El Gobierno de coalición inicia el año enzarzado en una pelea a cuenta de la reducción de la jornada laboral -de las 40 a las 37,5 horas semanales-: Sumar y PSOE discrepan en los tiempos para implementarlas. El jueves en Las mañanas de RNE hablamos con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El viernes le replicó en estos micrófonos Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA asegura en Las mañanas de RNE que no han mantenido contactos con el Gobierno respecto a la reducción de la jornada laboral: "Tampoco creo que el ministerio de Economía abra una negociación sin tener en cuenta a quien ha llevado la negociación en este caso, que es el ministerio de Trabajo". El vicepresidente de la CEOE insiste en que desde la patronal nunca se han opuesto a la reducción de la jornada laboral: "Desde el primer momento, en esta negociación, pusimos encima de la mesa que había que respetar los acuerdos y los convenios firmados", explica. "Creemos posible poder llegar con la negociación colectiva a las 37,5 horas. El problema está en cómo adaptarse a esta jornada", añade Amor, haciendo referencia a las palabras del ministro de Economía. "No es lo mismo en una gran empresa que en una pequeña empresa", asevera Lorenzo Amor.
"Si nos marcamos un horizonte temporal, estoy convencido que la negociación colectiva se va a conseguir", insiste el presidente de ATA. "Creemos que la reducción de jornada se tiene que lleva a cabo sector a sector, territorio a territorio y convenio colectivo a convenio colectivo".
Sobre la subida del salario mínimo y si se puede ver lastrada: "No nos vamos a negar a que suba", asegura. El problema, dice, llega cuando desde el "ámbito político" se torpedean los acuerdos de negociación colectiva, como en es el caso de la reducción de jornada: "La negociación colectiva ha quedado un poquito herida y el nivel de confianza queda en entredicho". Entrevista completa en RNE Audio.
El mercado laboral sumó 501.952 afiliados en 2024 y superó los 21,3 millones de ocupados, mientras que el desempleo se redujo en 146.738 personas hasta los 2,56 millones, la menor cifra en 17 años, desde diciembre de 2007. El empleo avanzó en 35.500 afiliados medios hasta dejar el total en 21.337.962 ocupados, récord para un cierre de año.
Por delante, el Congreso tiene la tramitación parlamentaria de la reducción de jornada. El acuerdo entre Gobierno y sindicatos modifica el Estatuto de los Trabajadores fijando un máximo de 37'5h, frente a las 40h actuales. En caso de salir adelante esta primera reducción de la jornada laboral en 40 años, beneficiaría a cerca de 12 millones de trabajadores y en especial a los puestos de trabajo más vulnerables. Las empresas tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos.
Los contratos a tiempo parcial, con una prestación de trabajo de duración igual o superior a estas 37'5 horas semanales de promedio, pasarán a convertirse automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo. En el caso de los empleados a tiempo parcial que ya vengan trabajando menos horas, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas, igual que aquellos con jornada reducida. De igual modo, tendrán también derecho al incremento proporcional de su salario a partir de la entrada en vigor de la jornada máxima diaria de 37'5 horas. En cuanto a las jornadas especiales, Gobierno y agentes sociales se dan un plazo de 18 meses para adecuar cada caso a la nueva jornada máxima legal.
Además de la reducción de horas, la reforma también incorpora otros aspectos como una mayor exigencia a las empresas en relación al registro de horas. Se endurecen además las sanciones actuales por incumplimiento. Las empresas pasarán a ser multadas de manera individual por cada trabajador afectado y no de manera global como hasta ahora. La infracción grave asciende de 7.500 a 10.000 euros. Se profundiza también en el derecho irrenunciable a la desconexión digital del trabajador.
Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el acuerdo beneficiará a 12 millones de trabajadores. Se podrán superar las 37,5 horas semanales en algunos sectores siempre que la media anual no supere esas 37,5 horas. Si se trabajan menos horas del máximo, se tendrá derecho a mantenerlas y a un aumento salarial. Además, se reforzarán los registros horarios y el derecho a la desconexión digital y se pasará a un sistema de sanciones por trabajador, en lugar de una única por empresa.
