El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha dicho que ha hablado recientemente con el exministro José Luis Ábalos, quien le ha asegurado que informará a lo largo de este martes por la mañana a través de un comunicado de su decisión sobre si deja el acta de diputado, algo que no le ha desvelado. Así lo ha asegurado a los medios a su llegada a la reunión del grupo socialista en el Congreso. Cerdán no ha querido pronunciarse sobre qué pasaría si finalmente Ábalos se resiste a renunciar a su acta de diputado del PSOE y acaba en el grupo mixto. "Vamos a ver el comunicado primero", ha señalado.
FOTO: Santos Cerdán, en una rueda de prensa en la sede del PSOE en Madrid. EFE/Sergio Pérez
José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y codirector del Observatorio de Contratación Pública, ha explicado en Las Mañanas de RNE que en la época de la pandemia, inicialmente, no hubo control sobre los contratos, por la necesidad de adquirir las mascarillas rápidamente. “A posteriori, con la fiscalización que se ha hecho, han aparecido casos como el de ahora, en el que creo pensar que han sido unos pocos los que se han aprovechado de esa situación de adquirir por emergencia lo que necesitaba la ciudadanía”, razona Gimeno, que señala que no consiste en un fallo de legislación. “La situación de pandemia obligaba a contratar directamente, en teoría, a las empresas que tuviesen solvencia, que era un requisito. Si no se ha hecho así, tenemos un problema más de aplicación que de regulación”, aclara.
Gimeno defiende que las auditorías internas deberían realizarse sólo donde existan sospechas de irregularidades. “Creo que ha habido mucho gestor muy comprometido en esa situación muy difícil […] hacer una auditoría interna es como poner en tela de juicio y criticar de antemano lo que se ha hecho. Hacerlo con carácter general, creo que sería desproporcionado”, sostiene el catedrático.
José María Gimeno admite la dificultad que tuvo el Tribunal de Cuentas para detectar anomalías en un contexto de emergencia y aboga por repensar los mecanismos de control para hacerlo a tiempo real: “Muchas veces, llegamos por detrás y se ha cometido esa disfunción. Creo que la prevención de la corrupción es mejor que combatir la corrupción […] Igual habría que rediseñar unos sistemas diferentes y profesionalizar mucho más la gestión, evitando que criterios políticos o gente fuera de la estructura administrativa pueda estar haciendo contratación, como ha sucedido ahora. Creo que habría que repensar el sistema de control en la contratación pública y en la gestión pública en general en España", apunta.
El PP ha registrado una comisión de investigación en el Senado a raíz de la 'Operación Delorme', mientras que el PSOE ha comunicado que quiere que se investigue en el Congreso el también conocido como 'caso Koldo': "No hay aún ninguna comisión registrada en el Congreso", ha dicho en 24 horas de RNE Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular. "El PP va a investigar en el Senado de verdad qué ocurría políticamente en el Gobierno de España", ha insistido y sobre el hecho de poder apoyar la comisión del PSOE ha dicho en que le parece "poco creíble poner al zorro a cuidar el gallinero".
En la comisión del Congreso, el PSOE quiere que se investiguen todos los contratos pandémicos, también los de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso en los que su hermano se llevó comisiones declaradas legales según la justicia, en un contrato de millón y medio de euros: "En ese momento la presidenta madrileña defendió que se produjo cuando todas las administraciones necesitaban masacrillas y cuando faltaba material sanitario en todo el mundo. ¿Es un contexto aplicable en este caso?", ha preguntado Adrián Ferro en 24 horas de RNE a Ester Muñoz. La vicesecretaria ha respondido que "no tiene nada que ver que un particular por hacer un negocio se lleve comisión, con que cargos públicos contacten con administraciones con dinero público y hagan caja".
La vicesecretaria de Sanidad del PP igualmente se ha cuestionado por qué algunas administraciones contrataban directamente con empresas que están siendo ahora investigadas ahora en el 'caso Koldo': "¿Es porque les llamaba Koldo o porque les llamaba Ábalos?", ha sugerido en RNE. "Desde el PP tenemos muy claro que Ábalos no es el final, es el principio", ha sentenciado.
La Audiencia Nacional investiga si Koldo, exasesor de Ábalos, forma parte de una presunta trama que cobró comisiones ilegales por vender mascarillas a varios ministerios y a dos gobiernos autonómicos: el de Canarias y el de Baleares, que entonces presidía Francina Armengol.
