Imputan a dos personas más en el caso del ex gobierno de Jaume Matas tras liberar a otras tres
- Fueron detenidos por presunta malversación de caudales públicos
- Entre los detenidos, dos ex altos cargos del del Govern en la pasada legislatura
- Los tres que continúan detenidos permanecen en la Jefatura de Policía de Palma
- La policía confirma que ha ya dos imputados más en el caso
Tres de las seis personas detenidas este lunes por presunta malversación de caudales públicos, entre ellas dos ex altos cargos del Consorcio de Turismo Joven del Govern balear en la pasada legislatura, han sido puestas en libertad, mientras las otras tres prosiguen en las dependencias de la Jefatura Provincial de Policía.
Además, otras dos personas han sido imputadas por la presunta trama de corrupción . Según han informado fuentes policiales, los dos nuevos imputados están acusados también de delitos de presunta malversación de caudales públicos.
Por su parte, las tres personas liberadas fueron puestas en libertad a última hora de la tarde del lunes, según fuentes policiales que no han precisado las identidades de quiénes han sido liberados y quiénes prosiguen detenidos y han pasado la noche en la sede policial.
Las mismas fuentes han indicado que con toda probabilidad las diligencias proseguirán durante hoy martes y las tres personas que todavía permanecen en la Jefatura de Policía de Palma no pasarán a disposición judicial hasta mañana.
Acusaciones de prevaricación y cohecho
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach se encuentra también en la sede del Cuerpo Nacional de Policía de Baleares, desde las 08.00 horas de la mañana.
Los detenidos se enfrentan a una acusación por prevaricación, cohecho, falsedad y negociaciones prohibidas a funcionarios. Según fuentes relacionadas con el caso, entre los detenidos ayer se encontraban el ex gerente del Consorcio Turismo Joven, Damià Amengual; el contable de la entidad, Jaime Cerdà; el jefe de Servicios y Mantenimiento de la misma, Juan Francisco Gozálbez; y la esposa de este último, María Reyes Carbonell.
El quinto detenido fue Marcos Pérez Martínez, un constructor de las islas, y el sexto el dueño de una agencia de viajes cuya identidad no ha transcendido.
Además, fuentes policiales han señalado que los seis detenidos son "antiguos responsables, a diferentes niveles, del Consorcio de Turismo Joven de Baleares".
El ex gerente se niega a declarar
También se ha sabido que uno de los detenidos, el ex gerente del Consorcio Turismo Jove y ex concejal del PP de Algaida, Damià Amengual, ha decidido hoy acogerse a su derecho de no declarar ante la policía.
Así lo ha confirmado su abogado, Bartomeu Vidal, en declaraciones a los periodistas a la salida de la sede de la Jefatura Provincial de Policía de Baleares, donde Amengual se encuentra detenido y donde se esperaba que prestara declaración en presencia de los dos fiscales Anticorrupción, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.
Vidal ha acudido esta mañana, alrededor de las 12.30 horas, a la sede de la Jefatura requerido por la familia de Damiá Amengual, con el objeto de asistirle como letrado en su declaración, si bien ha reconocido que desconoce las actuaciones que ha puesto en marcha la Fiscalía en relación con el arresto de su cliente.
"En consecuencia, no puedo tener una opinión formada, ni siquiera inicial, sobre el caso", ha puntualizado Vidal, para añadir que, Amengual, después de pasar más de 28 horas en las dependencias policiales, "se ha acogido a su derecho de no declarar".
Un contrato de alquiler por 300.000 euros
Las detenciones se produjeron por parte de funcionarios de la brigada de Policía Judicial, dando cumplimiento al requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, a partir de unas denuncias formuladas por supuesta malversación de caudales públicos.
La principal acusación se basa en que Gozálbez habría blindado un contrato de alquiler con el Govern en la anterior legislatura -pocos días antes de que se celebraran las elecciones autonómicas- por un valor de 300.000 euros, en concepto de la mensualidad por arrendar un local al Consorcio de Turismo Joven.
Este local figura como propiedad de una empresa ficticia a nombre del propio Gozálbez y de su esposa y el contrato rubricado implicaba que el Govern, en el caso de prescindir del local, tendría que seguir pagando la mensualidad del alquiler, fijada en 4.500 euros al mes.
Asimismo, a los detenidos se les imputan el pago de varias comisiones en diferentes obras.