Después de días de críticas de la oposición, la ministra de Transición Ecológica ha abierto la puerta a cambiar la tarifa regulada y a algo que pedía Podemos y a lo que, hasta ahora, se había negado que una empresa pública gestione las centrales hidroeléctricas según caduquen sus concesiones.
Lavar 18 kilos de ropa en la lavadora de una lavandería cuesta seis euros, mucho menos que en casa. Por eso en pleno pico de la luz estos negocios resucitan con clientes a la caza del ahorro, para no depender de horarios o de otras personas para hacer la colada. Desplazarse o cargar con la ropa mojada pueden ser los inconvenientes de un negocio muy extendido en otros países como Estados Unidos. En España empieza a despegar, aunque el tarifazo también les afecta. Foto: Moyo Studio / Getty Images.
Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha indicado que las medidas que se aprobarán para reducir el precio de la luz "tendrán un impacto importante en las familias". "Es importante cambiar la estructura del mercado eléctrico, vigilar la fiscalidad y, mientras tanto, aliviar el coste para las familias", ha explicado en 24 horas de RNE, donde ha señalado que el precio de la luz está "muy alto" como consecuencia del peso de los combustibles fósiles. "Prácticamente todos los hogares y parte de las pymes se verán beneficiados y, esté al precio que esté la luz, se beneficiará a los más vulnerables", ha destacado la ministra.
Leandro del Moral, catedrático de geografía de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Cultura del Agua, ha explicado en Las mañanas de RNE el concepto de caudal ecológico. "Es el necesario para mantener la calidad de los ríos e incluye varios factores: el caudal mínimo, para que el río no se seque, aunque algunos han de secarse porque su régimen natural conduce a ello, el caudal máximo, la tasa de cambio, el ritmo al que los caudales varían, está muy condicionado por la gestión hidroeléctrica, y el caudal regenerador, de simulación o aproximación a las avenidas, los grandes caudales de los ríos, imprescindibles para mantener el cauce, las riveras... En estos últimos se ha avanzado muy poco o nada", ha dicho.
Hoy el gobierno presenta 'La nueva planificación hidrológica' con los planes hidrológicos para el período 2022-2027. Saldrán a información pública y luego hay que remitirlos a la Comisión Europea antes de fin de año. Del Moral explica cuáles son las consecuencias de que en este plan se ajusten los caudales ecológicos. "Si se aproximan los caudales ecológicos a lo que los ríos requieren, se reduce el caudal disponible para ser usado en actividades productivas, ya sea en la propia cuenca o trasvasándolo", cuenta. Y habla en concreto del trasvase Tajo - Segura. "Se programó para 1.000 hectómetros cúbicos, se redujo a 600 y actualmente se trasvasan unos 300. Se calcularon disponibilidades muy superiores a las existentes. La sociedad reclama ríos en mejores condiciones y además se aumenta el uso. El ajuste tiene que ser progresivo", dice.
Y alaba el modelo de planificación hidrológica. "Tenemos un modelo de planificación hidrológica extraordinario, el modelo de la directiva marco europea establecida en el año 2000 que se lleva en toda Europa, con las variaciones de cada caso. Pero con una metodología similar, con objetivos que son conservar y mejorar el estado ecológico, por el realismo de conservar la calidad del agua, que es lo fundamental para el abastecimiento humano", concluye.
En el 'Café Aspen', un encuentro con los compañeros de Aspen Institute, tomamos el pulso a uno de los grandes debates que construyen nuestro futuro, aunque no esté muy presente en la conversación pública en los últimos años: ¿Cómo nos enfrentamos a la amenaza del cambio climático o al riesgo de agotamiento de los recursos naturales? ¿Qué responsabilidades tenemos ante las próximas generaciones? ¿Cómo podemos proyectar en España la responsabilidad intergeneracional?
José María de Areilza, secretario general de Aspen Institute España, ha dicho que es paradójico que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos el espacio político para hacerlo. "La amenaza climática es mayor que la de la subida de la luz, de la que sí se habla. Es una amenaza a la especie", ha dicho.
Teresa Cavero, consultora independiente de Cooperación Internacional al Desarrollo de Aspen, dice que la sensación es que las generaciones jóvenes son más conscientes. "Van a exigir más que nosotros. El riesgo es inapelable, las generaciones jóvenes no solo en Europa, sino en los países en desarrollo, que ahora tienen acceso a la misma información. Van a exigir cambios", ha explicado.
Iván Martén, presidente de Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad, y patrono de Aspen Institute España, afirma que el cambio climático es una realidad y que require una acción inmediata. "Esto tiene una dimensión global, las emisiones es un problema global. El problema que tenemos es que la transición energética significa cosas diferentes en distintas partes del mundo. En Asia el problema es un crecimiento responsable, actuar por el medio ambiente pero crecer. En África la transición energética es pasar de la oscuridad a la luz. Es un problema global que requiere actuaciones inmediatas y diferentes dependiendo del contexto", ha dicho.
