Gobierno y PP han llegado a un acuerdo para renovar cuatro órganos constitucionales entre los que no está, de momento, el CGPJ. Serían cuatro miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. El pacto, que seguramente se materializará en el Congreso y el Senado a final de mes, lleva la firma del ministro Félix Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Unidas Podemos asegura que está en la negociación. Informa Sandra Gallardo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al Partido Popular que “vuelva al consenso constitucional y cumpla con sus obligaciones constitucionales” para impulsar la renovación del Poder Judicial. “Los ciudadanos necesitan de instituciones sólidas y fuertes, no es aceptable que el Gobierno de los jueces lleve mil días sin renovarse, o el Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el Tribunal de Cuentas…”, ha asegurado el jefe del Ejecutivo, quien ha recalcado que “cortocircuitar el funcionamiento de los organismos constitucionales es faltar al pacto de la lealtad constitucional".
Sánchez, que ha hecho este llamamiento durante su intervención en la apertura del nuevo curso político, ha manifestado que “regenerar es renovar, cumplir con la Constitución. Ninguna formación política tiene el derecho a evadir sus obligaciones constitucionales, situarse fuera de la Constitución, porque lo que hace es menoscabar nuestra democracia”.
Tres miembros independientes de la Junta de Gobierno delInstituto Catalán de Finanzas (ICF), Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, presentaron su dimisión el pasado lunes, antes de que este organismo aprobara activar el aval de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat.
La Junta de Gobierno del ICF, el equivalente al consejo de administración de un banco, aprobó el pasado miércoles 21 activar el mecanismo previsto para que el Banco Público de la Generalitat presentara el aval para los encausados por haber promovido el procés en el extranjero. Los consejeros independientes cesaron de su cargo antes de esta votación que se aprobó con un ICF dividido, según ha podido confirmar Ràdio 4. Informa Andreu Viñas, Ràdio 4.
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha manifestado este martes que el Tribunal Constitucional es una institución "absolutamente anacrónica" y se ha mostrado convencido de que se intentará apelar "a la solidaridad del pueblo de Cataluña" para intentar hacer frente a la multa de 5,4 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas a los líderes del 'procés' por el presunto desvío de fondos públicos para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017. Los excargos del Govern tienen hasta este miércoles para abonarla después de que la institución haya rechazado ampliar el plazo. En una entrevista en 'Las Cosas Claras', Rufián ha asegurado que se trata de una institucion "anacrónica" que, sin ser Poder Judicial, "condena a la gente sin autos judiciales, sin procesos judiciales y sin sentencias a multas astronómicas por sus ideas". En este sentido, ha insistido en que es "una especie de Tribunal Constitucional alegal" y que es "un chiringuito de las 40 familias que han mandado en este país en los últimos 80 años", por lo que ha considerado que "debería como mínimo regularse".
La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, dice que el Gobierno tendrá que estudiar si el fondo que pretende crear la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas tiene una base jurídica real: “Solo podrá aceptar si tiene base jurídica real”. Dicho esto, insiste en que todo el conflicto con la Generalitat debe solucionarse por la vía política: “Todo lo que vaya encaminado a avanzar hacia la vía política, el diálogo y la desjudicialización es un buen paso, pero si tiene las garantías jurídicas”. Añade que, en todo caso, que el Tribunal de Cuentas es un órgano controlado y que “no está renovado por culpa de la derecha”. Con respecto a la solución del problema con Cataluña, apuesta por dialogar y dar pasos hacia adelante, “convirtiendo a Puigdemont en parte de la solución”. Ha sido muy crítica con la justicia en lo que se refiere a la sentencia del Supremo que la condena por su participación en la protesta por un desahucio en Madrid. “Se me condena sin pruebas y con acusaciones falsas. Tenemos un problema con la justicia. Esta sentencia no solo me hace daño a mí, sino a las instituciones, a la democracia y a los jueces que hacen bien su trabajo”. Confirma que recurrirá ante el Tribunal de Estrasburgo. Isa Serra defiende avances del gobierno de coalición como la ley ’trans’ o la del ‘solo sí es sí’, pese al debate que ha requerido y llama la atención sobre los “discursos de odio” que, considera, lanza la extrema derecha. En este terreno, sobre el asesinato de Samuel Luiz, asegura: “Los discursos de odio que está llevando a cabo la extrema derecha profundizan en ese problema y tienen efecto sobre las agresiones. Estamos viendo un aumento de la violencia y tiene que ver con esos discursos”
El sector de l'oci nocturn avisa que recorreran les mesures dictades pel govern per tal de contenir l'expansió del virus. El govern ha decidit tancar els espais interiors de les discoteques. A l'exteror amb més de 500 persones dretes o amb pista de ball caldrà control d'accés, test d'antígens o certificat de vacunació i s'haurà de mantenir la mascareta posada. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, adverteix als organitzadors de festivals d'estiu després que al Vida, no es complissin les mesures de seguretat. Catalunya intenta accelerar la campanya de vacunació, a partir d'avui també s'inocularan dosis en busos i camions del Banc de Sang i Teixits en una campanya dirigida als majors de 40 anys.
L'executiu crea fons de riscos de la Generalitat que el govern ha decidit crear per cobrir les fiances que se'ls imposin als càrrecs públics per actuació en el marc de les seves funcions. El Diari Oficial de la Generalitat publica ja la creació d'aquesta figura amb la què es cobriran els prop de cinc milions i mig d'euros que el Tribunal de Comptes demana a una trentena d'ex càrrecs per promoure el procés a l'exterior. El govern central estudia si és legal.
I avui una de les imatges més significatives de la política serà el retrobament d'Oriol Junqueras i Carles Puigdemont a Waterloo.
Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, cree que no existe una base legal que permita a la Generalitat asumir una deuda de un particular y “más si esa deuda viene por el ejercicio incorrecto de sus propias incompetencias”. El catedrático ha explicado que para crear ese fondo es necesario aprobar una ley que lo permita, pero esa norma podría ser tumbada por el Tribunal Constitucional.
El Gobierno acusa al PP de "boicotear" su renovación y le exige intentar alcanzar un acuerdo para ello. El independentismo critica que es un órgano obsoleto después de que haya reclamado 5,4 millones a los líderes del 'procés'. El PP, por su parte, carga contra el "asedio sanchista" a este tribunal.
El Tribunal de Cuentas ha reclamado este martes un total de 5.422.879,48 euros a 42 ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos públicos a las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Así consta en la liquidación provisional complementaria realizada por el tribunal contable, a la que ha tenido acceso RTVE, una cantidad que se sumaría a los 4,1 millones de euros que el órgano fiscalizador calculó que costó la consulta ilegal del 1-O. La suma fijada es solidaria, pero a cada uno se le requiere una cantidad distinta en base a su actuación y el tiempo que estuvo en el cargo.
La cantidad más importante recae en el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, hasta 2,8 millones de euros, pero también se incluye al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que exige más de 1,9 millones de euros.
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