercer la acusación popular. A día de hoy sí pueden. Lo permite la actual Ley de enjuiciamiento criminal que data de 1882 y que han tratado de reformar los últimos gobiernos tanto del PSOE como del PP. El Gobierno aprobará la propuesta de reforma próximamente y su intención es consensuarla despues en el Congreso.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que el anteproyecto de ley sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) ya está listo y ha avanzado que regulará por primera vez el acceso a la información sobre los procesos judiciales para evitar, entre otras cosas, la "pena de banquillo".
Ciudadanos ha criticado este martes el plan contra la desinformación anunciado por el Ejecutivo durante la sesión de Control al Gobierno en el Senado en la que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido que se trata de “un instrumento absolutamente necesario, como dice la UE”.
“Me preocupa que sean ustedes los que decidan lo que es información y lo que no, lo que es verdad o es un bulo”, ha señalado la senadora de Cs Lorena Roldán, que acusa al Ejecutivo de Sánchez de haber “mentido” en varias ocasiones durante la gestión de la pandemia de coronavirus.
En su réplica, Campo ha recalcado que el procedimiento se inscribe en el ámbito de la seguridad nacional y pretende luchar contra las campañas de desinformación “que vienen fundamentalmente del extranjero”. “No es censura, no es lucha contra las fakes, no se intervienen medios”, ha dicho.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido este viernes que está manteniendo conversaciones con el secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, Enrique López, para sacar adelante la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha dicho que tiene una "razonable esperanza" de que los contactos prosperen.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dejado claro, en una entrevista en 'La Noche en 24h', que si el PP no atiende a negociar la renovación del CGPJ, el Gobierno seguirá adelante con la reforma de mayoría absoluta del órgano de los jueces.
El senador del PP Bienvenido de Arriba ha tildado de "intolerable" que, según él, el Gobierno "trate al rey como un perturbador de la convivencia", en referencia a uno de los motivos que aludió el Ejecutivo para decidir sobre la ausencia de Felipe VI en un acto de entrega de despachos a jueces en Barcelona. En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro de Justicia le ha contestado que "de tanto arremeter" el PP está haciendo "un daño permanente" a las instituciones "con el uso y el abuso del papel del monarca", con el que "debilitan a la institución".
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha vuelto a aludir a la "situación delicada" en Cataluña, y a los problemas de "convivencia" a cuenta de la inminente sentencia que ha supuesto la inhabilitación del ya expresident Quim Torra, como razón de la ausencia de Felipe VI a la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró el pasado viernes en Barcelona. Ha apuntado que fue una "decisión colegiada" en la que se valoró esta situación "y otras muchas cuestiones". Para Gil Lázaro (Vox), sin embargo, lo ocurrido fue un "veto rastrero y cobarde de este Gobierno para la sumisión a los golpistas", con el objetivo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir en el poder, algo que llegó a a calificar de "expresión de vileza moral", del Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo ha dicho en Las mañanas de RNE que no hay "ningún frentismo con la Casa Real, en absoluto". El ministro Campo ha explicado en RNE que hubo razones que desaconsejaban la asistencia del rey Felipe VI al acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona. Campos ha alegado motivos de seguridad, por la inminencia de la sentencia del president de la Generalitat, Quim Torra, la cercanía del 1 de octubre y "motivos de convivencia". "Hubo un intento de que el acto se aplazara y el presidente del Consejo General del Poder Judicial entendió que no", ha explicado el ministro de Justicia en los micrófonos de Radio Nacional. "Todo ha sido un tanto extraño, pero tampoco hay que hiperbolar, lo importante es que el poder judicial cuenta con una nueva promoción", ha dicho. Sobre la renovación de los órganos institucionales, Campos asegura que es el Partido Popular quien lo tiene lo en su mano. "No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial. Hay que renovar nuestras instituciones, es lo que genera confianza", ha dicho Campos.
Sobre la situación de la pandemia y la tensión entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, elministro de Justicia ha apelado a la unidad y a la actuación conjunta entre instituciones para "vencer al virus" y a que laComunidad de Madrid atienda a las recomendaciones expuestas por las autoridades sanitarias y ha aclarado que el ordenamiento jurídico está "bien diseñado" y hay instrumentos para "casi todo". "Judicializar una lucha colectiva me parece una mala idea", ha asegurado. Campos ha insistido en que "no hay una carga ideológica y quien lo quiera ver, se equivoca". En Las mañanas de RNE el ministro de Justicia ha señalado que "sería aberrante que no se tramitaran" los indultos de los presos del procés. "Es la obligación de cualquier Gobierno y ministro de Justicia. Cada año se presentan 2.000 peticiones de indulto y estamos tramitando 4.000, hay un gran retraso", reconoce. "Deberíamos hacer un ejercicio de contención. Hay otros debates que están ahí[...] Poner el grito en el cielo porque se inicia una tramitación de unas peticiones de indultos no me cabe en mi cabeza de jurista y me parece una forma muy mala de hacer política". Sobre dar por hecho el indulto, Juan Carlos Campo asegura que creer eso es "no creer en el Estado de derecho" y "es un ejercicio muy censurable". "Lo ocurrido fue muy grave", afirma, "y el Tribunal Superior de España los condenó. Hay que ver si son merecedores o no de un indulto parcial o total".
