Crece la presión internacional sobre Zimbabue a una semana de la segunda vuelta electoral

A sólo siete días para que se celebren las elecciones presidenciales que podrían desalojar a Robert Mugabe del poder en Zimbabue, y mientras se multiplican los episodios de acoso contra la oposición, incluyendo asesinatos, la comunidad internacional levanta sus voces contra los abusos del presidente y de su partido.

Mugabe podría enfrentarse a una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya. "Debe saber que está en la situación previa a ser acusado en el TPI", dice un importante diplomático anónimo, citado por el diario The Times. Amnistía Internacional denunció el jueves que se han encontrado a lo largo del país doce cadáveres con claros signos de tortura, entre los que se incluían cuatro miembros de la oposición, además de la esposa del alcalde de la capital, Harare. 

Sin embargo, la posibilidad de un juicio del TPI a Mugabe se enfrenta a enormes obstáculos. El TPI ha presentado cargos hasta ahora contra 11 africanos -dos de Sudán, cuatro de Uganda, uno de la República Centroafricana y cuatro de la República Democrática del Congo-, pero no tiene jurisidicción sobre Zimbabue. El caso tendría que ser llevado al tribunal por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Los 15 países que componen el Consejo no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera sobre un comunicado referido a la violencia en el país africano, por las dificultades que ponen países como Sudáfrica, Rusia, China, Vietnam, Indonesia y Libia, lo que convierte en utopía la posibilidad de un acuerdo para llevar a Mugabe ante el TPI. EE.UU, además, no reconoce al TPI, aunque ha permitido que el Consejo lleve el caso Darfur a TPI.

Mugabe lanza mensajes de fuerza

Además de los asesinatos -el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) habla de 70 miembros de su partido asesinados desde las elecciones el 29 de marzo-, el gobierno de Mugabe no ha dejado de poner dificultades a la acción política del MDC, incluyendo numerosas detenciones de su líder, Morgan Tsvangirai.

Por su parte, el diario estatal del país africano, The Herald, informa este viernes de que Mugabe continuará en el poder hasta que el conjunto de las tierras de Zimbabue esté en manos de la mayoría negra. No es la afirmación más contundente del presidente. Mugabe, de 84 años, 28 de ellos en el poder, dijo que el MDC nunca gobernará el país mientras él viva y que está dispuesto a ir a la guerra si eso sucede.

Condolezza Rice, secretaria de Estado estadounidense, pidió el jueves a la ONU "una acción internacional más fuerte" para asegurar unas elecciones libres y justas en Zimbabue.

Los vecinos de Zimbabue también presionan

Las elecciones no serán ni libres ni justas. O al menos así lo consideran tres de los países vecinos de Zimbabue, Tanzania, Swazilandia y Angola, miembros de la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC, en sus siglas inglesas), de la que también forma parte aquel.

El ministro de Exteriores tanzano, Bernard Membe, habló el jueves en representación de los tres países, que están liderando una misión de 380 observadores del SADC para las elecciones en Zimbabue.

"Hay signos de que estas elecciones no serán nunca libres ni justas", dijo Membe. "Hemos dicho al gobierno de Zimbabue que detenga la violencia", afirmó y añadió que los ministros de Exteriores de los tres países pedirían a sus presidentes que "hagan algo urgentemente para que podamos salvar Zimbabue".

La UE amenaza con sanciones

Se espera, también que, este viernes, los líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas amenacen con sanciones al país africano por lo sucedido, más allá de las que ya mantiene dirigidas contra los miembros del gobierno de Mugabe.

En un comunicado emitido este viernes, señalan que la suspensión de la actividad de las ONGs y la violencia que está teniendo lugar hacen temer "sobre las condiciones bajo las que se van a producir estas elecciones, cruciales para el futuro de Zimbabue".

Los Veintisiete, sin embargo, no han querido respaldar la petición de Rice. Sí han urgido a los miembros de la SADC y de la Unión Africana a desplegar un buen número de observadores electorales y han reclamado un escrutinio rápido y transparente esta vez, después de que el recuento de la primera vuelta durase casi dos meses.