La Audiencia Provincial de Madrid comienza este lunes el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, quien se enfrenta a una petición del fiscal de tres años y tres meses de cárcel por el caso Máster. El Ministerio Público acusa a la exdirigente del PP de ser la inductora de la falsificación del acta que acredita que había acabado y defendido su máster, lo que no hizo.
Foto: Imagen del año 2019. EFE/Javier Lizón
El Gobierno ha recurrido el acuerdo de la Junta de Castilla y León que limita la movilidad en la comunidad autónoma desde las 20.00 horas con el objetivo de doblegar la tercera ola del Covid-19. El Ejecutivo ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que entró en vigor el sábado.
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FOTO: Efectivos de la Policía Municipal controlan el cierre de los bares en Valladolid a las 20 horas.EFE/NACHO GALLEGO
El juez no ha apreciado un delito de apropiación indebida en las obras de la sede central de la formación morada. También se ha archivado la causa sobre el posible delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad de Marta Flor Núñez, letrada de Podemos en 2019, por el acceso a su ordenador, supuestamente ordenado por dirigentes del partido. La formación permanece como investigada en la causa por el contrato firmado por Neurona de cara a las elecciones de 2019. Informa Araceli Sánchez.
La jueza británica Vanessa Baraitser denegó hoy la libertad condicional al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al considerar que presenta riesgo de fuga, a pesar de haber rechazado previamente su extradición a Estados Unidos por motivos de salud. Al anunciar su decisión en la Corte de Magistrados de Westminster, la jueza señaló que Assange "todavía no ha ganado su caso", dado que EE.UU. recurrirá el fallo contrario a la entrega, y "tiene un incentivo para fugarse" hasta que concluya ese proceso. Baraitser dijo que el australiano de 49 años, que sufre depresión y otras dolencias tras diez años confinado en el Reino Unido, "ha demostrado" repetidas veces que es capaz de huir de la Justicia aunque haya "estrictas condiciones" de control.
La justicia británica considera no tanto los argumentos de su defensa como sus problemas mentales y elriesgo de suicidio si eso sucede. A las puertas del juzgado se ha congregado un grupo de personaspidiendo libertad para Assange. Él ha estado presente en la sala, a donde ha sido trasladado desde la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra.
EE.UU. lo reclama para poder juzgarlo porespionaje y delito de piratería informática tras haber publicado archivos confidenciales del pentágono que cuestionaban la política exterior estadounidense en guerras como la de Irak o Afganistán. La decisión no es definitiva, ya que Estados Unidos recurrirá la decisión. La cuestión se dirimirá en el Tribunal Supremo del Reino Unido.
Hoy México le ha ofrecido asilo político.
Informa Sara Alonso, corresponsal de RNE en el Reino Unido.
Vacunarse contra el coronavirus no es obligatorio, pero ¿quién toma la decisión por las personas que están incapacitadas legalmente? Tiene que ser su tutor legal. En Sevilla ya se ha dado el caso de una familia que se ha negado a dar la autorización para que se vacune a su tutelado en una residencia de ancianos. Y no es el único. Ahora serán los juzgados los que decidan. Los expertos apuntan a que prevalecerá la salud del tutelado.
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Foto: Rafael Perea, de 94 años de edad, recibe la vacuna Pfizer contra el coronavirus, durante el inicio de la campaña de vacunación de la COVID-19 en la ciudad de Badalona. EFE/ Enric Fontcuberta.
El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha posicionado este miércoles a favor de indultar a los líderes del 'procés' y ha instado al Gobierno a que utilice los dispositivos jurídicos establecidos para ello.
"Hay que ir hacia el diálogo, hacia la normalización y hacia una convivencia que se fundamenta en la libre discusión de ideas, y ahí los dispositivos jurídicos establecidos están para ayudar y el Gobierno los tiene y los debe usar", ha destacado durante una entrevista en Las Cosas Claras de TVE.
En su opinión, tanto el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras como los otros once condenados por el Tribunal Supremo "deberían deberían estar en las instituciones defendiendo sus ideas, representando a los ciudadanos que les votan [...] y no en la cárcel o en el exilio".
Un juez de Majadahonda ha reclamado al Gobierno que tipifique como delito el acoso machista callejero. El magistrado lo argumenta con una sentencia en la que tuvo que absolver a un hombre que gritó frases ofensivas a una menor que había rechazado sus calificativos. El juez explica que los hechos no encajan en un delito de coacciones porque no se trató de conducta o intimidatoria destinada a impedir nada, pero sí en los de injuria leve y vejación injusta que fueron derogados en 2015. El magistrado recuerda que países como Francia o Portugal castigan ese tipo de hechos como acoso callejero de baja intensidad que afecta a la libertad y tranquilidad de las mujeres.
Hace poco más de 40 años en España aún era delito ser LGTBIQ+. Así lo reflejaba la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social. Un 26 de diciembre de 1978 esto dejaba de ser así. A pesar de ello, la represión no acabó con la dictadura. Seguían las detenciones bajo otro pretexto. TVE ha hablado con algunos de esos mayores cuya lucha ha ido allanando el camino hacia una sociedad más tolerante. En la Fundación 26 de Diciembre hablan de este 2020 como un año especialmente difícil para estos mayores. Por el coronavirus, por la soledad y por el recuerdo de otra pandemia, la del VIH.
Foto: Banderas del colectivo LGTBI adornan los balcones del barrio madrileño de Malasaña (EFE/Fernando Alvarado).
Hacía días que se rumoreaba sobre los indultos de Trump, que tendrá que abandonar el poder el próximo 20 de enero
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha elaborado informes desfavorables a los indultos de los 12 condenados en el juicio del 'procés' al entender que no concurren las razones de justicia, equidad o utilidad pública que exige la ley que regula la medida de gracia. Además, añade que la pena no es desmedida ni desproporcionada y rechaza la concesión de un indulto parcial por la "enorme gravedad de los hechos". La Fiscalía también recuerda que no ha habido una aceptación manifiesta del delito ni un propósito de no reincidir por parte de los acusados. El Supremo se pronunciará en enero, aunque la última palabra la tendrá el Gobierno.
