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La juez les imputa cuatro delitos: contra la vida, contra la integridad moral, por coacciones y por obstrucción a la justicia. Nada más conocerse la imputación, la Generalitat ha apartado cautelarmente de sus funciones a los ocho agentes.

El extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, no ha querido declarar ante el juez por razones médicas. Dice que lo hará cuando mejore. Sí ha ratificado su versión anterior, cuando negó que el PP tuviera una supuesta contabilidad B

La primera sesión del juicio contra el depuesto presidente egipcio, Mohamed Morsi, que ha comenzado este lunes en la Academia de la Policía de El Cairo, ha durado apenas una hora.

El tribunal, presidido por Ahmed Sabri, ha levantado la sesión y ha decidido retomar el juicio el 8 de enero porque Morsi se ha negado a reconocer al tribunal y se ha proclamado como el único presidente legítimo de Egipto.

Morsi ha acusado a los militares de "traición y de criminales" y ha gritado lemas como "que caiga el gobierno militar". El depuesto presidente ha denunciado que su proceso es "una farsa" y una forma de encubrir el golpe de Estado del pasado 3 de julio. Tanto él como el resto de acusados han prorrumpido en cánticos de protesta, según la prensa egipcia.

Junto al depuesto presidente han asistido a la vista los otros catorce inculpados, entre ellos el vicepresidente del Partido Libertad y Justicia (PLJ) -brazo político de la Hermandad-, Esam el Arian, y el miembro de su Ejecutiva Mohamed Beltagui.

Todos los procesados afrontan cargos por su supuesta implicación en la muerte de manifestantes y en los incidentes desatados en los alrededores del palacio presidencial de Itihadiya el pasado 5 de diciembre.

Sobre Morsi pesan además otros cargos cuyos juicios todavía no han sido fijados, como los de conspirar con el grupo islamista palestino Hamás, atacar a las fuerzas de seguridad e insultar al poder judicial.

Vitalia es una aseguradora que tuvo un papel protagonista en los ERE fraudulentos de Andalucía que investiga la juez Alaya. Según ha podido saber TVE, Vitalia compró la firma de indigentes para utilizarlos como testaferros y camuflar sus actividades presuntamente delictivas.

La Corte Suprema argentina ha dado la razón al gobierno de Cristina Fernández en su reforma de la Ley de Medios de comunicación. Dictamina el tribunal que el gobierno tiene la responsabilidad de evitar que las empresas crezcan tanto que monopolicen el discurso público. Termina así un proceso que ha durado cuatro años, desde que el gobierno aprobó la ley, una guerra que tiene como objetivo final acabar con la hegemonía del Grupo Clarín, uno de los mayores de Argentina y toda américa Latina. Eso sí, la Corte suprema añade en su sentencia que las empresas deben ser compensadas por vender o serles expropiados sus activos y que el control de la ley debe hacerlo un organismo independiente al gobierno.

Los abogados de la infanta Cristina contemplan la posibilidad de que sea imputada de nuevo. El juez del caso Nóos tiene nuevos datos que apuntan a una mayor implicación en la gestión de la empresa que compartía con Iñaki Urdangarín.