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En 24 horas de RNE con Antonio Delgado se ha concedido espacio a los trabajadores de aquellas empresas afectadas por el caso ERE

Por un lado, Paco Díaz Fidalgo que era trabajador de Cárnicas Molina, la primera empresa en estrenar el sistema fraudulento.
"Poco a poco la empresa fue perdiendo mercado y dinero. La única forma que tenía era con la ayuda de la Junta de Andalucía. Siempre nos decían que teníamos el respaldo de la Junta"

Por otro lado, Pedro Gálvez era presidente del comité de empresa de Santana Motor, otra que recibió las ayudas fraudulentas. "Lo que se nos pedía a la representación sindical era que aportasemos lo que cobrabamos anualmente. A partir de ahí, el mecanismo que se ponía en marcha lo desconocíamos". 
 

PP, Vox y Ciudadanos han coincidido en calificar el 'caso de los ERE' como uno de los más importantes escándalos de corrupción y exigen responsabilidades a Pedro Sánchez por el apoyo pasado a los principales condenados. Por su parte, Podemos apunta al bipartidismo como causante de "corrupción y arrogancia" que da por superada, y evita vincular la sentencia con los actuales líderes del PSOE. Desde Vox, califican al PSOE como "el partido más corrupto de Europa". Por su parte, los socialistas recalcan que Chaves y Griñán ya asumieron responsabilidades políticas.

Entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía puso y mantuvo en funcionamiento un "sistema fraudulento" de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros. Un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en ocasiones "carecían de actividad ni empleados".

Alfonso Martínez del Hoyo, abogado de Antonio Fernández,  ha asegurado en '24 horas' que "recurrirá la sentencia de los ERE por considerarla "desacertada y contraria a Derecho".

Fernández fue viceconsejero de Empleo entre 2000 y 2004, y después consejero de Empleo entre 2004 y 2010, los años clave en que funcionó ese fondo irregular. Está condenado a 7 años y 11 meses de prisión por prevaricación y malversación, la pena más dura de las dictadas hoy.

La sentencia del caso ERE acredita que la Junta de Andalucía creó un sistema opaco e ilegal por el que se concedían ayudas a dedo, de forma fraudulenta, durante una década. ¿Cómo funcionaba esa maquina de repartir dinero público?

El origen del sistema está en un contexto de crisis empresariales y pretendía complementar la jubilación ordinaria de trabajadores que se quedaran sin empleo. 
 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha dicho que la sentencia de los ERE "supone una vergüenza" para la institución que representa. "Es un día triste para Andalucía. Esto no puede volver a ocurrir", ha asegurado Moreno, que ha añadido que su gobierno ha acabado con los tiempos de corrupción.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha comunicado a los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía investigados en la pieza política de los ERE sus condenas. La pena más alta ha sido para Antonio Fernández, exconsejero de empleo, condenado a casi 8 años de cárcel. Después vienen las condenas de los subdirectores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, de más de 7 años de prisión. El expresidente José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años de cárcel y su predecesor Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación.

Son las penas más destacadas de un caso que ha condenado a la cúpula del gobierno andaluz durante dos décadas. Según se da por probado en la sentencia, los condenados hicieron un sistema fraudulento que buscaba evitar los sistemas de control establecidos que además produjo un daño importante a las arcas públicas. Según establece el auto, “los condenados eran plenamente conscientes de la ilegalidad de sus actos”.

Los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía acusados ya han llegado a la Audiencia de Sevilla. En unos minutos les van a comunicar la sentencia de la pieza principal del caso de los ERE.  Poco después de las 11:30 de esta mañana llegaba el expresidente andaluz y del PSOE Manuel Chaves, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de diez años por un presuntos delitos de malversación y prevaricación. Su sucesor en la Junta, José Antonío Griñán, se enfrenta además de inhabilitación a pena de prisión de hasta seis años de cárcel.

Los primeros investigados en el caso de los ERE ya han llegado a la Audiencia Provincial de Sevilla. Los 21 exaltos cargos del PSOE están citados a mediodía para conocer la sentencia de la pieza política de la macrocausa. Aún no han llegado los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ni ninguno de sus exconsejeros. Sí están ya en el juzgado los exdirectores de las agencias IFA e IDEA, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete. Ha su llegado han asegurado que "es un paso más de la causa que va a acabar en el supremo".

Los 21 investigados entrarán uno a uno para conocer la deliberación del juzgado, recibirán un lápiz de memoria con la sentencia y el fallo en papel.

Echando la vista atrás, la macrocausa de los ERE supuso un punto de inflexión en la vida política de Manuel Chaves y de su sucesor en la presidencia de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. A mediados de 2016, ambos pidieron la baja voluntaria como militantes del PSOE. Antes, ya habían dejado sus escaños como diputado en el Congreso y senador respectivamente. Los cargos institucionales los abandonaron para que su formación pudiera cerrar con Ciudadanos un pacto de investidura para la Junta.

Fue un paso atrás con el objetivo de evitar la aplicación del Código Ético del PSOE, que obliga a sus militantes a abandonar sus cargos orgánicos e institucionales de forma cautelar ante la apertura de un juicio oral.