Este jueves debía entrar en vigor el nuevo decreto migratorio del presidente de Estados Unidos, pero de nuevo la Justicia lo ha frenado: dos jueces federales han suspendido la orden que interrumpía temporalmente la entrada de personas de seis países de mayoría musulmana, argumentando que afecta a un grupo religioso concreto.
Un Tribunal de la ciudad italiana de Turín ha confirmado la sentencia por la que se arrebata la custodia de una niña de 7 años a sus padres biológicos, al considerarlos muy mayores para hacerse cargo de ella. La pequeña podrá ser dada en adopción a la familia que la acoge desde que tenía 15 meses.
Miguel Ángel Muñoz, el acusado de matar a una peregrina estadounidense en el Camino de Santiago en 2015, parecía dispuesto a declarar, pero se ha acogido a su derecho a no hacerlo. Se ha negado a responder a las preguntas de la acusación, la fiscalía e incluso de su defensa.
En la Audiencia Nacional ha comenzado el juicio por el caso Pretoria, que investiga irregularidades urbanísticas cometidas en Cataluña entre el 2001 y el 2009 en Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. Entre los 11 acusados hay dirigentes del PSC y de la antigua Convergencia, entre ellos dos antiguos altos cargos de la Generalitat de la era Pujol.
Todos los partidos del Parlament, menos Junts pel Si, han registrado una solicitud conjunta para que Artur Mas explique la presunta financiacion irregular de Convergencia.
El que fuera director administrativo del Palau de la Música, Jordi Montull, ha ratificado la financiación irregular de Corvengencia tal y como hizo su hija Gemma y el expresidente de la institución, Felix Millet. Sin embargo, el extesorero de la formación, Daniel Osàcar ha dicho que mienten.
Fueron cuatro noches de protestas contra la conversión de un tramo de la principal arteria de la ciudad en un bulevar con un aparcamiento subterráneo. Los acusados por el llamado Caso Gamonal se enfrentan a penas de dos años y medio de cárcel y 20.000 euros de indemnización.
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha declarado como investigado en el caso Auditorio que él no conocía al arquitecto director del proyecto y que no manejaba información técnica de la obra, sino que era el "impulsor político". Según fuentes cercanas al caso, a preguntas del Ministerio Público, ha asegurado que se limitaba a aprobar los informes que le iban llegando de los técnicos municipales. Sánchez, investigado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad, ha declarado este lunes ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia instructor de la causa, Julián Pérez Templado.
