Justicia

• Demanda además el cierre de las webs que impulsan la consulta del 1-O
• Apercibe a los medios a que no inserten publicidad o propaganda
• El TSJC admite dos querellas contra el Govern y la Mesa del Parlament

En horas, la ley del referéndum podría ser suspendida por el constitucional y el gobierno catalán podría ser llevado de nuevo ante los tribunales.

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre a una decena de altos cargos del Govern, entre ellos el expresidente Artur Mas, para que abonen una fianza de en torno a 5 millones por el gasto de dinero público destinado a la consulta del 9N.Entre los once ex altos cargos citados, según fuentes próximas a los implicados, están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, que fueron condenados por la celebración de la consulta en 2014. En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes de los investigados en esta causa.

• Además de Rigau, Ortega y Homs, hay otros siete altos cargos citados
• Tendrán que comparecer el próximo 25 de septiembre
• Puigdemont: "Es un salto cualitativo en su estrategia para intentar detener el 1-O"

• Considera que no hay prueba suficiente para concluir sin duda que fueron ellos
• La Fiscalía solicitó para ellos un año de prisión por desobediencia grave

Un colectivo de Podemos ha presentado ante los tribunales una demanda pidiendo que se declaren nulos los nuevos estatutos del partido y que han sido el origen del conflicto entre la dirección de Pablo Iglesias y el Comité de Garantías.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha garantizado una actuación firme y enérgica en defensa de la unidad de España cuando queda menos de un mes para la celebración del referéndum independentista previsto por el Govern catalán. Mientras, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha calificado de "inaceptables" las pretensiones independentistas.

• Asegura que la Fiscalía actuará en defensa del Estado de derecho
• El presidente del CGPJ garantiza el amparo a quienes hagan cumplir la ley

Este medio día, el rey Felipe VI preside el acto de apertura del año judicial. La justicia tiene muchos asuntos marcados en rojo: el independentismo catalán, la amenza del terrorismo yihadista y los casos de corrupción. Y todo en medio de reformas pendientes como la de la instrucción de los delitos. Juan Antonio Lozano, miembro de Jueces para la Democracia, ha asegurado en Las mañanas de RNE que espera un mensaje de unidad por el cumplimiento de la ley y que el Tribunal Constitucional tiene capacidad para anular una norma del Parlament con carácter inmediato.

• La mujer se ha personado este lunes en los juzgados de Archidona
• Desapareció en julio para no entregar a sus hijas a su exmarido
• En mayo presentó una denuncia contra él por violencia machista

• Un juzgado de Archidona, en Málaga, la busca por sustracción de menores
• La mujer denunció a su exmarido en mayo y se acordó orden de protección
• En julio tenía que entregar a sus hijas al padre, que la ha denunciado
• El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género

• Se han enviado miles de peticiones de entrada de usuarios no registrados
• Justicia señala que el ataque no ha afectado a los usuarios de órganos judiciales
• Ya hubo otra incidencia a finales de julio que explicó Catalá en el Congreso

• Está siendo investigada por sustracción de menores y desobediencia a la justicia
• Esta semana declararon la asesora y la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena

• Es requerido en su país por un presunto delito de malversación de fondos públicos
• También está acusado por supuestas escuchas ilegales

El fiscal del estado mexicano de Tamaulipas, Irving Barrios, ha asegurado que varias declaraciones contradictorias hechas por el marido de Pilar Garrido en calidad de víctima llevaron a su detención como presunto autor del asesinato de su esposa. El caso de Pilar Garrido, desaparecida el 2 de julio pasado en Tamaulipas y hallada muerta semanas después en un descampado, dio el martes un vuelco de 180 grados. Las autoridades señalaron a su esposo, de profesión criminólogo, como probable responsable del asesinato de la valenciana de 34 años que, según han informado, murió por estrangulamiento.

Las trabajadoras del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, la asesora legal Francisca Granados y la psicóloga Teresa Sanz, se han acogido a su derecho a no declarar ante el tribunal por el caso de Juana Rivas, la madre de Granada que ha entregado a sus dos hijos a su padre después de permanecer casi un mes huida con ellos. 

• Hace un mes no cumplió con la resolución y desapareció con los niños
• Su expareja, el italiano Francesco Arcuri, fue condenado por lesiones en 2009
• Rivas, que asegura que "confía" en la justicia, le denunció por maltrato en 2016
• El abogado de Arcuri asegura que los niños están "bien" y "tranquilos"

• La cifra podría ser aún mayor ya que muchos fallecidos fueron incinerados
• Niels utilizó cinco medicamentos distintos en dos clínicas entre 2003 y 2005
• Él confesó en un primer juicio que había inyectado sobredosis a 90 personas

Juana Rivas, la mujer que fue detenida y puesta en libertad provisional por incumplir hace más de un mes la orden de entregar a sus dos hijos menores al padre, Francesco Arcuri, ha entregado este lunes por la mañana a los dos niños a la Guardia Civil. La mujer tenía de plazo hasta las cinco de la tarde de este lunes para cumplir la orden judicial de dar a los menores a su expareja.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada, la entrega de los menores ha tenido lugar alrededor de las 11.30 horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que lleva la causa penal contra Juana Rivas, en libertad provisional casi un mes después de incumplir la orden judicial de entregar a sus dos hijos al padre, ha vuelto a citarla para que entregue el próximo lunes a los menores al progenitor, que fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, y ha decidido investigar a su entorno. El auto, contra el que cabe recurso, acuerda asimismo que la Guardia Civil se persone en el domicilio de Rivas para requerirle que proceda a la entrega de sus hijos, de 11 y 3 años, en cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes, y advierte de que, en caso de que no se acate lo ordenado, se adoptarán "las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requieran".