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La eurodiputada de JxCat y exconsellera catalana de Educación en el Govern de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, no ha acudido este lunes a declarar ante el Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena le había citado a las 11.00 para comunicarle su procesamiento por un delito de su desobediencia en el marco del referéndum ilegal del 1-O. La defensa de Ponsatí ha presentado un escrito en el tribunal en el que justifica esta decisión en que tiene trabajo en el Parlamento Europeo. Por su parte, la eurodiputada ha pedido al juez Llarena que deje sin efecto su procedimiento judicial debido a su inmunidad como eurodiputada.

La Junta Electoral Central (JEC) da diez días al Parlament de Catalunya para retirar a la expresidenta Laura Borràs el escaño, después de ser condenada por prevaricación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este viernes que la condena a cuatro años y medio de cárcel a la presidenta suspendida del Parlamento catalán, Laura Borràs, es por "un caso flagrante de prevaricación" y cree que no es momento aún de posicionarse sobre un posible indulto parcial.

En rueda de prensa en la Embajada de España en Pekín, Sánchez ha dicho que no opina sobre el indulto parcial, propuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su sentencia, porque tiene que "ser respetuoso con el procedimiento que viene marcado en el Estado de derecho", no porque no tenga "posición" al respecto.

Así, entiende que la sentencia del TSJC no es firme y "tendrá que elevarse al Tribunal Supremo, luego se tienen que pronunciar distintas instancias del Estado de derecho, y ya luego ser objeto de discusión en el Consejo de Ministros".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental por adjudicar contratos a dedo y fraccionados a un amigo suyo cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Sin embargo, ha propuesto su indulto parcial para que la pena de cárcel quede en un máximo de dos años, lo que podría evitar su ingreso en prisión.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan J. Queralt, explica que es una propuesta perfectamente legal: "Pasa a veces, cuando la dosimetría penal sabe desproporcionada". En este sentido, resalta que "la pena por el delito de falsedades en nuestro Código Penal es muy muy desproporcionada, no tiene parangón en el derecho europeo". Cree, sin embargo, que el indulto "es un regalo envenenado", ya que la sentencia firme puede prolongarse entre 12 y 20 meses y todo dependerá del color político del Gobierno en ese momento.


Clara Ponsatí ha vuelto este miércoles a Bruselas y ha acudido al Pleno de la Eurocámara. Este martes por la noche quedó en libertad provisional tras ser detenida en Barcelona por orden del juez Llanera. La eurodiputada de Junts, que huyó de la Justicia hace cinco años, está acusada de desobediencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Mientras, en paralelo, su excompañera en el Govern, Mertixell Serret, se sienta en el banquillo del Tribunal Superior de Cataluña por desobediencia. Ella también volvió por sorpresa a Cataluña hace dos años, pero declaró voluntariamente en el Supremo. Se reafirma en su estrategia: "Comparezco para confrontar esta represión". Arropándola el presidente de la Generalitat, que defiende que los acuerdos con el Gobierno hayan mejorado la situación judicial de los acusados. Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

El abogado de Clara Ponsatí, Gonzalo Boye, ha estado en 24 horas de RNE y ha afirmado que van a recurrir el auto del magistrado Llarena porque "se olvida de la inmunidad de Ponsatí" y porque "no ha solicitado en ningún momento el levantamiento de dicha inmunidad". 

Boye ha insistido sobre la inmunidad de su defendida  y ha confirmado que han solicitado al Parlamento Europeo que vaya en su defensa: "Veremos que dice la institución europea" y ha argumentado que la interpretación de Llarena sobre la inmunidad de Ponsatí "es contraria a la jurisprudencia de la UE". 

Preguntado por si el regreso de la exconsellera es un "banco de pruebas" de cara a un hipotético regreso de Puigdemont, Boye ha considerado que "no tiene ningún sentido". "El 31 de enero de 2023 el TJUE dictó una sentencia donde el TS no es el juez predeterminado para estos hechos", ha añadido.