La ministra de Hacienda calcula ewn 5.000 millones de euros el coste que tendría para los bancos la retroactividad por cuatro años si finalmente el Tribunal Supremo decide que sean ellos los que se hagan cargo del impuesto de las hipotecas y se aplique a todas las firmadas desde 2014.
El Gobierno todavía no ha definido las cotizaciones sociales de cara a los presupuestos del año que viene y recuerda que la decisión tendrá que pasar por el Pacto de Toledo y el Dialogo Social. Esto después de que ayer la AIReF, la autoridad fiscal, asegurara que el Ejecutivo les había trasladado que subirían las bases máximas de las cotizaciones sociales entre un 10% y un 12%.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este lunes en que la negociación de los PGE para 2019 "la desarrollará el Ministerio de Hacienda" y ha subrayado que el Gobierno "no delegará en nadie" en este proceso, en alusión a los contactos del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con líderes independentistas. Mientras, el presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de "extrema gravedad" que Iglesias, actúe como "vicepresidente económico del Gobierno" de Pedro Sánchez, al intentar negociar los presupuestos con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
El Gobierno recibirá esta tarde la carta de Bruselas en la que pide información adicional del borrador de presupuestos. Para la ministra de Hacienda, se trata de un trámite normal que no cuestiona el proyecto. Desde la oposición, Ciudadanos cree que refleja que Bruselas ha descubierto que los presupuestos del Gobierno son un "fraude".
Después de la sentencia del Tribunal Supremo, que ha concluido que quien debe abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados es la entidad financiera, Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que la devolución de este impuesto para los clientes debería ser “un proceso ágil”.
Tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha revisado el borrador presupuestario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de que prorrogar las cuentas actuales -aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy- implicaría elevar el déficit al 2,2% en 2019, muy lejos de todo lo pactado con las autoridades europeas (el compromiso anterior era del 1,3%).
"Lo importante con la senda de déficit es que había una falacia en torno a lo que había planteado el PP: que este año se acabaría con el 2,2% [de desvío en las cuentas públicas en 2019]. No es verdad", ha asegurado Montero en rueda de prensa, donde ha señalado que este año se acabará con un déficit del 2,7%, cinco décimas más, tal y como han advertido la Comisión Europea, el FMI o la autoridad fiscal independiente.
La ministra de Hacienda ha sido muy crítica con el anterior Ejecutivo, al que ha acusado de no cumplir "nunca" con el déficit para la Administración Central, motivo por el que -ha dicho- no le extraña que las cuentas de los populares no cuadraran para este año. "Si se hubiera hecho un presupuesto que hubiera permitido ir hacia el 2,2% (a finales de 2018), nosotros el año que viene podríamos estar en el 1,3% con estas mismas medidas", ha afirmado Montero.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que el Gobierno del PSOE remitirá a Bruselas contempla la consecución de un superávit primario y que el ratio de la deuda sobre PIB se reduzca el doble que los tres ejercicios anteriores. La ministra de Economía, Nadia Calviño, afirma que este borrador asegura la sostenibilidad a largo plazo de la economía, porque por primera vez desde 2007 se alcanza un superávit fiscal primario, esto es, excluyendo los costes de la deuda pública.