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El Partido Popular ha decidido presentar una querella por injurias y calumnias contra IU y el resto de firmantes de otra querella presentada ante la Audiencia Nacional por la supuesta existencia de una contabilidad B en el PP.

Izquierda Unida y otras formaciones habían presentado esa querella contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como contra los exmiembros de la cúpula del partido Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, y ocho empresarios.

El PP explica en un comunicado que esa querella de IU y de otros grupos (y que ha sido presentada por el propio coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara), imputa al Partido Popular y a varios de sus exdirigentes la comisión de graves delitos.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el uso del burka por primera vez. Lo hace para anular la decisión del ayuntamiento de Lleida que prohibe que las mujeres lleven velo integral en los espacios públicos. Según el Tribunal, el ayuntamiento no tiene competencias para limitar el ejercicio de la libertad religiosa.

El Partido Popular y Luis Bárcenas tendrán que pasar por un acto de conciliación tras la demanda que presentó el extesorero por despido improcedente. Eso en lo laboral. En lo penal, el partido prepara las querellas que anunció para esta semana contra Bárcenas. Hoy ha sido Izquierda Unida quien ha presentado una querella criminal que incluye al extesorero, cargos del PP y empresarios.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha validado como prueba los correos electrónicos aportados por el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, en una providencia. Mientras, la Fiscalía ha matizado que aún no ha tomado ninguna decisión sobre la situación procesal de la infanta Cristina.

Con los mail aportados por Torres, éste pretendía probar que la Casa Real estaba al tanto y supervisaba las actividades llevadas a cabo desde el Instituto Nóos, dirigido por él y el duque de Palma.

La Fiscalía aún no ha tomado ninguna decisión al respecto y tampoco ha presentado ningún escrito sobre este asunto. Los investigadores ya anunciaron el pasado día 16, tras la declaración de Diego Torres, que no tenían previsto, por el momento, llamar a declarar a la infanta Cristina ni como imputada, ni como testigo.