El Tibunal Supremo de EE.UU rechaza la demanda de Trump presentada por Texas, en la que pedía que fueran descartados del recuento los votos de Michigan, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, donde ganó Joe Biden. El fallo echa por tierra la última oportunidad de Trump de revertir los resultados de las elecciones ya que el lunes el Colegio Electoral de EE.UU. hará oficial la victoria de Biden.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que llamará al líder del PP, Pablo Casado, para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un anuncio que llega después de que Casado dijera que lleva más de un mes esperando que el presidente le devuelva una llamada. El PP mantiene que Podemos tiene que quedar fuera del acuerdo.
82 años después de que los Franco se lo quedasen como residencia de verano, el Pazo de Meirás ha vuelto a manos del Estado. La torre de la Quimera, la más alta del palacete y donde escribía Emilia Pardo Bazán, ha sido testigo de la firma del documento que materializa la entrega de las llaves a Patrimonio. A la espera de que se resuelvan los recursos, los herederos del dictador se quedan sin nada.
En EE.UU. el Tribunal Supremo empieza a cerrar la puerta a la estrategia de Donald Trump para no abandonar la Casa Blanca. La primera demanda por fraude electoral la ha rechazado, sin ningún voto en contra.
El todavía presidente estadounidense ha mostrado su desacuerdo ante esta decisión. El Supremo cuenta con mayoría conservadora. Tres de sus magistrados fueron nombrados por él, y considera que deberían respaldar sus demandas.
Trump insiste en que ha ganado y que conseguirá dar una vuelta al resultado antes del 20 de enero, fecha en la que toma posesión el nuevo presidente.
Manuel Pérez Lorenzo, autor del libro Meirás. Un pazo, un caudillo, un expolio, ha explicado en el informativo 24 horas de Radio Nacional que "no se sabe con certeza" lo que hay en el Pazo de Meirás y que el inventario que se ha hecho es "descriptivo": "No se indaga sobre lo que hay ahí y tenemos certificado que hay propiedades de otros pazos". Pérez Lorenzo, historiador, considera que hay que "delimitar qué bienes pueden o no llevarse los Franco" del Pazo y que, "de lo que había a lo que ahora hay, ha habido variaciones".
Sin rastro de Jonathan Moñiz, alias 'El piojo'. Tampoco de su hermano Miguel Ángel. Son expertos aluniceros y los cerebros de una operación que les ha permitido burlar los sistemas de seguridad de la prisión de Valdemoro por primera vez en sus 28 años de historia. La Guardia Civil busca a los hermanos Moñiz e investiga el plan milimétrico que les permitió conseguirlo.
El exministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional, Tomás de la Quadra-Salcedo, ha criticado en 'Las mañanas de RNE' la posición de los partidos que bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Se está defraudando a la voluntad constitucional. Bloquear la renovación de un CGPJ que ya no es representativo para intentar extender su mandato es un fraude. Me parece inadmisible que se haya retrasado el acuerdo", ha dicho de la Quadra-Salcedo, que ha asegurado que no sabe nada de las informaciones que le señalan como un posible candidato para presidir el órgano de gobierno de los jueces.
No es la primera vez que un expresidente francés rinde cuentas ante la Justicia, pero Nicolás Sarkozy es el primero en sentarse en el banquillo de los acusados. El exmandatario está acusado de corrupción y tráfico de influencias y, en su primer testimonio ante el juez, ha dejado patente su ira e indignación, tal y como ha dicho. Informa el corresponsal en París, Paco Forjas.
El Gobierno dice desconocer si el rey emérito está ultimando una regularización fiscal, tal y como publica el diario 'El País', que asegura que, en el foco, estarían alrededor de medio millón de euros gastados a través de tarjetas opacas sin declarar cuando ya había abdicado. Eso supone que Juan Carlos I ya había perdido la inviolabilidad que le otorga la Constitución. Se investigan los gastos durante tres años, de 2016 a 2018, efectuados supuestamente por el rey emérito a través de una tarjeta opaca vinculada a un empresario mexicano amigo suyo. Las informaciones hablan de que los abogados del rey emérito estarían intentando negociar una amnistía fiscal y por tanto, pagar lo que en su día se habría dejado de abonar en impuestos para evitar el delito. Los ministros José Luis Ábalos y Carolina Darias aseguran que no están al tanto de esa operación e insisten en que la ley es igual para todos.
