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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha pronunciado sobre los pactos del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Al respecto, ha negado que haya medidas lesivas para el empleo, tal y como ha alertado la CEOE. En una entrevista en La Hora de La 1, ha recordado que ya otras veces se han hecho "previsiones catastróficas" y "no se ha cumplido ninguna".


FOTO: EFE/Javier Cebollada

“Es una ley ad hoc para dar una respuesta a unas personas concretas con las que se ha pactado”, ha señalado en Las Mañanas de RNE Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre la recientemente registradaley de amnistía, sobre la que subraya su única justificación “es que hacen falta siete votos”. Freixes ha denunciado que hay “brochazos bastante gordos de inconstitucionalidad”, considera que se está cambiando “la naturaleza de una institución jurídica” y remarca que se encuentra “en el marco de unos acuerdos que sí afectarán a la vida diaria”.

Tras varias semanas en las que la ley de amnistía ha marcado el debate público, el contenido del texto ya es finalmente público. La proposición de ley pactada entre el PSOE y los partidos independentistas Junts y ERC propone eliminar la "responsabilidad penal, administrativa o contable" a los encausados por el 'procés', desde el 1 de enero de 2012 hasta este lunes, el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca las consultas independentistas de 2014 y 2017.

Salvador Illa, primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Catalunya, asegura en el 24 horas de RNE que "la ley de amnistía es un paso que damos muy relevante para conseguir la normalización completa en Cataluña y el reencuentro de la sociedad catalana con la española". Illa insiste en que "todo esto es fruto del resultado electoral del 23 de julio" y que "los españoles votaron y configuraron un arco parlamentario que ha llegado a este tipo de acuerdos".

El primer secretario del PSC explica que están haciendo "lo que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña y España quieren que es trabajar pra la normalización política e institucional". "Cuando una democracia es sólida puede, en aras de un interés general, hacer un acto de generosidad. Esto justifica una medida ciertamente excepcional como es una ley de amnistía", añade Salvador Illa. 



La proposición de ley abarca desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, e incluye los actos previos antes de la consulta del 9N y todas las consecuencias del 1-O. El artículo 1 detalla que incluye los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos.

En el proyecto también se detalla que los tribunales deberán aplicar la ley en un plazo máximo de dos meses, que deberán ordenar la puesta inmediata en libertad de aquellos beneficiarios que ahora mismo estén en prisión, y que se van a borrar todos los antecedentes penales y quedarán sin efecto las órdenes nacionales, europeas e internacionales de busca y captura. Esto último afecta a Puigdemont, que podrá regresar a España sin riesgo de entrar en prisión.

En resumen, quedan incluidos dentro de la proposición de ley de amnistía todos los líderes del procés condenados, así como los huidos, los investigados por la Audiencia Nacional, Tsunami Democràtic y los CDR, el procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas por los gastos derivados del uno de octubre, así como todas las causas que se instruyen en juzgados catalanes contra la gente que colaboró con el procés. 

 


El PSOE cierra los acuerdos para la investidura con varias formaciones que le darían 179 síes. El más importante, con Junts, con Santos Cerdán desplazado a Bruselas desde hace más de una semana, incluye la ley de amnistía, que aún no se ha presentado. Pedro Sánchez en persona firma con Andoni Ortuzar, presidente del PNV, el acuerdo con esta formación. Coalición Canaria también suma su diputada al sí, como ya hizo el BNG.