En el País vasco, el Tribunal Superior de Justicia ha tumbado la propuesta del gobierno de Urkullu para mantener el toque de queda, el cierre perimetral y el límite de reuniones.
Tras las críticas vertidas por el Tribunal Supremo ante el decreto que les obligará a pronunciarse sobre las restricciones una vez que decaiga el estado de alarma, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, responde en RNE. “Pediría calma y sosiego. El decreto es tremendamente constitucional y empodera al Supremo para su rol constitucional, que es unificar doctrina”. Es categórico sobre el plazo de cinco días para dar una respuesta: “Claro que sí. Se cumplirá”. Campo se compromete a dar los recursos de personal que sean necesarios pero también apunta que no habrá un aluvión de recursos: “Como mucho, uno por comunidad”. A poco más de 24 horas para que decaiga el estado de alarma el Gobierno defiende que las CCAA tienen un “arsenal normativo suficiente” para tomar medidas que hagan frente a la pandemia.
Campo explica por qué el Ejecutivo descarta la reforma de otras leyes, como propone la oposición. “No hay clima para alcanzar consensos. Debemos recordar lo que nos ha costado sacar adelante las prórrogas del estado de alarma. Nunca hemos tenido apoyo. Ahora que la situación es más optimista, hay herramientas suficientes para hacerle frente”.
Campo es mucho más optimista cuando se le pregunta por un posible entendimiento con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Habla de necesidad y reconoce contactos con Enrique López, consejero de Justicia en funciones del PP en Madrid, después del 4M. Aunque no pone fecha y hora, asegura: “El acuerdo está hecho. Solo hay que encontrar el acuerdo para visibilizarlo y hacerlo público. Espero que ahora encontremos ese mecanismo”. Campo cree que el consenso en este momento es fácil y que hay voluntad por las dos partes.
Reconoce el mal resultado del PSOE en las elecciones del martes y dice que “hay que felicitar al que gana y hacer autocrítica. Es la clave de la democracia”. Eso sí, niega que la derrota vaya a influir en decisiones como qué postura adoptar ante los indultos solicitados por los presos del ‘procés’.
Analizamos todo lo que está pasando entorno al 'Caso Juana'. Juana Ruiz Sánchez, fue detenida hace más de tres semanas por Israel sin saber de qué se le acusaba. Hoy ha conocido la acusación formal. A la trabajadora humanitaria española se le acusa concretamente de cinco cargos, entre ellos, "pertenencia a organización ilegal". Juana trabaja como coordinadora de Proyectos en la organización sanitaria palestina Health World Committees. En Por tres razones analizamos la situación con Begoña Lalana, portavoz de la familia. También con la portavoz de la Embajada de Israel en España, Noa Hakim. Varias oenegés han creado una plataforma para la liberación de Juana, hablamos conAritz García Gómez, de Sodepau. Estuvo encarcelado en 2012. Además, charlamos con Sandra Barrilaro, cooperante de Rumbo a Gaza.
La profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Ana Carmona, ha hablado en 'Las mañanas de RNE' sobre el decreto aprobado por el Gobierno que deja en manos de los jueces del Supremo la autorización de medidas que limiten derechos y libertades cuando acabe el estado de alarma. "Es cierto que vamos a tener unas dosis más altas de seguridad jurídica porque se van a poder unificar criterios, pero los jueces no están para gobernar. La competencia del Supremo es administrar justicia, no tener la última palabra sobre las restricciones", ha asegurado Carmona. La profesora cree que, con ese decreto, el Gobierno no afronta el problema real. "La clave es que tenemos una ley de Salud Pública excesivamente genérica a la hora de permitir la restricción de derechos y es la que crea los problemas de seguridad jurídica", ha explicado Carmona, que cree que el decreto suavizará la inseguridad jurídica, pero no la va a neutralizar al 100% porque, dado que la incidencia del virus no es la misma en todos los territorios, el Supremo puede encontrarse con dificultades técnicas para unificar doctrina.
