La posible reforma del delito de sedición en el Código Penal ha provocado la reacción críticaa de la oposición. Tanto desde el Partido Popular como desde Ciudadanos se habla de un "indulto encubierto". Desde el partido ultraderechista Vox lo consideran, directamente, un "premio" a los delincuentes.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado el Gobierno de utilizar el 'pin parental' como "cortina de humo" para "tapar" el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Así lo ha manifestado este domingo Casado en Murcia durante la clausura del acto del PP 'Gobiernos por la libertad', después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya remitido a la Consejería de Educación de esta región un requerimiento para eliminar este sistema de autorización expresa de los padres para la participación de sus hijos en actividades complementarios. "¿Por qué hace esto ahora? Porque han nombrado a una fiscal general del Estado siendo diputada del PSOE. No mordamos el anzuelo. Hay que romper esas cortinas de humo y romper esos globos sonda", ha sentenciado.
Cuca Gamarra es responsable de Política social del PP y también ha hablado en 14 horas fin de semana de RNE del pin parental "no es un veto de los padres a nada. Es el ejercicio de la liberad de los padres a decidir la educación de sus hijos. En ningún caso referido a lo que las leyes de educación fijan como materias obligatorias. Va enfocado a ese personal no docente que puede impartir charlas, en un momento determinado en un colegio, y que los padfres tengan conocimiento y puedan dar su opinión. Para nosotros es sagrado y salimos en defensa de que los padres puedan decidir la educación para sus hijos". Sobre la posible extensión del pin parental a otras comunidades gobernadas por el PP, Gamarra, decía en RNE "en mi partido confiamos en nuestros responsables educativos en las diferentes Comunidades, sinceramente la política del Gobierno es una cortina de humo para ocultar asuntos como el nombramiento de la Delgado para la Fiscalía General del Estado. Esta medida no es nueva en Murcia y es respetuosa con la leyes de educación". 18/01/20
Continúa la polémica del pin parental y en 14 horas fin de semana de RNE hemos hablado sobre el tema con la ministra de educación y formación profesional, Isabel Celaá que ha manifestado que espera que el gobierno de Murcia responda al requerimiento y reflexione porque si no lo hace "obviamente tendríamos que ir a los tribunales y no lo deseamos". La ministra Celaá decía en otro momento de la conversación con esta emisora que "estamos hablando de actividades complementarias obligatorias, no actividades voluntarias, que son evaluables en el curriculo. Naturalmente son determinadas por el centro educativo en el ejercicio de su autonomía que tiene atribuida por ley. Son actividades complementarias del tronco curricular". Por tanto si no se acata el requerimiento por parte de las autoridades murcianosas "sería un verto y vulneraría las competencias de los centros educativos atribuidas por ley y en su autonomía pedagógica para cerrar el curriculum". 18/01/20
El Gobierno ha enviado este viernes un requerimiento a la Consejería de Educación de Murcia para retirar el 'pin parental'' que se implantó en la región a principios de curso y que ha exigido Vox como condición para apoyar los presupuestos regionales, recordando que el Ministerio de Educación llevará esta cuestión a los tribunales si el proyecto sigue adelante.
El 'pin parental' ha abierto una grieta en la coalición de gobierno entre el PP y Ciudadanos en la Región de Murcia. El portavoz de Cs en la Asamblea, Juan José Molina, pide que se paralice la orden "porque es ilegal", mientras que Vox sostiene que los tribunales les darán la razón.
Por su parte, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, da por hecho que vale lo acordado y habla de "injerencias" del Gobierno central para intentar evitar acuerdos en la comunidad. Informa Javier Cortijo desde RTVE Murcia
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que el ministro de Justicia tiene previsto llamar al PP para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional. En rueda de prensa tras el consejo de ministros, Montero ha reprochado a Pablo Casado que afirme "sin pudor" que va a ejercer su mayoría para bloquear la renovación de todas las instituciones entre las que ha incluido al CGPJ, el TC y el Defensor del Pueblo. Por ello, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" del PP y ha anunciado que les van a tender la mano para alcanzar los acuerdos de Estado necesarios.
Después del visto bueno del Poder Judicial a la propuesta de Delgado como fiscal General del Estado, el Partido Popular cree que la exministra de justicia debería rechazar su nombramiento. El CGPJ avala su designación, especifican fuentes del partido, pero no entra a valorar su imparcialidad que es lo que el PP sigue poniendo en duda. Tampoco está de acuerdo con el nombramiento la Asociación Profesional de la Magistratura, que cree que la propuesta mina la credibilidad de las instituciones.
Por su parte, en su primera intervención como Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo ha defendido la propuesta y ha negado que afecte a la independencia de los fiscales. Mientras, la Asociación de Jueces para la Democracia ha dicho a los partidos que critican el nombramiento que en sus manos está reformar la Constitución para modificar quién nombra al fiscal general.
Primer barómetro del CIS tras las elecciones generales del 10N. El PSOE mejoría su resultados y Podemos, su socio de Gobierno, se mantendría, mientras que las principales fuerzas de la oposición, PP, VOX y Ciudadanos registrarían descensos.
La propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado sigue en el centro del debate político. El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, respalda la propuesta y cree que el nombramiento de Delgado no afectaría a la separación de poderes. Sin embargo, desde el PP, esperan que el Consejo General del Poder Judicial -que tiene que pronunciarse sobre su nombramiento- diga que Delgado no es idónea, acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de instrumentalizar las instituciones y califican de "desfachatez" la propuesta. Además, si no se cambia el sistema de elección, el PP rechaza negociar con el PSOE la renovación del órgano de gobierno de los jueces que lleva más de un año de retraso. Por su parte, Vox sí está dispuesto a hacerlo, mientras que la Asociación Jueces para la Democracia apuesta por una reforma de la Constitución para modificar el proceso de nombramiento del Fiscal General.
El barómetro del CIS del mes de diciembre otorga al PSOE una ligera mejoría en intención de voto respecto a las elecciones generales del 10 de noviembre y le sitúa a ocho puntos porcentuales por delante del PP, que se mantendría como segunda fuerza tras un descenso de ocho décimas. Vox seguiría siendo tercero en intención de voto con un leve ascenso respecto a las generales y Unidas Podemos mantendría su resultado, mientras que Ciudadanos es la fuerza que más desciende.
El Barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas, el primero con estimación de voto desde las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, mantiene el mapa político de aquellos comicios aunque amplía en un punto la ventaja del PSOE, que sube tres décimas, mientras que el PP y Ciudadanos experimentan leves retrocesos. Por su parte, Vox, se mantiene como tercera fuerza política Unidas Podemos mantiene el resultado de entonces.
El partido socialista está dispuesto a estudiar cambios en el calendario del congreso propuesto por la oposición tras el traslado del Consejo de Ministros a los martes. El PP critica que con la actual distribución no se puede ejecer el control al gobierno. El grupo socialista en la cámara baja estudiará las propuestas de los distintos grupos para facilitar el control y la labor legislativa, pero advierten a los populares que la suya no va a favor de la conciliacion.
El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado la actitud del vicepresidente segundo con respecto a la Justicia: "Creo que Pablo Iglesias tiene que entender que ya no es un tertuliano, es vicepresidente y no puede hablar en esos términos de la integridad jurisdiccional de la justicia española, pero lo más grave es que Sánchez le avaló en vez de criticar y creo que el CGPJ hizo muy bien en sacar un comunicado para defender a los jueces españoles".
