Rosa Díez pide al Gobierno que actúe para expulsar a ANV de los ayuntamientos

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, exigió hoy al Gobierno que actúe para disolver los 42 ayuntamientos gobernados por ANV puesto que es el único que puede emprender un proceso en el que el Parlamento y el resto de los grupos políticos están "con las manos atadas".

Díez hizo estas manifestaciones durante la defensa de una interpelación urgente a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, sobre la posible disolución administrativa de los ayuntamientos con alcaldes de ANV.

Salgado aseguró que el Gobierno hará todo lo posible por lograr que ANV salga de las instituciones en el País Vasco y Navarra, e hizo un llamamiento a la "responsabilidad y la lealtad" de todos los partidos para que desde ninguno se use la lucha antiterrorista para sacar "réditos políticos".

La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha exigido hoy al Gobierno que "no tome atajos" para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV y "aplique rectamente la ley, sin ningún tipo de cálculo y sin ningún tipo de discrecionalidad".

En un desayuno informativo esta misma mañana, Díez se ha referido la moción de UPyD que será debatida esta tarde por el pleno del Congreso, en la que insta al Gobierno a que, en un plazo de tres meses, disuelva los 42 ayuntamientos gobernados por ANV en el País Vasco y Navarra mediante la aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Díez ha explicado que no se ha puesto en contacto con el PP para negociar el respaldo de los populares a su moción y ha recalcado que el PSOE tampoco se ha puesto en contacto con ella para hablar de la alternativa a su iniciativa que los socialistas podrían presentar en el Congreso.

"Tenemos las manos atadas"

Díez insistió en que la actual Ley de Bases de Régimen Local se modificó para lograr "la garantía de la democracia en los ayuntamiento y la seguridad de los concejales" y aseguró que el artículo 61 permite procecer contra los alcaldes de ANV.

Recordó, en ese sentido, que todas las candidaturas de ANV impugnadas por el Gobierno antes de las elecciones municipales de 2007 fueron anuladas por el Tribunal Supremo, que consideró probada su vinculación al entorno terrorista, pese a que la Fiscalía y la Abogacía del Estado "ataron" las manos a los jueces, que tuvieron que "dejar colar" las candidaturas no impugnadas.

Pasada la tregua, continuó Díez, "el mismo Fiscal General con las mismas leyes" instó a la suspensión de actividad de ANV y la Audiencia Nacional acordó la suspensión.

Díez insistió en que hay hechos "probados" que refrendan la relación de ANV con ETA y advirtió al Ejecutivo que "sólo ustedes pueden poner en marcha ese decreto y llevarlo al Senado" porque los partidos políticos y el Parlamento "tenemos las manos atadas. Nosotros no lo podemos hacer, sólo ustededes lo pueden hacer".

Una reforma dentro de la Constitución

Espinosa reconoció que la lucha contra el terrorismo es "dura y dolorosa" como ha quedado patente con el asesinato de Ignacio Uria. Dio lectura a parte del comunicado conjunto que todos partidos suscribieron tras el atentado y afirmó que su texto "no deja lugar la tibieza".

Insistió en que el trabajo que viene haciendo el Gobierno "sistemático, metódico y constante" está dando "muy buenos resultados" y abogó por no emprender "actuaciones de cara a la galería, ni búsqueda de protagonismos".

Abogó por el mantener el consenso antiterrorista e hizo un llamamiento a la "responsabilidad y la lealtad" y pidió a toda las fuerzas políticas que renuncien a "intentar sacar réditos, y que en lugar de hacer ruido se unan" para luchar contra el terrorismo.

En ese sentido, garantizó que el Gobierno "está explorando todas las posibilidades que nos ofrece la ley y la posibilidad de una reforma dentro del marco constitucional y con el consenso de todas las fuerzas políticas" para que "ANV no esté al al frente de ninguna institución democrática".

Advirtió, no obstante que "la disolución generalizada no parece posible con la actual legislación. La ilegalización de un partido no priva a las personas electas en sus listas del derecho a permanecer en los cargos para los que fueron elegidos y el TC ha establecido una consolidada doctrina por la que no es admisible extender los efectos de la disolución de una fuerza política a los miembros que ocupen cargos públicos representativos".

Rosa Díez se tomó mal la crítica implícita en el discurso de la ministra a su comportamiento y le espetó que no esperaba "demagogia" de sus palabras, ni que se refiriera a "intervenciones de cara a la galería. "¿A la galería de tiro, quizá?", se acabó preguntando.

La referencia irritó a Salgado quien espetó a la portavoz de UPyD que "entre su virtudes no se encuentran la prudencia y la contención" antes de volver a apelar a su sentido de la "responsabilidad" en la lucha antiterrorista.