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En el juicio por el caso Kárate, el fiscal ha pedido hoy más de 300 años de cárcel para Fernando Torres Baena pero ha reclamado también condenas para los otros tres acusados de abusar de decenas de alumnos en un escuela de artes marciales de Gran Canaria. En su alegato final ha pedido, Fátima Hernández, que la sentencia no cargue las tintas solo contra Torres Baena, el principal acusado.

  • Santiago Cervera fue puesto en libertad tras prestar declaración ante el juez
  • El presidente de Caja Navarra denunció que le habían pedido 25.000 euros
  • La Guardia Civil acudió al lugar donde le citaron para detener al extorsionador
  • Al lugar llegó Cervera, quien argumenta que fue víctima de una trampa
  • El diputado dice que fue citado en el lugar para recibir información sobre la CAN
  • Santiago Cervera presenta su dimisión como diputado y su baja en el PP

A menos de 24 horas de la entrada en vigor de la Ley de Medios, la Cámara en lo Civil y lo Comercial ha fallado a favor del grupo Clarín, prorrogando las medidas cautelares que finalizaban precisamente este 7 de diciembre y que ya lograron paralizar la aplicación de la ley durante tres años. El gran conglomerado mediático, el más poderoso del país, ha logrado así poner freno a una norma que le obliga deshacerse de la mayoría de sus licencias de televisión. La Cámara no establece límites de tiempo, sólo que las cautelares durarán hasta que haya una sentencia definitiva, es decir, hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Gobierno de Cristina Fernández. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual ya ha dicho que la resolución es una "vergüenza" que atenta contra la democracia y que se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia. Es, sin duda, un jarro de agua fría para la presidenta, que había hecho de la lucha contra los monopolios empresariales una de sus banderas.

En Argentina, el conglomerado mediático encabezado por el diario 'Clarín' es el más afectado por la nueva Ley de Medios que mañana entra en vigor. Según la nueva legislación, la histórica empresa periodística tendrá que desprenderse de la mayor parte de sus licencias de televisión. La dirección del grupo se niega a acatar una ley que considera "inconstitucional". 'Clarín', el sexagenario rotativo argentino y el más leído, ha sabido sobrevivir a los tiempos aliándose con el poder de turno, pero hoy ¿buque-insignia del principal multimedia del país¿ se enfrenta a un gran reto: la nueva Ley de Medios Audiovisuales, que le obliga a desmontar su imperio periodístico. El grupo logró paralizar la ley durante tres años, con una medida cautelar ¿por inconstitucionalidad¿ que ha intentado que se prorrogue... sin éxito. Ahora, como otras, la empresa tiene que presentar, antes de la medianoche del viernes, un plan de desinversión. El grupo Clarín tiene ¿aparte de emisoras de radio¿ 4 canales de televisión en abierto y una plataforma de pago, Cablevisión. En total, dispone de 158 licencias de cable y la nueva ley sólo le permite un máximo de 24. El Ejecutivo de Cristina Fernández quiere acabar con los monopolios y habla de más democracia... pero entre los 16.000 empleados de 'Clarín' hay incertidumbre... y miedo. A pesar de todo, aún confían en un último movimiento de la Justicia.

El ex presidente de la patronal CEOE y antiguo propietario de Marsans Gerardo Díaz Ferrán ha ingresado esta noche, 5 de diciembre, en la cárcel madrileña de Soto del Real por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Díaz Ferrán ha llegado la prisión a las 23.30 horas trasladado en el furgón de la Guardia Civil desde los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha declarado por otra causa relacionada con un crédito de Caja Madrid a la aerolínea Air Comet. Antes, habían entrado en esta prisión el actual propietario de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, y otros cinco imputados por la supuesta comisión de varios delitos (alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible) relacionados con la suspensión de pagos y venta del grupo Marsans. La orden de encarcelamiento de siete imputados en la 'operación Crucero' fue dictada por el juez Velasco después de que los nueve detenidos en esta investigación comparecieran hoy en la Audiencia Nacional.

El ex presidente de la patronal CEOE y antiguo propietario de Marsans Gerardo Díaz Ferrán ha ingresado esta noche en la cárcel madrileña de Soto del Real por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Asi lo han confirmado a EFE fuentes penitenciarias, que han indicado que Diaz Ferrán ha llegado la prisión a las 23,30 horas trasladado en el furgón de la Guardia Civil desde los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha declarado por otra causa relacionada con un crédito de Cajamadrid a la aerolínea Air Comet.

El ex presidente de la patronal CEOE y antiguo propietario de Marsans Gerardo Díaz Ferrán ha ingresado esta noche en la cárcel madrileña de Soto del Real por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Asi lo han confirmado a EFE fuentes penitenciarias, que han indicado que Diaz Ferrán ha llegado la prisión a las 23,30 horas trasladado en el furgón de la Guardia Civil desde los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha declarado por otra causa relacionada con un crédito de Cajamadrid a la aerolínea Air Comet.

Antes, habían entrado en esta prisión el actual propietario de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel De Cabo, y otros cinco imputados por la supuesta comisión de varios delitos -alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible- relacionados con la suspensión de pagos y venta del grupo Marsans.

La orden de encarcelamiento de siete imputados en la "Operación Crucero" fue dictada por el juez Velasco después de que los nueve detenidos en esta investigación comparecieran hoy en la Audiencia Nacional.

El comisario jefe de la UDEF, la unidad de delitos económicos y fiscales, se ha desvinculado del borrador publicado por el diario El Mundo, en el que se basó para asegurar que Artur Mas y Jordi Pujol tienen cuentas en Suiza vinculadas al caso Palau. Según un oficio remitido por el jefe de la UDEF al juez que investiga este asunto, el borrador que se publicó en plena campaña electoral catalana, no ha sido elaborado ni por su unidad ni por ninguno de sus funcionarios. Los dos periodistas que firman las informaciones están citados a declarar en Barcelona a finales de mes, por un presunto delito de calumnias.