La juez decreta prisión sin fianza para el alcalde de Estepona, su jefe de gabinete y un concejal

• Los acusa de cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias
• Barrientos ha dado a sus abogados una carta en la que presenta su dimisión irrevocable
• Cinco de los 26 detenidos en la Operación Astapa están en la cárcel
• Diez de las 18 personas con libertad bajo fianza han pagado un total de 1,6 millones

La juez dicta orden de prisión sin fianza para el alcalde de Estepona

La juez instructora de la Operación Astapa, Isabel Conejo, ha decretado prisión incondicional sin fianza para el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, su jefe de gabinete, José Flores y el concejal del PES y antiguo miembro del GIL, Manuel Reina.

A los tres se les acusa de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, mientras que a Reina se le acusa también de fraude. 

Antes de comparecer ante la juez, Barrientos ha firmado un escrito dirigido al Pleno del Ayuntamienti en el que presenta su dimisión irrevocable, según ha informado su defensa, que tiene previsto presentarla mañana en el registro del Consistorio.

Además de presentar su dimisión irrevocable como alcalde-presidente, Barrientos pide que se respete su derecho a la presunción de inocencia. Su defensa ha precisado también que el alcalde tiene intención de escribir una carta abierta dirigida a los ciudadanos de Estepona.

Barrientos, Flores y Reina acompañarán en prisión a los otros dos encarcelados por la trama de corrupción urbanística en Estepona, el concejal del GIL José Ignacio Crespo y el técnico de Urbanismo, Javier Wittmeur.

A la espera de lo que ocurra con Reina, la titular del juzgado número 1 de Estepona ha concluido la toma de declaración a los 26 detenidos en este caso, que se ha saldado hasta el momento con cuatro órdenes de prisión, libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros para dieciocho personas y libertad sin fianzas y con cargos para otros tres.

Fianzas por 1,6 millones

De las 18 personas que han tenido que pagar fianza ya lo han hecho diez por un valor total de 1,6 millones de euros.

El primero en hacerlo ha sido el presidente de la empresa constructora Grupo Prasa, José Romero, que ingresó ayer los 300.000 euros de fianza impuestos por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, después de que prestara declaración el pasado martes.

De los que declararon ese día también ha abonado la fianza de 30.000 euros el empresario José Luis Cabas, al que se imputan presuntos delitos de cohecho y blanqueo, y la misma cantidad Ana María Crespo, hermana del concejal del PES José Ignacio Crespo, que ha ingresado en prisión por esta causa.

En cuanto a los que prestaron declaración el miércoles, el ex consejero delegado de la empresa Valle Romano Luis Fernando Linares, también ha abonado los 500.000 euros de su fianza, al igual que los dos abogados relacionados con la empresa Armando Pérez y Daniel Delgado, ambos con 100.000 euros cada uno.

También lo han hecho los hermanos y empresarios de Codelsa Félix Delgado y Vicente Delgado el técnico municipal Ignacio de la Hoz y el empresario de Agrojardín y otras empresas constructoras, Antonio Bazán.

Además de estos diez acusados, otros ocho se encuentran en situación de libertad provisional con fianza pero todavía no la han abonado, para seis de ellos se decretó ayer y para los otros dos hoy.

Otros dos en libertad con fianza

Los últimos en quedar en libertad bajo fianza han sido el abogado próximo al PSOE Juan Simón, al que ha impuesto una fianza de 300.000 euros, y el edil de Economía y Hacienda, portavoz municipal socialista y ex senador Francisco Zamorano, que tendrá que pagar 50.000.

Al primero de ellos la juez Isabel Conejo le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, mientras que a Zamorano le acusa de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, según  han informado fuentes judiciales.

Tras pasar todo el día en los juzgados de Estepona y comparecer ante la instructora del caso, ambos abandonaron sobre las 18.00 horas las dependencias judiciales y, en el caso de Zamorano, fue insultado por un grupo de vecinos que le esperaba en la puerta.