Las asociaciones de mujeres critican que la seguridad de las maltratadas dependa de un GPS

• Abogan por un sistema integral de protección de las víctimas de violencia machista
• Echan de menos la formación de los profesionales en este tipo de violencia 
• Aseguran que el caso de Pontevedra pone de manifiesto que el sistema falla
• No rechazan el sistema GPS pero creen que por si sólo no sirve para proteger a la mujer
• Si eres mujer maltratada llama al 016. Consulta nuestra Guía de Violencia de Género

La seguridad de una mujer maltratada no puede depender exclusivamente de una pulsera conectada a un sistema GPS. Ese el principal mensaje que lanzan desde las asociaciones de mujeres que lamentan "la cadena de errores" que se ha producido en uno de los últimos casos de violencia machista que acabó en tragedia, cuando un preso de permiso penitenciario aprovechó éste para matar a su pareja.

"Cuando a un maltratador se le concede un permiso penitenciario se debe hacer bajo unas garantías previas de que no va a reincidir en el delito que precisamente le llevó a la cárcel", ha manifestado, en declaraciones a RTVE.es, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, quién cree que el debate no sólo debe centrarse en el correcto funcionamiento de la alarma GPS. "Reducir el debate a eso es muy simplista", añade.

"Cualquier aparato electrónico falla y éste también, por eso no se debe confiar a este sistema la vida de nadie", dice tajante Besteiro.

En este caso, el fallo no fue técnico ya que cuando el preso se desprendió de la pulsera, se generó una alarma que se recogió en la Unidad Central de Vigilancia Electrónica pero que los funcionarios no detectaron. El fallo fue humano, tal y como ha reconocido este jueves la propia directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.

Piden informes más exhaustivos a la hora de conceder un permiso

A su juicio, el sistema contra los maltratadores falla, en su conjunto. "El informe psicológico que determine que un maltratador salga a la calle en un permiso debe ser muy exhaustivo y es evidente que, en este caso, no lo fue", considera Besteiro, que echa en falta una "verdadera formación" en violencia de género de los profesionales que intervienen en este problema social: médicos, abogados, jueces, funcionarios de prisiones y psicólogos, entre otros.

En la misma línea se muestra Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, quién cree que las unidades de valoración del riesgo que supone un permiso carcelario de un preso condenado por maltrato deben ser mucho más serias y deben regirse por criterios más profesionales y exhaustivos. Defiende, por tanto, una valoración concreta de cada caso con las medidas específicas que se requieran simpre con un fin claro: la seguridad y protección de la mujer maltratada.  

El propio director de la cárcel señaló este miércoles que al preso se le concedió un permiso por buena conducta en la cárcel. Para las asociaciones este requisito no es suficiente. "Muchos maltratadores juran cuando entran en prisión que cuando salgan matarán a su pareja o ex pareja y esto hay que tenerlo muy presente", señalan desde la Federación de Mujeres Progresistas.

"Todas las medidas deben tener en cuenta el patrón de conducta que mantienen los maltratadores centrado, en muchos casos, en la reincidencia en el delito", ha puesto de manifiesto Besteiro.

Solicitan el uso generalizado del GPS en toda España

Desde las asociaciones critican además que el sistema GPS no funcione de forma general en toda España. "Habría que generalizar el uso de medios electromagnéticos y darles un uso adecuado", señalan desde la Asociación de Mujeres Juristas.

Recientemente el Gobierno aprobó la colocación a los maltratadores de la pulsera con GPS para impedir la violación de las órdenes de alejamiento. Hasta ahora sólo algunas comunidades autónomas han implantado este tipo de dispositivos, que también usan desde Instituciones Penitenciarias.

El que uso esta institución consta de dos elementos: una tobillera y un emisor-receptor, que portan los maltratadores presos. Cuando éste entra en la zona de exclusión previamente fijada, emite una potente señal que recogen los funcionarios del servicio que inician el protocolo de actuación. 

Fuentes de la Delegación de de Gobierno para la violencia de género han explicado a RTVE.es que el Ejecutivo central trabaja en el desarrollo de un sistema tecnológico que anule los posibles problemas técnicos y que haga que las víctimas de esta lacra social que afecta a 400.000 mujeres al año estén más protegidas.