La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado un cambio en el reglamento de asistencia jurídica gratuita que prohibirá que los letrados con antecedentes penales por violencia de género puedan ejercer de abogados de oficio para las mujeres víctimas por ese mismo delito.
Llop ha explicado que la norma se hará extensiva a la defensa legal de otras víctimas especialmente vulnerables, como en casos de terrorismo, trata de seres humanos, menores y personas con discapacidad. De este modo, nadie que haya sigo juzgado por un delito podrá defender a alguien en un caso de la misma naturaleza.
La decisión del Consejo de Ministros surge de una recomendación del Defensor del Pueblo en 2021 y "sobre todo, de las reivindicaciones de las organizaciones y asociaciones de mujeres que venían tiempo reclamándolo".
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