El tribunal atribuye al miembro de ETA Iurgi Garitagoitia 25 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa. Asimismo, está acusado de presuntamente organizar los asesinatos del empresario vasco Ignarcio Uría y el exconcejal socialista Isaías Carrasco en 2008. Informa Araceli Sánchez.
- Franco fue citado a declarar en la causa judicial por el 8M que la juez ha archivado después provisionalmente
- Dice no entender por qué se ha investigado la marcha del 8M en Madrid y no en otros lados y considera la decisión "política"
La ministra de Igualdad Irene Montero dice que "se ha desmontado la estrategia de la derecha de señalar al movimiento feminista" y es que el Ejecutivo defiende que se haya investigado la actuación del delegado del Gobierno en Madrid y, según Salvador Illa, se demuestra que "se ha dado todo, lo que se tenía y no tenía, para derrotar al virus". Por su parte, desde el PP, Pablo Montesinos muestra su respeto a la decisión, aunque dice que exigirán "responsabilidades políticas" al Gobierno.
- Familiares de fallecidos sospechan que el gobierno se dejó presionar por la patronal
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La sentencia señala que no puede ser expulsado por ser castigado por un delito con pena superior a un año. "Se modifica así una sentencia del Tribunal Supremo, que hacía una interpretación absolutamente estricta que tan solo tenía en cuenta los medios de vida del ciudadano español", explican desde la Asociación Española de Abogados Extranjeristas. Informa Minerva Oso.
El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha declarado este viernes durante cerca de dos horas ante la fiscalía en la que es la primera investigación abierta por la gestión de la pandemia. La denuncia parte de varias familias de víctimas. La investigación se centra en esclarecer las motivaciones del Ejecutivo italiano que le llevó a no decretar el confinamiento en las regiones más afectadas por el coronavirus.
La juez que ha investigado la manifestación del 8M ha archivado la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Dice la magistrada que no existe el delito de prevaricación porque el delegado no contaba con ningún dato sobre posibles riesgos para la salud,
- Concluye que José Manuel Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo"
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La jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha tomado declaración a trabajadores de la Delegación y otros convocantes de actos en esas fechas. Varios de estos han matizado el informe de la Guardia Civil, como un representante de Forum Filatélico que dice que el 6 de marzo fue cuando recibió el permiso de la Delegación y no cuando canceló la manifestación ante la gravedad de la situación. Otros, como un representante de CGT Amazon decidieron no celebrarla tras recibir una llamada de la Delegación "creo que el 11".
- Apunta a Bonifacio Díez Sevillano, 'mano derecha' del entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino
- Ha declarado en el juicio por la obtención y custodia de un pendrive 'fantasma' con datos de Jordi Pujol Ferrusola
Piden 24 años de cárcel y 12 millones de multa a Sito Pons por fraude fiscal
- La Fiscalía le acusa de defraudar 2,7 millones en su declaración entre 2010 y 2014
- Según el escrito, el excampeón del mundo utillizó un entramado de empresas en paraísos fiscales
- Niegan haber recibido presiones para cancelar las protestas por el coronavirus
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Por primera vez el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre uno de los casos más conocidos de la trama de los bebés robados. Concluye que Inés Madrigal no fue una bebé robada. Los jueces consideran que no queda probado el delito de detención ilegal de la menor. Como anunció ella, su familia biológica la dio en adopción voluntariamente en 1969.
Sin embargo mantienen dos delitos que la audiencia de Madrid imputó al doctor Eduardo Vela. El de falsedad documental y el de suposición de parto, porque participó en la certificación irregular en el Registro Civil y en la maniobra ilegal de entrega del bebé.
El alto tribunal no entra en el fondo de la cuestión, en la prescripción de los delitos, lo que motivó que la audiencia de Madrid absolviese al doctor. Consideran improcedente resolver este asunto porque el acusado ha fallecido. Esta era una cuestión clave para los cientos de casos de bebés robados denunciados, que aún no han podido juzgarse. Tendrán que esperar a lo que resuelva el alto Tribunal en futuros recursos.
- Considera que hubo una "vulneración de la tutela judicial efectiva" al avanzar en la causa sin admitir recursos
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- En una sentencia, considera no probada la detención ilegal en el caso de Inés Madrigal y el doctor Eduardo Vela
- Sin embargo, confirma el delito de falsedad y la ilegalidad de aquella adopción de 1969
- Deben indicar si alguno fue "suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el COVID-19"
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El delegado del Gobierno en Madrid ha declarado este miércoles ante la juez que instruye el caso sobre las marchas del 8M y que investiga si José Manuel Franco cometió prevaricación al no prohibirlas. Él sostiene que cumplió con la ley.
Ha declarado que él no tiene competencia en materia de Sanidad, sino solo en Seguridad Ciudadana, y ha afirmado que no puso en peligro la vida de nadie, porque, a principios de marzo, no había recomendaciones de los expertos que permitiesen limitar un derecho fundamental como el de manifestación.
Además, Franco ha señalado que los contagios se dispararon el 9 de marzo y que, con el tiempo de incubación de la enfermedad, es imposible que se produjesen durante la manifestación del 8M.
En el Juzgado de Instrucción Número 51 de la capital, también han declarado tres funcionarios de la Delegación de Gobierno en calidad de testigos.
El delegado del Gobierno en Madrid defiende que actúo con arreglo a la ley y de acuerdo a la opinión de los expertos. También ha recordado que había otro gran número de eventos en Madrid y ha mostrado su desacuerdo con el informe elaborado por la Guardia Civil.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este miércoles tras comparecer ante la juez que investiga el caso del 8M, que "no se siente responsable". También ha señalado que tiene "un gran respeto a la Guardia Civil como institución pero que no puede estar de acuerdo con el informe que han hecho". "No puedo considerarme responsable del 8M porque en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, cuando había actos que se estaban produciendo en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales". Además, ha defendido que el aumento de casos del día 9 de marzo no tiene que ver con la manifestación del día anterior.
- José Manuel Franco ha declarado como imputado por un presunto delito de prevaricación
- La magistrada rechazó este martes archivar la causa, como solicitaban la Abogacía del Estado y la Fiscalía