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Una urna vacía en el escaño de Irene Rigau, exconsejera juzgada por el 9N, hacía presagiar que el juicio entraría en el hemiciclo. Puigdemont ha hablado de judicialización de la política, mientras que la oposición ha criticado a Mas por escudarse en la falta de concreción del Tribunal Constitucional y ven en Puigdemont un interés electoralista.

El exconseller de Presidencia Francesc Homs ha reconocido este miércoles que, como responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, fue él quien aseguró al Gobierno catalán de que no incurría en ninguna ilegalidad al mantener la consulta del 9N tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) porque el Alto Tribunal no aclaró el alcance de su prohibición ni el Gobierno quiso ser "más preciso" cuando impugnó la consulta.

Los testigos se contradicen sobre las supuestas presiones de la Generalitat para abrir los colegios y colocar las urnas con las que realizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. La entonces directora de los servicios territoriales de Educación en Barcelona ha negado las presiones, y una directora así lo ha confirmado. En cambio, la directora del único instituto que no cedió las llaves y no abrió el 9N sí se sintió presionada.

El expresidente de la Generalitat ArturMas ha asumido este lunes todala"iniciativa política" en la organización de la consulta independentista del 9N de 2014, una votación que ha asegurado que no fue "un capricho personal" sino el cumplimiento de un "mandato explícito del Parlament".

Mas ha afirmado que las exconsellerasJoana Ortega e Irene Rigau, y el actual diputado Francesc Homs, se limitaron a obedecer las "directrices" que él mismo dictó para la consulta independentista, en respuesta a su abogado, Xavier Melero, tras negarse a contestar las preguntas de la Fiscalía en el juicio por el caso del 9N.

El juicio contra el expresidente catalán Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Riagu por desobediencia al Tribunal Constitucional por la consulta del 9N ha arrancado con casi una hora de retraso porque los acusados han llegado tarde tras hacer a pie el camino desde el Palau de la Generalitat arropados por el Govern y por independentistas. Las defensas han alegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el informe de los fiscales reticentes a acusarle de desobediencia.