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Ayer una comisión del Congreso visitó la frontera con Melilla casi 5 meses después de que ocurriera la tragedia. Una visita que, a ojos de Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista y portavoz de Unidas Podemos en la comisión de Interior, ha servido para ver que “la avalancha que produjo la muerte y los heridos más graves fueron en las instalaciones de la frontera española y bajo control de la autoridad española”. Santiago ha cuestionado también “por qué no se prestó atención médica cuando había un dispositivo a apenas 100 metros” y quién trasladó a todas estas personas fallecidas y heridas desde la aduana española hasta la conocida como “tierra de nadie” que, como explica, realmente sigue teniendo una jurisdicción, aunque no se reconozca.
Remarca que la Guardia Civil en ningún momento ha negado estas afirmaciones, pero insiste en que lo importante ahora no son las “sanciones o las responsabilidades” que, señala, “se determinarán al final de la investigación”, sino “averiguar lo que ha ocurrido y establecer mecanismos para que nunca más muera nadie por querer atravesar una frontera y querer tener protección internacional”.
Sobre las palabras de Pablo Iglesias acerca de Yolanda Díaz y su proyecto ‘SUMAR’, Santiago ha señalado que “cada uno queda retratado en las cosas que dice y en el momento en el que lo dice”, y destaca que “no debe convertirse en un problema público lo que son cuestiones organizativas internas”. Cree que la militancia de Podemos no quiere marcar distancia con el proyecto de Díaz y remarca que “no se trata de un partido político” sino de “un proceso para conformar un proyecto de país ilusionante”, al cual considera que debe sumarse la militancia de UP para convertirlo en “un proyecto que gane”.
Varios diputados de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados han viajado hoy a Melilla para visitar la zona fronteriza con Marruecos, donde el pasado 24 de julio se produjo la muerte de 23 migrantes, según el Gobierno, y de casi 40, según las ONG. Elena Muñoz, coordinadora del área jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha afirmado en RNE que "en todos estos hechos las autoridades marroquíes y españolas tienen alguna responsabilidad que es necesario que se investigue". Según Muñoz, no importa en qué territoio se produjeron las muertes, ya que "si las autoridades españolas ejercen control sobre él, hay que cumplir los tratados internacionales de derechos humanos". CEAR advierte del aumento de la violencia en la frontera desde el mes de marzo, cuando Marruecos y España dieron por cerrada su crisis diplomática: "Los hechos del 24 de julio se inician con unas redades en los montes cercanos a la frontera, que hicieron que los migrantes tuvieran que ir hacia la valla".
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Una delegación del Congreso visitará Melilla, concretamente el lugar en el que se produjo la tragedia de la valla hace ya cinco meses, y Ana Belén Vázquez, diputada y portavoz de la Comisión de Interior del PP, ha indicado en Las Mañanas de RNE que esta fue programada antes de la publicación del documental de la BBC y que tiene como objetivo evidenciar la precariedad en la que se encuentran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la zona.
La diputada ha pedido “transparencia” al Gobierno, en especial al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de engañar a la población: “Yo no estoy a favor de una comisión de investigación en estos momentos, estoy a favor de la transparencia y de que Marlaska comparezca en la comisión de Interior”, ha remarcado. Y señala que el Ejecutivo estaría planteando una “doble política en materia de inmigración” y de estar en una “constante contradicción”.
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Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, condenado por una decena de asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco, y Henri Parot, dos de los miembros más sanguinarios de ETA, serán trasladados a cárceles de Euskadi. El Gobierno central y vasco coordinan estos acercamientos, que afectan también a otros 11 presos de la banda terrorista.
FOTO:EFE/Ballesteros
El Ministerio del Interior investiga 60 denuncias de pinchazos, en su mayoría, a mujeres con el objetivo de esclarecer si se tratan de un fenómeno de sumisión química para cometer un delito o para crear una sensación de inseguridad. De todas las denuncias por pinchazos, solo en una víctima se ha encontrado droga en su organismo. Foto: GETTYIMAGES.
- El Ministerio de Interior cifra en 60 las denuncias de pinchazos en al menos seis comunidades autónomas
- Se investiga si se trata de un fenómeno de sumisión química o si se pretende crear una "sensación de inseguridad"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que el apagado de los escaparates para cumplir con el real decreto de medidas de ahorro energético vaya a provocar más inseguridad, y ha recordado que "corresponde a las administraciones públicas el tener una iluminación adecuada, no a los negocios".
En una entrevista en La Hora de la 1, ha respondido así a uno de los argumentos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se negaba a aplicar las medidas alegando que generaría "inseguridad y espanta al turismo". Según Marlaska, "es muy típico de la derecha intentar que el sector privado gestione los servicios públicos".
Además, ha recordado que hay un "problema de suministro energético", por lo que ha asegurado que "ese decreto está totalmente justificado".
Marlaska niega que apagar los escaparates cree inseguridad porque garantizarla no corresponde a los negocios
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- Afirma que el Ministerio del Interior investiga ya 60 denuncias por pinchazos a mujeres
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