Emilio Luque, profesor de Medio Ambiente y Sociedad en la titulación de Ciencias Ambientales en la UNED, ha hablado de la justicia climática. "Creo que la transición climática será justa o no será. Suiza rechazaba medidas climáticas porque no se había atendido a la dimensión de igualdad. La transición climática justa tiene una dimensión temporal, tenemos que tener presentes a generaciones que no están", ha explicado.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este miércoles que no descarta que, ante la subida que se está produciendo en los precios de la electricidad, vuelva a suspender de forma temporal algunos impuestos, como hizo en 2018. "
Así lo ha anunciado en el Congreso de los Diputados, donde ha contestado a una interpelación del PP sobre la subida de la factura eléctrica, que ha alcanzado este martes su segundo precio más caro del año, 90,95 euros/megavatio hora (MWh), y alcanzará este miércoles otro nuevo máximo en lo que va de mes de junio. Foto: EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
El ex presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, Jorge Sanz, ha sido entrevistado en La Tarde en 24 horas. Sanz cree que los precios de la luz seguirán en máximos "hasta finales de año" y que empezará a reducirse progresivamente a partir del próximo año 2022.
Al mismo tiempo, Sanz ha animado a los consumidores a ser activos y pedir el bono social en caso de que se cumplan las características, en caso de no poder solicitarlo, "abandonar la tarifa regulada" y en el tercero de los casos, emplear los tramos horarios fijados por el gobierno.
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La Plataforma en defensa de la gestión del lobo, que agrupa a más de 30 asociaciones agrarias y ganaderas, protesta ante el Ministerio de Transición Ecológica contra esta orden ministerial que considera incompatible con la supervivencia de la ganadería extensiva. Desde la concentración, Noemí Martínez habla con Merche Fernández, portavoz de la plataforma, y con Pedro Barato, presidente de ASAJA.
La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta 4ª del Gobierno, Teresa Ribera, ha sido entrevistada por Xabier Fortes en La Noche en 24 horas. Al ser preguntada sobre una posible crisis dentro del Gobierno y una reforma del ejecutivo por parte de Sánchez, Ribera ha señalado que a Pedro Sánchez "le corresponde como quiere seguir gestionando la nueva etapa", por lo que "está trabajando en diferentes hipótesis".
Ribera también ha reconocido que el precio de la luz "se ha disparado" y queda mucho por trabajar para solucionar el conflicto. Respecto a la polémica con los nuevos tramos de la luz, Ribera ha señalado que quieren "fomentar un consumo eficiente" por parte de los consumidores, pero que puede haber habido fallos en la "comunicación".
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Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, ha indicado que las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros para abaratar un 15% la factura de la luz recortando los beneficios de las eléctricas eran “necesarias”: “Pedimos que el consumidor pague por la luz el precio que realmente cuesta producirla, algo que lleva muchos años sin producirse y que se hace a costa del bolsillo de los consumidores”. El portavoz de OCU ha destacado la necesidad de “transparencia” en la fijación del precio de la electricidad para que los consumidores paguen “lo justo” y no “beneficios extraordinarios” de un “sistema artificial”.
“La parte fija de la nueva factura de la luz incorpora cambios importantes que quizá no se noten de forma inmediata, pero posibilitan que determinados efectos de eficiencia energética tengan su reflejo”, ha explicado García en 24 horas de RNE, donde ha sostenido que la rebaja de la parte fija es “mucho más limitada de lo que cabía esperar” y que podría haber sido “mejor” y “más beneficiosa para los consumidores”. “El Ministerio y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia han hecho un reparto injusto de los peajes y cargos: el 75% es asumido por los hogares y el 25% por la industria”, ha señalado el portavoz de los consumidores y ha añadido que la factura de la luz se reducirá a 21,4 euros al año “si se está dentro del perfil medio de consumo”. “En el mercado libre, OCU ha denunciamos subidas de hasta el 27%”, ha puntualizado.
“Comparar la tarifa y elegir la más barata” es la forma más directa de ahorrar, ha destacado García, que ha considerado que “a futuro hay que modificar hábitos para consumir cuando la luz es más barata” y ha dado una solución: los programadores.
Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha indicado que el efecto de las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros para abaratar un 15% la factura de la luz recortando los beneficios de las eléctricas se verá cuando entren en vigor. “No es razonable contar con un sistema eléctrico con estos precios”, ha destacado Ribera que ha lamentado la “dificultad de impulsar la transición energética sabiendo que menos del 9% tiene un coste real” y el resto tiene costes “muchísimos más bajos que van a la cuota de resultados de las compañías”. La ministra ha subrayado su compromiso con los inversores, a los que ha señalado como actores fundamentales, pero ha sostenido que, como Gobierno, su obligación es “intervenir para que esto sea viable”: “No puedo fijar el precio del CO2, no puedo fijar el precio de las materias primas como el gas natural, pero tengo que ver cómo se puede afrontar esto para velar por el interés de los consumidores”.
“Estamos tramitando las dos leyes por vía de urgencia, la primera ya la hemos enviado al Congreso y la segunda ley es un sistema parecido al aplicado entre 2006 y 2009, está trabajada, la conocen los grupos parlamentarios y confío en que pueda tramitarse de manera ágil en el parlamento”, ha declarado en 24 horas de RNE, donde ha explicado que la primera ley va dirigida a “todas las fuentes de energía” y la segunda, a “aminorar el coste de CO2 y asegurar que los consumidores se benefician y no solo las eléctricas”. De las eléctricas ha indicado que se trata de “reducir su margen de beneficio” y no de “eliminar la rentabilidad de una industria imprescindible”.
Sobre la nueva factura de la luz, ha señalado que más del 75% de las horas de la semana serán más baratas que la hora media actual. “Desplazar algunos consumos representa una reducción del 3% en la factura y es posible programar”, ha puntualizado.