José Luis Ábalos admite que si fuera ministro dimitiría, pero insiste en que no está investigado en el 'caso Koldo'. El PSOE reitera su "tolerancia cero" con los corruptos "sean quienes sean", y avisa al PP que no va a aceptar lecciones sobre corrupción. Hoy los populares acusan a Ábalos de "extorsionar" a Sánchez y al secretario de organización, Santos Cerdán.
Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España, ha explicado en Las Mañanas de RNE que la situación excepcional que se vivió en el país a causa de la pandemia de COVID-19 precisó el uso del mecanismo de contratación excepcional con la Administración para agilizar el proceso de compra de mascarillas, tan necesarias por aquel entonces. “Es un mecanismo está previsto para circunstancias muy concretas o de grave peligro para la defensa nacional que requieren una contratación más ágil”, expone Bacigalupo, que recuerda que se realizaron más de 25.000 contratos en situación de emergencia durante la pandemia.
Es importante remarcar que la rendición de cuentas debe estar alineada con las reglas que tenemos para ello, según Bacigalupo. “¿Hacer una auditoría general de todos los contratos? Si tenemos indicios suficientes para ver que hay contratos que no han sido correctamente ejecutados claro que habría que analizar todos esos casos que afloren irregularidades en los mecanismos de contratación”, expone la presidenta de Transparencia Internacional España.
Defiende que las situaciones de emergencia no pueden ser una excusa para la falta de transparencia. Bacigalupo comenta que para favorecer la transparencia existen verificaciones a través de organismos del Estado que se dedican a dicho control, como es el caso del Tribunal de Cuentas. Si bien, la sociedad civil también ha podido ser partícipe a través del Portal de Transparencia y ver qué tipo de contrataciones se estaban realizando en esa etapa.
El juez investiga una trama que se enriquecía irregulamente vendiendo mascarillas a administraciones públicas. Está implicado Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. El Gobierno asegura que desconocía la trama y ofrece colaboración con la justicia.
El presidente Pedro Sánchez ha reprobado "cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia", en referencia a la detención del que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas.
En una comparecencia ante los medios en el marco de su visita oficial a Rabat, Sánchez ha señalado que el Gobierno apuesta por "la máxima colaboración con la justicia y máxima transparencia". "Más allá de cualquier recorrido judicial que tenga este caso, cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia, y como desgraciadamente hemos visto en otras autonomías y ámbitos, cuenta con toda mi reprobación y el reproche del Gobierno", ha asegurado.
Ante la pregunta de si el cese de Ábalos en 2021 podía estar relacionado con este caso de corrupción, Sánchez ha negado que se debiera a eso. "Significaría que yo lo sé y evidentemente ese no es el caso. Por su puesto que no", ha zanjado tajantemente.
Hace una semana se aprobó la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y hospitales. Los fabricantes españoles niegan haber notado un incremento importante en los pedidos: “A nivel nacional lo hemos notado, pero es que veníamos de un 0% después la pandemia”, asegura Tomás Martín, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas. Martín señala que tuvieron que cerrar varias fábricas en su momento y pide al Gobierno que los proteja: “Si solo nos dejan para los repuntes, acabaremos desapareciendo este año”.
Sobre el mercado chino, Martín apunta que es un sistema con el que no se puede competir por sus precios: “Si lo seguimos fomentando, estaremos perdiendo la industria europea”. Por eso insiste en la idea de que se tiene que promover la fabricación nacional para generar más empleo.
Vuelve a ser frecuente ver mascarillas en lugares de riesgo, con mucha gente, como centros comerciales, transporte público, hospitales o ambulatorios. Muchas personas ya no esperan a que sean obligatorias para usarlas y aseguran haber aprendido de la pandemia. ¿Cuándo son recomendables?, ¿en qué casos suele utilizarlas la ciudadanía?
A partir del jueves, las mascarillas volverán a ser obligatorias en los centros sanitarios de toda España. Este miércoles termina el plazo de las comunidades para enviar propuestas la Ministerio de Sanidad, aunque la decisión ya está tomada. Algunas autonomías insisten en que prefieren solo recomendarlas y reprochan al Gobierno que actúe de forma unilateral.
