Sociólogos y psicólogos analizan la violencia del botellón en la noche de los jueves de Pamplona. Entre los motivos apuntan a la cultura de la violencia en la que vive la sociedad actual, y la falta de un plan de prevención en el que se enseñe a los jóvenes a controlar la frustración que ha provocado en muchos de ellos las restricciones por el coronavirus.
Los sindicatos policiales denuncian que últimamente está aumentando la violencia de grupos de jóvenes contra agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Piden más efectivos para poder reforzar la llamada vigilancia preventiva, un sistema de patrullaje que evite las agresiones. “Antes se lo pensaban dos veces antes de agredir a un policía, pero ahora eso no es así”, dicen. Apuestan también por una reforma del código penal que castigue con más fuerza este tipo de delitos. Informa Julio Leyte.
Casos como la paliza a un joven en Amorebieta o el asesinato de Samuel Luiz, hacen reflexionar sobre la educación de los más jóvenes. Lo dicen los expertos, quienes creen que no aceptar la autoridad es una señal de ausencia de valores. Jesús Prieto, antropólogo, señala que en el sistema educativo y en la sociedad no se ha hecho hincapié sobre las emociones como la gestión de la frustración o trabajado a favor del bien común. Informa Patxo Manzanedo.
El teléfono ANAR presenta hoy su informe anual y su directora, Diana Díaz, nos ha señalado sus puntos principales. En 2020 la pandemia agravó los problemas que sufren los niños y los adolescentes: “Los trastornos psicológicos y la violencia son los problemas más grandes. Hemos visto un incremento de las autolesiones, consultas de ansiedad, autoestima, tristeza y trastornos de ansiedad y alimentación”. Díaz añade que 2020 y lo que llevamos de 2021 ha sido un periodo de mucha frustración y, en algunos casos, desesperación, porque la convivencia de estos jóvenes o niños con sus familias tampoco ha sido fácil. “Todo esto ha generado un coctel molotov”. El teléfono de esta fundación es el 900202010, es gratuito y funciona las 24 horas del día.
Padres y madres de la escuela Pare Manyanet de Sant Andreu, en Barcelona, denuncian casos reiterados de acoso escolar en el centro educativo. La reclamación ha visto la luz tras el suicidio de Kira, una menor de 15 años, como consecuencia de un presunto caso de bullying. Aunque el centro ha negado ser conocedor de los hechos y asegura que está investigando lo ocurrido, los progenitores han querido arropar al entorno de la menor fallecida y narrar que "a muchas familias su muerte nos ha revuelto muchos sentimientos y la lucha que llevamos años librando contra este colegio".
Uno de cada diez alumnos ha sufrido acoso sexual y uno de cada tres ha sido acosado o insultado en los centros escolares españoles, según la organización dedicada a defender los derechos de la infancia Save The Children. Son cifras que ha aportado la psicóloga Marta de Prado en 'La Hora de La 1' donde ha asegurado también que "con estos datos, no hay absolutamente ningún centro escolar en España, libre de acoso".
La presidenta de No Más Novatadas, Loreto González, ha querido transmitir a RTVE.es que "las novatadas no son bromas, que estamos en tolerancia cero. Es un gran paso, pero queda mucho por hacer".
La psicóloga Ana Aizpún ha comentado a RTVE.es que considera insuficiente la Ley de Convivencia Universitaria: "Que no aplique en los colegios mayores o en los pisos de los antiguos colegiales en los que muchas veces estas situaciones tiene lugar o incluso en la calle, en un contexto que no tiene nada que ver con la Universidad y en la que muchísimas veces ocurren o, por ejemplo, en las redes sociales claramente ahí no aplica y eso es un problema".
La Ley de Convivencia Universitaria "es un buen primer paso" para psicólogos especializados y asociaciones, un motivo de celebración para la Conferencia de Rectores e "insuficiente" para los alumnos que residen en colegios mayores.
La Policía Nacional calcula que hay en España unos 1.200 jóvenes integrando maras, pandillas callejeras de origen latinoamericano que delinquen y atacan a otros chicos y chicas de su edad. El confinamiento hizo que su actividad disminuyese, pero en los últimos meses han ido poco a poco recuperando su ritmo habitual. Kevin y Jessica, nombre ficticio de dos antiguos integrantes de ‘Latin Kings’ y ‘Trinitarios’ nos cuentan su historia. Cómo entraron, qué tuvieron que hacer y cómo consiguieron salir. Es un reportaje de Chema Puente.
