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Un nuevo enfrentamiento verbal entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, echa más leña al fuego de la crisis migratoria (o "éxodo masivo" de colombianos a Venezuela, según el dirigente de Caracas) mientras dos de los tres pasos fronterizos oficiales siguen paralizados.

El choque ha surgido en esta ocasión tras unas declaraciones de Santos en las que afirmaba que la revolución bolivariana de Venezuela "se está autodestruyendo" y es la causa de los problemas que vive ese país.

Maduro considera estas palabras “las peores ofensas” de la historia contra Venezuela aunque asegura que está “obligado a hablar” con Santos para resolver el asunto “por la vía del diálogo".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ofrecido una reunión urgente a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, para solucionar el conflicto fronterizo que mantienen ambos países. A pesar de la retórica de ambos presidentes, lejos parece estar el acuerdo bilateral al problema de la frontera. Maduro decretaba el cierre de un nuevo tramo en el estado de Zulia y movilizaba a 3.000 militares para custodiar el paso. 

El grupo de expertos, formado por investigadores de Chile, Colombia, Guatemala y España designados por la CIDH para estudiar el caso, ha recomendado "investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes".

Tras seis meses de investigaciones en México, los especialistas han puesto en entredicho la versión oficial y han denunciado numerosas irregularidades en la investigación, entre ellas omisiones, destrucción de evidencia y señales de tortura a detenidos.

La exigencia mayoritaria de los expertos es que se siga buscando a los 43 normalistas que siguen teniendo la categoría de desaparecidos.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha dimitido de su cargo horas después de que la Fiscalía hubiera ordenado su detención acusado de liderar la red de corrupción aduanera conocida como "La Línea". Pérez Molina ha dejado el cargo un día después de que el Parlamento le privara de su inmunidad. El presidente se ha presentado ante el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, para evitar ser detenido.