Bruselas ordena a inversores devolver las ayudas que beneficiaron a los astilleros entre 2007 y 2011
- La Comisión Europea resuelve que no reembolsen ni astilleros ni armadores
- Los inversores se beneficiaron de bonificaciones al financiar los buques
- Advierte que los inversores no podrán repercutir a los astilleros la devolución
La Comisión Europea ha exigido este miércoles a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar que el sistema de bonificaciones fiscales (tax lease) es "parcialmente incompatible" con las normas de la UE sobre ayudas estatales. Las subvenciones deberán devolverlas una parte de los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros. (Ver documento en .pdf)
En la decisión final de Bruselas se establece, primero, que "el régimen, implantado en 2002, nunca ha sido notificado a la Comisión Europea para su autorización previa, como hubiese sido preceptivo". Esa falta de notificación -según el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia- provocó que no se iniciara la investigación oficial del sistema hasta recibir, en 2010, la denuncia formal de siete asociaciones navales nacionales, liderados por los armadores holandeses.
La resolución final del Ejecutivo comunitario suaviza la propuesta inicial del vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que primero exigía la devolución de las ayudas desde 2005.
Después, flexibilizó algo su propuesta al limitar a los inversores la devolución, pero la resolución final queda lejos de las aspiraciones de España, tal y como ha señalado el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien no ha descartado recurrirla ante el Tribunal de Justicia Europeo.
Almunia ha justificado esas modificaciones en que se han escuchado todos los argumentos jurídicos presentados por las autoridades españolas y los representantes del sector naval y que se han atendido todos aquellos válidos y compatibles con las normas comunitarias.
Inversores ajenos al sector naval
Otra clave de la cuestión es que "una empresa naviera no adquiere un buque directamente a un astillero sino por mediación de una estructura contractual y financiera compleja: la agrupación de interés económico (AIE)". En esas agrupaciones "intervenían empresas ajenas al transporte marítimo-, y a sus inversores, beneficiarse indebidamente de una rebaja en la base imponibe del impuesto de sociedades", ha explicado el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia.
"El régimen del tax lease, no solo permitía amortizar aceleradamente el valor del barco, sino también hacerlo de forma anticipada, es decir, antes de su entrada en funcionamiento", ha detallado el responsable europeo de Competencia. Debido a ese mecanismo -ha continuado- "el barco se amortizaba en tres o cuatro años, lo que generaba pérdidas extraordinariamente elevadas en la agrupación de interés económico. Esta agrupación las trasladaba a los balances de sus miembros -de los inversores-, reduciendo significativamente los beneficios de éstos y, por tanto, sus impuestos".
Además, Almunia ha indicado que el sistema "permitía a estas entidades beneficiarse de un sistema especial de tributos en función del tonelaje, a pesar de que las normas europeas dejan claro que estas ventajas solo pueden beneficiar a las empresas navieras". "De esta forma, los miembros de la agrupación seguían gozando de un sistema impositivo absolutamente favorable sin tener derecho a ello".
"Al término de su investigación, la Comisión ha concluido que este régimen ha otorgado una ventaja competitiva indebida a las empresas miembros de las AIE creadas para estas operaciones", aprecia la resolución de la Comisión Europea.
España determinará la cantidad que habrá que devolver
Almunia ha insistido en que Bruselas no puede determinar la cantidad que habrá que devolver, ya que eso corresponde a la Hacienda española, que deberá determinar cuáles son los inversores que se beneficiaron indebidamente.
"España debe recuperar las ayudas estatales de las que se han beneficiado estas empresas, con la excepción de aquellas consideradas compatibles con el mercado interior", señala la decisión comunitaria, que define como compatibles "la transferencia a las compañías navieras consistente en una rebaja", es decir, la parte de las bonificaciones fiscales que repercutió en las empresas navales y que "ha contribuido, en cierta medida, a la realización de los objetivos de interés común perseguidos por las Directrices sobre ayudas de Estado al transporte marítimo".
El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha especificado que la resolución establece las pautas que debe seguir el Gobierno español para fijar quiénes devolverán las ayudas y cuánto reembolsarán: "Tiene que establecer una lista de inversores que participaron en las agrupaciones de interés económico; tiene que ver cuántas ayudas fiscales beneficiaron a cada uno de los inversores; tiene que deducir qué parte de ayuda fiscal es compatible con las directrices de las ayudas marítimas y qué parte las excede, y tiene que ver si hay otros elementos que puedan justificar otro tipo de deducciones en función de las normas tributarias españolas".
Ese margen dejado en manos de la Hacienda española es el que ha pedido aprovechar la patronal de los astilleros privados (Pymar) para tratar de reducir todo lo posible la cuantía que deba reembolsarse.
La fecha marcada para la devolución -2007- se explica por "el principio de seguridad jurídica": la Comisión no pide la recuperación de las ayudas concedidas desde el comienzo del régimen en 2002, sino desde abril de 2007, la fecha en la que el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas publicó la decisión comunitaria sobre "una medida francesa similar".
Seguridad jurídica con un nuevo sistema de bonificaciones
En una comparecencia realizada desde el comienzo en castellano -al contrario de la práctica habitual en Bruselas, donde los comisarios suelen hablar en inglés o francés-, Almunia ha insistido en que la decisión aprobada este miércoles "no se dirije contra los astilleros españoles", a los que insta a explotar su potencial de innovación para atraer nuevas inversiones.
El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha recordado que el sector naval español puede seguir recibiendo otras ayudas permitidas por las normas europeas, como las que incentivan la innovación, las ayudas regionales a la construcción de barcos y las de créditos a la exportación.
Además, ha asegurado que el sistema de tax lease que presentó el Gobierno español en marzo de 2012 y aprobó la Comisión en noviembre pasado "ofrece plena seguridad jurídica" a las inversiones en los astilleros.
"Este sistema, por supuesto, debe utilizarse y puede utilizarse para financiar la construcción de buques. Este nuevo sistema de tax lease es plenamente compatible con las normas europeas y ofrece, por tanto, plena seguridad jurídica", ha confirmado Almunia.
La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente, ya que ha reclamado hasta el último momento que solo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
Unos 87.000 empleos en riesgo
El ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español.
Los astilleros ya han dicho que la decisión es discriminatoria respecto a la adoptada con un régimen similar en Francia y que pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.
La Comisión no ha desvelado la cifra total de ayudas que deben reembolsarse. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones que habría que devolver superarían los 2.000 millones de euros, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005.
Almunia ha advertido que los beneficiarios de la bonificaciones "no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre terceros (como los propios astilleros), ni siquiera mediante la aplicación de contratos existentes".
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