Una vez que expire el estado de alarma, las decisiones que quieran poner en marcha las CCAA tendrán que pasar por las manos de los jueces de los tribunales superiores de Justicia. Ya ocurrió el verano del año pasado. Entonces vimos cómo se apoyaba la limitación de reuniones en Extremadura o Navarra y se rechazaba en Euskadi. Algo parecido puede volver a pasar a partir de la semana que viene. Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria dice que los magistrados no se sienten cómodos con el papel que tienen que desempeñar porque existe una gran inseguridad jurídica. “Se nos trasladan decisiones que debería tomar el legislador, que es quien representa la voluntad de los ciudadanos”, ha dicho en ’14 horas’. Sobre la posibilidad de mantener los llamados toques de queda, Fernández Vaquero dice que, aunque siempre hay que estudiar cada caso particular, es complicado que se pueda hacer. “Los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución y ahí hay cauces muy concretos. No está la posibilidad de que una Comunidad Autónoma haga esa limitación” ha asegurado.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este sábado que su formación denunciará al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, "por malversación de fondos públicos y financiación irregular" al seguir realizando encuestas para los comicios del 4 de mayo.
"Vamos a denunciar a Tezanos por malversación de fondos públicos y financiación irregular. Ya está bien de que paguemos con nuestros impuestos la campaña electoral fallida de Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo”, ha señalado Casado durante un acto de campaña en Majadahonda junto a la candidata madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
[Especial: Elecciones Madrid 4M]
Prisión permanente revisable para Igor el Ruso por matar a tiros a un ganadero y dos guardias civiles en la localidad turolense de Andorra. Es la pena máxima prevista en el código penal. Se aplica a los delitos más graves. El tribunal ha considerado que Igor el Ruso actuó de manera fría y reflexiva. En el fallo, el magistrado establece que no podrá acceder al tercer grado hasta que cumpla un mínimo de 22 años de prisión y la pena no se podrá suspender antes de los 30 años como mínimo.
Foto: El serbio Norbert Feher, apodado Igor el Ruso, asiste a la lectura de su condena. EFE/ANTONIO GARCÍA
El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha expresado su satisfacción con la decisión del Tribunal Supremo de rebajar a la mitad, de cinco a dos años y medios de cárcel, la pena que la Audiencia de Granada impuso a la mujer por sacar a sus dos hijos de Italia alegando malos tratos por parte de su padre. "Hemos conseguido el objetivo, la sentencia inicial era excesivamente severa. No obstante, estamos pendientes de que la justicia italiana se pronuncie sobre la cuestión inicial, los malos tratos del padre a la familia y la custodia de los niños". Aránguez ha asegurado que van a solicitar la suspensión de la pena hasta que no se resuelva el indulto que van a solicitar al Gobierno.
El desenlace final del ‘caso Lula’ en Brasil, con el reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de que su proceso, sentencia y prisión nunca deberían haberse producido como lo hicieron, ha liberado al expresidente de cualquier deuda con la justicia.
También allana el camino a la candidatura de Lula da Silva en las próximas elecciones, previstas para el año que viene.
Y desde el punto de vista del análisis de lo sucedido demostraría que se organizó una cacería mediática y judicial contra Lula y la izquierda brasileña: un lawfare, o guerra jurídica.
Así lo interpreta la politóloga Arantxa Tirado, autora de El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley (Akal, 2021).
Escribe: "el lawfare se inició con el derrocamiento de la presidenta brasileña Dilma Rousseff a través de un impeachment, un juicio político que la sacó de manera cuestionable de la presidencia, pero se activó desde antes con la operación Lava Jato: un escándalo de corrupción que salpicó al gobernante Partido de los Trabajadores (PT). El objetivo final era perseguir al expresidente Lula da Silva y evitar que volviera a presentarse a las elecciones”...
