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Arranca el nuevo año judicial y lo hace con un CGPJ bicéfalo, algo que “es ya una normalidad democrática”, como ha indicado en Las Mañanas de RNE Ascensión Martín, portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la democracia. Como vienen denunciando todos los letrados, Martín recalca que “no se ha cumplido el mandato democrático”, algo que María Jesús del Barco, portavoz de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) achaca al Gobierno en funciones, sobre el que dice: “decidió privarle de una de sus funciones constitucionales esenciales (…) lo que está generando vacantes de más del 30% en el Tribunal Supremo”.

Del Barco ha señalado también su preocupación por lo que cree es una muy posible amnistía a los implicados en el procés, lo que considera un intento de “romper el Estado constitucional”, pero Martín niega que esta sea una preocupación en la carrera judicial: “La separación de poderes es que los jueces debemos aplicar las leyes que aprueben el Congreso y el Senado”, ha recordado.

La situación de los funcionarios de Justicia continúa bloqueada. Hoy han presentado una denuncia contra la ministra Pilar Llop por obstruir, dicen, la negociación de un incremento salarial para el colectivo. Y acusan al Ministerio de dar un trato degradante a los huelguistas encerrados en la sede de Justicia.

Las negociaciones entre el Ministerio y los funcionarios de la Administración de Justicia se han roto. El comité de huelga acusa al secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, de "intransigente" y exige otro interlocutor. La intención del Gobierno es retomar las negociaciones tras las elecciones generales del 23 de julio, una propuesta que los sindicatos tildan de inadmisible. Luis Calero, secretario general del sector de Administración de Justicia de Comisiones Obreras, es miembro de este comité negociador y conversa con el informativo 24 horas desde su encierro en el Ministerio de Justicia: "Vamos a estar aquí hasta que nos reciba un interlocutor válido". Según Calero, "las negociaciones las ha interrumpido unilateralmente el secretario de Estado de Justicia, abandonando la reunión de forma abrupta tras entregarnos una propuesta absolutamente inaceptable".

Hoy los funcionarios de Justicia se manifiestan frente al Congreso de los Diputados y en Las Mañanas de RNE hemos hablado con Victoria Carrero, responsable del Sindicato de Justicia de U.G.T de Servicios Públicos. Ha informado que por el momento no tienen fecha para reunirse con el Ejecutivo para negociar, aunque sí se mantienen en contacto de manera telefónica, y cuenta que las huelgas están teniendo “un seguimiento de entre el 80% y el 85%”, lo que está produciendo que se suspendan cada día más juicios: “Estamos teniendo quejas de decanos de colegios de abogados diciendo que se les suspenden juicios hasta 2024 y 2025”, ha añadido.