El juez de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal ha vuelto a decir ante el Consejo General del Poder Judicial que participó en la redacción de una Constitución catalana por iniciativa propia y con un grupo de amigos juristas. Ahora el responsable de disciplina del consejo tiene que decidir si archiva este asunto o abre un expediente disciplinario.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a los jueces que respeten la ley que regula la aplicación de la jurisdicción universal y ha estimado que la reforma aprobada en España no genera impunidad. Soraya Sáenz de Santamaría ha realizado estas reflexiones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por la polémica generada con la aplicación de la reforma legal que restringe la jurisdicción universal en España y que ha provocado la excarcelación de 43 narcotraficantes, y por las críticas de jueces de la Audiencia Nacional a la nueva norma (23/05/2014)
El juez de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha dicho este jueves en un encuentro con la asociación de periodistas jurídicos Acijur que de ser legislador "rectificaría" la reforma de la justicia universal, para evitar "daños colaterales" como la liberación de narcotraficantes. Preguntado por lo que haría con el texto aprobado en marzo pasado, Velasco aseguró: "Yo la rectificaría y consultaría a la gente que tiene experiencia en materia de jurisdicción universal, porque con independencia de que tuviera fines loables, hemos visto los daños colaterales con la suelta de narcobarcos y otros asuntos que van a aparecer".
La defensa de la policía local imputada en el caso del asesinato de Isabel Carrasco asegura que su única "culpa" es ser amiga de la hija de asesina confesa. La juez sigue investigando y analiza las contradicciones de la agente, que esté encarcelada, y que podría someterse a un careo con las otras dos detenidas.
Expertos consultados por TVE no ven necesaria una reforma del Código Penal en materia de libertad de expresión, injurias, insultos, amenazas y apología del delito. Creen que nuestra legislación es similar a la de los países de nuestro entorno. Para el presidente del Consejo de la Abogacía, ya hay una normativa suficiente para perseguir estos delitos. Cree que ya tenemos una doctrina riquísima en materia de libertad de expresión, injurias, insultos, amenazas y apología del delito, aunque en caso de reforma no sería difícil adecuarla a la realidad actual.
La investigación iniciada a raíz de las querellas contra los crímenes del franquismo presentadas en un juzgado de Buenos Aires, ha traído a España a la juez argentina María Servini. La juez ha tomado declaración en Gernika, en el País Vasco, a dos de los denunciantes cuyo padre fue fusilado en 1937.
El juez Santiago Pedraz ha rechazado este martes archivar la causa en la que investiga el asalto a la embajada española en Guatemala en 1980 y el genocidio maya porque la calificación de los hechos como terrorismo la salva del archivo que estable la nueva ley que limita la justicia universal.
La Agencia Tributaria ha confirmado en un extenso informe remitido al juez del caso Nóos, José Castro, que aprecia dos presuntos delitos fiscales por parte de Iñaki Urdangarin en el IRPF de los años 2007 y 2008 a través de Aizoon, la empresa que compartía al 50% con la infanta Cristina. Hacienda vuelve a incidir en las conclusiones de un informe anterior en el que ya señaló que Urdangarin dejó de ingresar 182.005 euros de IRPF en 2007 y 155.138 euros en 2008, con lo que en ambos ejercicios superaría el umbral delictivo de 120.000 euros previsto en el Código Penal.
El principal acusado de fabricar y comercializar bio-bac, Antonio Chacón, mantiene que lo vendió solo como un complemento alimenticio y no como un medicamento para tratar cáncer, sida, hepatitis o artrosis. Piden para él, 5 años y medio por un delito contra la salud publica. Lo tomaron más de 2000 pacientes.
La extinción de contratos prevista para 2015 y 2016 no ha sido justificada razonablemente por la empresa. La Audiencia Nacional también declara no ajustados a derecho las indemnizaciones realizadas hasta ahora.
El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, y el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, se han acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de ERE irregulares, Mercedes Alaya, que los había citado esta semana junto a otros 24 imputados.
El fiscal acusa a cuatro exdirectivos de Caixa Penedés de adjudicarse de forma irregular pensiones por un valor superior a los 31 millones y medio de euros cuando estaban al frente de la caja. La entidad necesitó ayuda pública para evitar la quiebra y en 2010 tuvo que fusionarse con otras para formar el Banco Mare Nostrum, que recibió 915 millones de euros en ayudas públicas. El primero de los imputados en declarar, José Abella, cuyo plan de pensiones ascendía a 5.700.000 euros, ha señalado que "no cometió ninguna irregularidad y que su contrato estipulaba que se podía jubilar a partir de los 60 años". También ha argumentado que la cuantía de las pólizas del seguro que cobraron en concepto de indemnización, fue fijada por una empresa externa.