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Trabajo y sindicatos firman el acuerdo para reducir la jornada laboral y que más de 12 millones de trabajadores ganen más tiempo para dedicar a su vida privada. A pesar de los intentos, los empresarios se han quedado fuera y ahora queda un camino complicado para poder aprobarlo: primero Consejo de Ministros, con discrepancias con Economía, y después lograr los apoyos en el Congreso. En 24 Horas de RNE hablamos con Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo: "Hoy es un día histórico para los trabajadores, las empresas y la población en este país, que conquista algo que llevamos 40 años esperando. Se dan las circunstancias para poder por primera vez regular la jornada y reducirla, para que la gente pueda trabajar menos, vivir mejor y que nuestras empresas sean productivas". Apunta al Gobierno como responsable: "Tenemos un parlamento con diversas sensibilidades, pero tanto Yolanda Díaz como yo mismo, ya estamos trabajando con las fuerzas políticas y lograremos aprobar esta norma [...] Una norma que no es de los empresarios, sino de toda la ciudadanía de este país".
Pérez Rey ha afirmado que: "En plena época de la Inteligencia Artificial, no es posible trabajar como lo hacíamos en los años 80 [...] No es una medida ni de derechas, ni de izquierdas, es una medida civilizatoria que concitará un gran consenso parlamentario". Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social aseguran que el SMI en España (Salario Mínimo Interprofesional) "por primera vez es digno, representa el salario medio europeo", ha concluido.
Este viernes, después de casi un año de negociaciones, se ha firmado el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y sin rebaja salarial. Esto llega después de que en 1983 se fijara la jornada legal de trabajo en 40 horas semanales. ¿Cómo se consiguió este avance entonces?
Hace diez días, Glovo anunció que iba a abandonar su modelo de falsos autónomos, pero el reto que tiene por delante no es sencillo. Según los datos que ha facilitado la propia compañía, hay que regularizar a 15.000 repartidores, aunque la cifra en realidad es mucho mayor. La clave está en las cuentas alquiladas, que se habían convertido en una fuente de ingresos para las personas migrantes sin papeles. Informa Guillermo Hernández.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la puesta en marcha de "permisos climáticos" de cuatro días para los trabajadores en caso de que una autoridad, "la que fuere, indique que hay riesgo en el desplazamiento o que no se pueda ir a trabajar". A partir de esos cuatro días, las empresas pueden prorrogar el permiso o tienen la opción de incorporarlo como una medida de ERTE.
El reglamento incluye además una garantía para que los trabajadores estén "convenientemente informados" sobre "qué deben hacer y qué no en caso de emergencia climática". Además, se asigna un mandato a la negociación autónoma colectiva para que legislen de conformidad a las emergencia climática y se proporciona un plazo de 12 meses a todas ellas para que legislen y adecuen "las necesidades climáticas a los riesgos específicos de su empresa".
Preguntada sobre la reducción de la jornada laboral, Díaz ha asegurado el Gobierno va a cerrar un acuerdo con los sindicatos y que la reforma "va a llegar con carácter inmediato al Consejo de Ministros", pese a no contar con la aprobación de la CEOE. Asimismo, ha confesado estar "preocupada" por los "juicios paralelos" que según la vicepresidenta segunda se están llevando a cabo sobre los casos de corrupción que salpican al Gobierno. "En democracia los juicios paralelos son muy malos para el país", ha zanjado Díaz.
La policía científica está analizando en Massanassa el lugar en el que murió el domingo un trabajador de Tragsa mientras limpiaba el colegio Luis Vives. Se le cayó encima la estructura metálica exterior que conectaba los dos edificios. El Ministerio de Trabajo también está investigando qué ocurrió. El Ayuntamiento había avisado para que nadie entrase a este centro educativo porque había peligro de derrumbe mientras la Conselleria de Educación decidió enviar a los operarios para realizar algunos trabajos.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, considera que hay que escuchar y sacar conclusiones sobre la multitudinaria manifestación en Valencia, pero "habrá tiempo de buscar responsabilidades políticas". "Todos y todas las trabajadoras valencianas pueden estar seguras de que el Gobierno central hará todo lo posible para mantener los puestos de trabajo". Pérez Rey asegura que el Ministerio de Trabajo "se está dejando la piel" y que el decreto ley "será un verdadero escudo laboral para proteger a las personas". Explica que reconocerán permisos retribuidos y no recuperables para los que no han podido ir a trabajar o los que tienen familiares desaparecidos: "Vamos a garantizar el empleo para que no haya despidos en circunstancias tan terribles como esta". El secretario de Estado informa que tienen aproximadamente 400 expedientes de ERTE de fuerza mayor que afectan a 8.664 trabajadores: "Los trabajadores van a cobrar la prestación de desempleo sin consumirla, al igual que los autónomos, y las empresas van a estar exoneradas de los pagos a la seguridad social".
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