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Miles de personas han salido a las calles de Madrid para protestar por el alto precio de los alquileres y defender el acceso a una vivienda digna. En el informativo '24 Horas Fin de semana' hablamos con Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación de la dirección transitoria de Sumar, que defiende que "tiene que haber una negociación con el socio de Gobierno". "Por eso hemos pedido la comparecencia de la ministra de Vivienda, ver si de verdad hay un intento real de gestionar este problema", asegura Duval, que considera que "tiene que escuchar el clamor de la calle". La secretaria de Comunicación expresa que Junts se equivocó cuando votó en contra de la tramitación de la proposición de ley para regular el alquiler de temporada. "Una enorme mayoría del electorado de Junts también comparten las medidas".

El BOE publica hoy las nuevas 131 zonas tensionadas que ha solicitado la Generalitat de Cataluña para poner coto al alquiler. Pablo Pérez Ruiz es investigador y coautor del informe De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Este estudio señala que el porcentaje de personas que optan por el alquiler ha subido del 13 al 19% en 15 años.

Pérez señala que desde 2008 se ha vivido un "gran cambio de época". Un cambio que ha supuesto un aumento de la población inquilina. Una población inquilina que no es solo joven: "Un tercio de las personas de entre 30 y 44 ya viven de alquiler. En números absolutos, por porcentajes de población, la mayoría de la población inquilina tiene más de 35 años".

"Lo que vemos en este estudio es que el alquiler se está cronificado, ya es una cuestión temporal. Además, la mayoría de inquilinos no creen que vayan a poder comprar una vivienda y tampoco tienen expectativas de herencia", señala el investigador. Esto, explica, puede señalar desigualdades o una brecha social, con una población inquilina cronificada y otra parte de la población que va acumulando propiedades y recibiendo rentas.

Según el estudio del IDRA, existe una distribución cada vez más asimétrica de la vivienda en propiedad. Las soluciones que suelen ponerse sobre la mesa "no están atendiendo a la raíz del problema", explica el investigador. "Uno de los puntos que tratamos en el informe es que la demanda de vivienda está artificialmente hinchada". Pablo Pérez indica que en el estudio también se preguntan quién está comprando grandes cantidades de viviendas realmente y "quiénes nos estamos quedando sin acceso a una".

¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo se puede atajar la falta de vivienda? ¿Qué ocurre con los grandes tenedores? Entrevista completa en RNE Audio.

En el programa 'Parlamento' hemos sentado a hablar de vivienda a los cuatro principales partidos de ámbito estatal PP (Paloma Martín), PSOE (Ignasi Conesa), Vox (Carlos Hernández) y Sumar (Gala Pin). A los cuatro les hemos pedido que nos digan dos medidas que habría qué impulsar en el corto plazo. El PP apuesta por exonerar del pago de impuestos a los jóvenes para que lo dediquen al alquiler o a la compra y por bonificar donaciones para primera vivienda. El PSOE cree que las comunidades deben aplicar la Ley de Vivienda, limitar los pisos turísticos y favorecer la mediación entre propietario e inquilino ante un impago. Vox apuesta por restaurar la seguridad jurídica para los propietarios, una reforma fiscal en todo lo relativo a la vivienda y que el Estado construya vivienda pública. Sumar cree que habría que prohibir la compra de vivienda que no sea residencial en las zonas tensionadas y limitar el alquiler de temporada y de habitaciones.

Hay discrepancias en si hay o no que intervenir precios. PP y Vox creen que sirve de poco. Hernández (Vox) dice que "lleva a la depresión de la nueva construcción y a una reducción de la oferta". Para Martín (PP) intervenir el mercado tiene "efectos perversos" porque disminuye la oferta y además incrementa los precios. En cambio, Pin (Sumar) recuerda que la mayoría de viviendas que están en el mercado son de grandes propietarios que especulan con ellas. Y el socialista Conesa mantiene que intervenir el mercado no es solo aplicar el índice precios en las zonas tensionadas, sino también construir vivienda pública.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han mostrado muy críticas este jueves con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su amenaza de menos financiación a las que no apliquen la ley estatal. El Ministerio ha cambiado el tono y ahora habla de premiar a las que limiten los precios en zonas tensionadas.

Foto: EFE/ Borja Sanchez-Trillo

Además de pedir la limitación de precios en zonas tensionadas, el Gobierno exige a las comunidades que blinden la vivienda pública. Solo en País Vasco, Navarra y Cataluña la vivienda social está protegida de forma indefinida. En otras comunidades como Madrid o Murcia esa protección dura entre 10 y 15 años. Pasado ese tiempo, sus propietarios pueden venderla o alquilarla a precios de mercado.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha avisado este jueves que si las comunidades autónomas no cumplen la ley de vivienda estatal, no les dará más ayudas. "El conjunto de las comunidades autónomas están haciendo sus planes de vivienda con ayuda del 70% del Estado. Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, condicionaré las ayudas. La propia ley me faculta para ello", ha indicado en una entrevista en La Hora de La 1.

Rodríguez se ha referido en especial a la Comunidad de Madrid, comunidad a la que ha acusado de no estar actualmente aplicando la ley de vivienda. "Me comprometo a ayudar a Madrid con más fondos y recursos para que dé respuesta", ha subrayado.

FOTO: Isabel Rodríguez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. Marta Fernández Jara / Europa Press

Los pisos turísticos siguen creciendo, muchos son ilegales, y el Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas tener lista antes de 2026 una plataforma estatal única de esos alojamientos. Permitiría unificar datos y normativas y ayudaría a combatir el fraude. Si se cumple ese plazo, España sería pionera en la Unión Europea. Este viernes el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, ha anunciado que suspenderá durante un año, prorrogable a otro, la concesión de licencias turísticas.