El gerente de la empresa Diviertt, que organizó la fiesta de Halloween del Madrid Arena en la que fallecieron cuatro jóvenes y otra resultó herida de gravedad, Miguel Ángel Flores, ha reconocido ante el juez que en el recinto había 15.000 personas a pesar de que solo se vendieron, según ha insistido, 9.650 entradas. El responsable de la organización ha argumentado que había entradas duplicadas y que sobre las tres, una hora antes de la tragedia, se colaron 4.000 personas que estaban en los alrededores haciendo botellón. Flores, que ha quedado en libertad tras según ha explicado el abogado de una de las familias de las fallecidas, ha sostenido que la seguridad era competencia de la empresa Seguriber y de la Policía Municipal, que permitió el botellón.
El empresario Miguel Ángel Flores, dueño de la empresa Diviertt, organizadora de la fiesta del Madrid Arena en la que murieron cuatro jóvenes, llega a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde ha sido citado a declarar como imputado en el caso. Acompañado de su abogado y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación, Flores ha accedido al edificio judicial por la entrada situada en la calle de Capitán Haya.
Artur Mas y Jordi Pujol han presentado hoy sendas querellas en los juzgados de Barcelona contra el diario El Mundo por la publicación de un borrador de un informe policial que les relaciona con el supuesto cobro de comisiones ilegales en el caso Palau. El Gobierno niega que exista un complot desde el Estado contra el presidente de la Generalitat.
Ruth Ortiz, la madre de los niños desaparecidos en Córdoba, ha manifestado públicamente su deseo de poder enterrar a sus hijos y ha pedido que le entreguen ya los restos encontrados en la finca de Las Quemadillas. El padre de los niños, José Bretón, sigue en la cárcel acusado de dos delitos de asesinato con alevosía y agravante de parentesco.
Será una comisión de investigación formada por 12 miembros, siete del PP, tres del PSOE, uno de IU y uno de UPyD. El fiscal superior de justicia de Madrid, por su parte, no ha descartado más imputaciones y ha apuntado al ayuntamiento como responsable civil subsidiario.
