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Las "ejecuciones extrajudiciales" cometidas por la policía en el estado de Río de Janeiro en Brasil, constituyen un "obstáculo para la seguridad", según un informe de Human Rights Watch (HRW) divulgado este jueves, a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos.

La organización de defensa de los derechos humanos denuncia que la policía de Río de Janeiro mató a más de 8.000 personas en la última década, incluidas unas 645 el pasado año y 322 entre enero y mayo, y que muchas de esas muertes fueron resultado de "ejecuciones extrajudiciales".

El informe "El buen policía tiene miedo: Los costes de la violencia policial en Río de Janeiro", documenta cómo el uso ilegal de la fuerza policial ha contribuido al desmantelamiento de los esfuerzos del Estado por mejorar la seguridad pública y advierte de que el gobierno local "no ha hecho lo suficiente para resolver el problema de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía".

Nos hacen creer que tienen retenido a un familiar. Pero es mentira. En realidad, son presos de dos cárceles de Chile que han encontrado en esto un negocio más que rentable y lo están explotando. Tanto que la Guardia Civil ha creado un decálogo para que sepamos reaccionar ¿Cómo? Manteniendo ante todo la calma. Y sin hablar de más. Alguno ha llegado a vender su coche para poder pagar rescates que llegan a los 10 mil euros. Para evitarlo, un último consejo infalible. Si suena el teléfono y sale un número oculto o con el prefijo de Chile, el 0056, no lo cojan. Si es importante ya dejarán mensaje.

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La violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual durante el arresto y el interrogatorio en las cárceles mexicanas. Así lo denuncia Amnistía Internacional, que ha recabado hasta 100 testimonios de víctimas que aseguran haber sufrido abusos psicológicos o acoso sexual por parte de las fuerzas de seguridad como método para obtener confesiones. Las 100 mujeres entrevistadas aseguran haber padecido algún tipo de abuso. 72 de ellas reconocer haber sido abusadas sexualmente y 33 haber sido violadas. Hasta 66 denunciaron los hechos ante un juez, en 22 casos se abrieron investigaciones y hasta el momento no se han presentado cargos contra nadie.