Cada año se abren en España unos 5.000 expedientes por delitos de violencia que ejercen algunos hijos contra sus padres, aunque sólo se llegan a denunciar los casos más graves. Un tipo de violencia que se redujo cuando los chavales empezaron a salir menos por la pandemia.
IMAGEN: Fotograma de Óscar, un menor interno en un centro de la Generalitat para hijos que, como él, han agredido a sus padres. TVE.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de protección a la infancia frente a la violencia. En ella, se amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años para evitar que los casos queden impunes. Todos los partidos han votado a favor salvo Vox y el PNV. Los menores tendrán más facilidades para acceder a la justicia en caso de un abuso o violación mientras que el proceso será menos intrusivo para ellos.
El Congreso ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y BNG, el voto en contra de Vox y del PNV y la abstención de PDeCAT y EH Bildu. El texto sigue ahora su tramitación en el Senado y podría entrar en vigor en junio. La norma establece que la prescripción de los delitos graves empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años, elimina el Síndrome de Alienación Parental y fija que los menores de 14 años y personas con discapacidad no tengan que declarar ante un juez.
Vicky empezó a sufrir abusos por dos familiares a los cinco años y esos abusos continuaron hasta los 17. Impotencia, frustración, incapacidad y terror al pensar en las consecuencias de contar esos abusos son algunas de las emociones que Vicky recuerda de aquellos años. Hoy respira aliviada, cree que la ley es un punto de partida importante, aunque considera que no debería haber una edad límite para que esos abusos fueran perseguidos por la justicia.
Informa Alba Urrutia
Almudena Escorial, directora de incidencia política de la Plataforma de la Infancia, destaca que la norma que se aprueba hoy es una ley integral, “que aporta una visión global de toda la sociedad para prevenir, reparar e intervenir rápido”. Según Escorial, lo más importante del documento es que da más valor al testimonio de los niños, para protegerles. “Lo que nosotros vemos es que esta ley implica a toda la sociedad: padres, madres, profesores, entrenadores. Es responsabilidad de todos. Si un niño sufre violencia, hay que denunciarlo”. La tramitación de esta ley empieza en el Congreso después de doce años, tras haber pasado por la mesa de tres gobiernos distintos. La norma refuerza el derecho del niño a ser informado y escuchado y entra en ámbitos que van más allá de la familia. El texto, además, amplia el tiempo de prescripción de los delitos que comenzará a contar, como mínimo, cuando la víctima tenga 30 años. Informa Alba Urrutia.
Ahora mismo en España ya funcionan dos centros de atención a las víctimas de violencia sexual, todos los días 24 horas. El primero se abrió en Madrid hace un año y medio y el otro está dando sus primeros pasos en Asturias. Atienden en persona, por teléfono o por Whatsapp y acompañpan a las mujeres en todo el proceso. Belén Martín, coordinadora del Centro de Crisis del Ayuntamiento de Madrid, explica qué servicios ofrecen. "Se presta asesoramiento jurídico, acompañamiento a la presentación de la denuncia y al hospital para la atención sanitaria."
También hacen intervención psicológica y social. El de Madrid en este año y medio que lleva ha atendidas más de 1100 consultas, la mitad directamente de las víctimas.
En el centro de Asturias las profesionales se desplazan si la víctima lo requiere. Da igual la hora o el día que sea. Manuela Suárez, coordinadora de Violencia de Género del Instituto Asturiano de la Mujer, asegura que en la región esto es esencial. "Es muy importante porque Asturias tiene zonas muy aisladas, de difícil comunicación si no tienes vehículo propio". El del Principado de Asturias empezó a funcionar en noviembre y en estos cuatro meses ha atendido a 50 víctimas, 9 de ellas menores de edad. Están sorprendidos del alto número de consultas, porque también han llamado más de una veintena de familiares y dicen que poco a poco el recurso se conoce más.
Estos centros están recogidos en el Convenio de Estambul, que busca luchar contra la violencia contra las mujeres y que está en vigor desde 2014. Hace unos meses en un informe del Consejo de Europa se alertó de que la red de estos centros en España era casi inexistente y los estádares europeos dicen que tiene que haber uno por cada 200.000 habitantes.
