La Interpol de Argentina ha solicitado a Madrid la detención preventiva de los últimos 20 imputados por la justicia argentina en la causa de los crímenes del franquismo. La jueza argentina María Servini pidió a finales de octubre en un auto la extradición, entre otros, de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, además de otros cinco exministros, jueces y siete policías del régimen franquista. La jueza se basa en el principio de justicia universal.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en libertad a 22 de los 32 detenidos en la Operación Enredadera dirigida contra una trama corrupta, integrada en su mayoría por funcionarios e infiltrada en administraciones que facilitaba contratos irregulares a cambio de comisiones. Los diez que permanecen detenidos pasarán a disposición de la juez Mercedes Alaya, que dirige la operación, entre este miércoles y este jueves.
Treinta y dos personas han sido detenidas este martes en la llamada Operación Enredadera. Se les acusa de formar parte de una trama de pagos ilegales a funcionarios a cambio de concesiones públicas. De los arrestados, en 12 provincias de siete comunidades autónomas, 23 están en Andalucía.
La Operación Madeja es una pieza separada del 'caso Mercasevilla', que comenzó con la investigación de Domingo Enrique Castaño, el ex director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo socialista. La Guardia Civil lo detuvo en julio de 2013 en su casa. La juez Mercedes Alaya detectó un incremento patrimonial de 800.000 euros de él y su mujer. Más de la mitad no estaban justificados y, sospechó que podrían proceder de comisiones ilegales.
Al menos 26 personas han sido detenidas en una nueva redada contra la corrupción en 13 provincias; un operativo que dirige la juez Mercedes Alaya y en el que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales, por parte de funcionarios, a cambio de concesiones públicas a empresas. La Guardia Civil continúa a esta hora el registro en la Diputación de Sevilla.
La Fiscalía sigue investigando para ver si se cometió algún delito el 9-N. Para ello recaban datos de las diferentes denuncias presentadas el 9N Un juzgado de Barcelona cree que la Generalitat podría haber incurrido en los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, considera que el auto de la Audiencia de Palma por el que mantiene la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales "pone fin a una controversia que llevaba durando demasiado tiempo" y que la decisión permite "progresar en los trámites" de este proceso que este lunes sigue adelante con un requerimiento a las partes que para concreten en un plazo de diez días las acusaciones y penas que solicitan.
La Audiencia de Palma ha decidido este viernes mantener imputada a la infanta Cristina para que sea juzgada por cooperación de dos delitos fiscales pero no por blanqueo de capitales. Aizoon, la empresa compartida por Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, que formaba parte de red empresas pantalla usadas presuntamente para desviar fondos del Insituto Nóos ocupa muchas de las 160 paginas del auto de la Audiencia de Palma. Los tres jueces sostienen que la infanta Cristina tenía que ser consciente de que formaba parte de una sociedad instrumental, carente de actividad, que podría haber sido usada para defraudar a Hacienda.
