Justicia

Hoy en Por tres razones, hablamos del caso de un hombre que ha sido despedido de su trabajo por tocar en un concierto de música mientras estaba de baja. En primera instancia el Juzgado de lo Social número 3 de Donostia declaró procedente su despido, pero el trabajador recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) solicitando en su recurso la nulidad del despido al considerar que fue una discriminación por enfermedad y este tribunal ha condenado a la empresa a que antes de cinco días opte entre readmitir al empleado, el pago de los salarios de trámite o el abono de una indemnización de 95.430 euros. Hoy hemos conocido que la empresa ha optado por esta última vía. Hablamos con el trabajador, Javier Feijóo de 54 años. Además, nos atiende en directo la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Garbiñe Biurrun.

• Se trata de Otman el Gnaoui, Jamal Zougam y Emilio Suárez Trashorras
• El resto, 15 personas, ya ha cumplido su condena, y nueve, incluso, han sido expulsados a Marruecos
•  11M, en directo: actos y homenajes por el 20 aniversario

• Filtró el 30 de diciembre de 2023 una recopilación de imágenes de la víctima bailando con amigas y celebrando su cumpleaños
• Se enfrenta a un procedimiento penal por un delito de revelación de secretos, contra la integridad moral y obstrucción a la justicia

• La Fiscalía sostenía que la actividad narcotraficante de Hernández abarca toda su carrera política desde al menos 2004
• Notorios narcotraficantes han declarado contra él tras haber reconocido su culpa ante la justicia estadounidense

• Suspende la inmunidad del senador del PP para dirigir un procedimiento por conducir presuntamente a 215 km/h
• La instructora aprecia "indicios de criminalidad" en la actuación del expresidente de la Diputación de Ourense

En los casos de violencia sobre las mujeres, los procedimientos judiciales duran en España una media de siete meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, jueces y abogadas denuncian que, en ocasiones, ese tiempo se alarga porque los juzgados de lo penal están saturados. Desde el Ministerio de Justicia creen que la situación mejorará con la ley de eficiencia organizativa de los tribunales.

Foto: TVE

• Algunos expertos consideran que seguir la directiva europea sobre terrorismo ofrece "más garantías"
• Otros creen que traerá "controversia" y dudan de la constitucionalidad de una ley "ad hoc"

• El Tribunal considera que la legislación española no es suficiente para evitar el abuso en la contratación
• Abre la puerta a la conversión en fijos de los trabajadores públicos de larga duración e indefinidos no fijos

• Hannah Gutiérrez Reed se enfrenta a una pena de hasta 18 meses de cárcel
• Ha sido absuelta de otro cargo de manipulación de pruebas

• La jueza indica que las irregularidades administrativas tienen que ser tratadas fuera de la jurisdicción penal
• Según el abogado de los familiares la querella presentada este lunes sigue adelante

• El comisario asegura que están intentando ir en "ambas direcciones" hacia un "punto de vista en común"
• Los dos meses de plazo de diálogo establecidos por la Comisión Europea expirarían este mes de marzo

• Fuentes socialistas consideran que el órgano "avala por completo" la ley de amnistía
• Señala que la norma no afecta a la separación de poderes, ya que deja en manos de los jueces la amnistía de los actos concretos

La familia de José Mateo Marchena ha ganado un pleito contra Osakidetza por un cambio de medicación que le perjudicó notablemente. La madre de José Mateo notó que desde muy pequeño le pasaba algo que le impedía comunicarse con normalidad. Cuando estudiaba sufrió acoso escolar y de adulto fue ingresado 2 meses en el Hospital Santiago de Vitoria. José Mateo empezó a mejorar gracias a tomar Leponex, pero cuando su psiquiatra se jubiló, otra psiquiatra les recomendó cambiar la medicación. La madre tardó 8 meses en hacerlo porque tenía miedo de hacer ese cambio y cuando lo hizo, José Mateo lo pasó fatal y estuvo a punto de quitarse la vida. El abogado Luis Madrid presentó un contencioso administrativo en el que contó con la ayuda como perito del psiquiatra doctor Llaquet. Finalmente ganaron el pleito y la sentencia sancionó a Osakidetza con el pago de 7.500 euros.

Los fiscales del Tribunal Supremo ve “existencia de indicios de terrorismo” en las actuaciones de Tsunami Democràtic, y acusa a Puigdemont de ser su “líder absoluto”. El Supremo sostiene que no hay dudas de la existencia de indicios de que Puigdemont era el líder absoluto de Tsunami y de que los hechos investigados encajan con un delito de terrorismo. La fiscalía cree que Puigdemont asumió las riendas de la plataforma de tal manera que si hubiera retirado su apoyo se hubiera terminado la violencia.

Tiene los detalles Araceli Sánchez.

• El alto tribunal no alberga duda: los hechos "se incardinan en el delito de terrorismo"
• Y lo hace en contra de la Fiscalía, que rechazó investigar al 'expresident' al no hallar indicios

• El juez le prohíbe salir de España tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción
• Las claves del 'caso Koldo': ¿Quién es quién y cómo funcionaba la trama?

Esta semana analizamos la sentencia que condena a Dani Alves por violación. Nos acompañan la catedrática de Derecho Penal Paz Lloria, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, y la portavoz de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista, Fanny Sánchez.

Carmen Ruiz Repullo, catedrática de Sociología de la Universidad de Granada y experta en violencia sexual en jóvenes y menores, cree que la sentencia a Dani Alves "es positiva porque no solamente se ha creído a la víctima, sino que, cuando leemos la sentencia, hay cuestiones que han dado un punto de inflexión sobre otras sentencias. Se habla de la cultura de la violación, se habla de que puedes ligar con una persona y decir que quieres parar. Eso es lo más importante", explica en 24 horas de RNE. 

Ruiz Repullo insiste en que "tenemos la idea de que los guapos, ricos o famosos no violan", y considera que esta sentencia "destierra muchos mitos sociales".

• La abogada de la víctima se lamenta de que la pena de cuatro años y medio impuesta es "mínima"
• Asegura que la sentencia es "pionera" por la argumentación de la falta de consentimiento

• Considera que hay indicios de un delito de amenazas graves al presidente del Gobierno
• Insta a que se identifiquen a los implicados en el suceso