El Pazo de Meirás debe ser entregado al Estado este jueves 10 con todos los bienes que hay en el interior. La jueza que emitió esa sentencia histórica ha rechazado todas las alegaciones de la familia del dictador y nombra a la Administración central depositaria de todo cuanto hay en el interior del castillo de Sada. Falta aún la setencia definitiva pero mientras tanto el Gonbeierno será el tutor de la propiedad. La vicepresidenta Carmen Calvo mantendrá una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Informa Juan Carlos Soriano
Pablo Iglesias asegura que Unidas Podermos, Esquerra y EH Bildu tienen que participar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y vuelve a acusar al Partido Popular de bloquear la renovación. Desde las filas populares, Isabel Díaz Ayuso pide que aparten a Iglesias.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado este viernes que los militares retirados que hablaban sobre pronunciamientos y fusilamientos en un chat son una "banda de fascistas que han manchado el uniforme que vistieron" y ha invitado a reflexionar porque, ha dicho, "los discursos de odio generan esto". En una entrevista en el Canal 24 Horas, Lastra ha señalado directamente al PP afirmando que cuando los 'populares' se suman "al discurso de odio de Vox acusando al Gobierno de ilegítimo, bolchevique, bolivariano (...) al final sudece esto, que hay gente que se lo cree y es capaz de decir barbaridades, y espero que no de hacerlas", en este sentido ha manifestado que confía en que la Justicia actúe al tiempo que ha lanzado un mensaje de confianza en las Fuerzas Armadas que, ha subrayado, son auténticos demócratas que defienden la Constitución y a los españoles. En cuanto a la revocación del tercer grado a los nueve presos del 'procés', Lastra ha recordado que ni el Gobierno ni el PSOE valoran las resoluciones judiciales y ha manifestado que el indulto a los políticos presos no es un tema que haya que acelerar porque se acerque las elecciones en Cataluña: "Es un tema muy serio, estamos hablando de derechos de ciudadanos". Así, ha reiterado que se va a llevar a cabo de la misma manera y con la misma rapidez para unos presos que para otros y que una vez que acabe el proceso administrativo que deben elevar los interesados, se verá en el Consejo de Ministros: "Llegarán cuando tenga que llegar", ha insistido.
El portavoz de Justicia de la Comisión Europea Christian Wigand recuerda al Gobierno que una reforma de este calado debe contar con todas las partes e insiste en que la indepedencia judicial es sagrada.
Informa María Carou, corresponsal de RNE en Bruselas
Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, se ha mostrado contrario a la decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado a los presos del 'procés'. "El Supremo hace una vinculación entre la duración de una pena y el cumplimento de sus fines como si solamente se pudiera cumplir los fines en el tiempo que marca el código penal. Esto está claramente fuera de lugar. [...] La razón no puede ser simplemente 'es que ha pasado poco tiempo y no me lo creo" defiende Nieva, que además sostiene que esta decisión del Supremo ignora lo que le han dicho las autoridades penitenciarias y los jueces de vigilancia.
El escrito del Supremo, dice Nieva, parece defender que si los presos pasan tercer grado se pone en cuestión su sentencia. El cadetrático recuerda que las penas se pueden cumplir en primer grado, segundo y tercer grado y que hacerlo en tercer grado " también es cumplir la pena".
"La aplicación de los grados queda fuera del alcance del Tribunal porque depende de los organismos [autoridades penitenciarias y los jueces de vigilancia]. Solamente cuando esos organismos hacen algo fuera de lugar puede intervenir el Tribunal que ha dictado la sentencia"
