El Tribunal Constitucional ha decidido este sábado, tras seis horas de debate, impedir que Carles Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalitat el próximo martes si no acude de forma presencial al Parlament. Con respecto al recurso de impugnación presentado el viernes por el Gobierno, el TC no ha aplazado la decisión de admitirlo o no a trámite, al sostener que no puede tomar una decisión sobre un hecho que todavía no ha ocurrido. El Gobierno se ha mostrado satisfecho, opinión compartida también por Ciudadanos, aunque Podemos ha destacado que la decisión "solo impide la investidura telemática".
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad suspender la sesión del Parlament del próximo martes solo si dicha investidura se pretende hacer en ausencia del candidato de Junts per Catalunya Carles Puigdemont. Se trata de una medida cautelar acordada en respuesta al recurso del Gobierno y que va acompañada de un requerimiento en el que advierten a los miembros de la mesa de la Cámara de las responsabilidades, incluidas las penales, en que pueden incurrir si desobedecen esta suspensión.
El Tribunal Constitucional se reúne este sábado, de forma extraordinaria, para estudiar el recurso presentado por el Ejecutivo para impedir que Carles Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalitat mientras permanece en huido de la Justicia. En caso de ser admitido, la candidatura de Puigdemont quedará suspendida.
El Gobierno ha presentado este viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat y en contra del criterio del Consejo de Estado de hacerlo ahora, al considerar que su obligación es impedirla con todos los instrumentos legales. La reunión del Consejo de Ministros que ha presidido Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa le ha autorizado a presentar ese recurso y ha sido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha explicado los motivos por los que se ha ratificado en esa decisión anunciada ayer.
La Junta de Andalucía ha ratificado este martes el acuerdo alcanzado con los sindicatos para elevar la jornada en la administración autonómica hasta las 37,5 horas semanales, estableciendo 35 horas presenciales y 2,5 de formación fuera del puesto de trabajo. El acuerdo llega después de que el Tribunal Constitucional tumbara hace unas semanas la jornada de 35 horas que la Junta estableció para sus empleados públicos.
