Los jueces dicen que no quieren ir a la huelga sino arreglar los problemas de la Justicia

• Representantes de los jueces han participado en "Los Desayunos de TVE"
• Dicen que el caso Tirado no ha sido el desencadenante de las movilizaciones
• Niegan reivindicaciones salariales y critican que se les quiera presentar como insolidarios
• Creen que ante algunas tragedias que conmocionan a la opinión pública "falta racionalidad"
• Bermejo asegura que "plantear este órdago al Estado es impropio"

Desayunos - Los jueces aseguran que no quieren ir a la huelga

Representantes de las cuatro principales asociaciones de la judicatura española han asegurado que los jueces no quieren ir a la huelga sino arreglar los problemas de los que adolece la justicia española. 

Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia; Lorenzo del Río, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria; Antonio García Martínez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura; y Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente, han participado en un debate en "Los Desayunos de TVE" donde han planteado que el "único objetivo de la protesta es reivindicar la modernización de la justicia".

La falta de jueces, el exceso de trabajo en los juzgados y la escasez de medios materiales y humanos son los principales problemas que plantean los jueces, para quienes las medidas de presión anunciadas, un paro para el próximo 18 de febrero y una posible huelga para el 26 de junio, son una forma de hacer efectivas sus reivindicaciones.

Además, han negado que entre sus reivindicaciones esté una subida salarial y han criticado que haya quienes quieren presentarlos como "unos insolidarios que piden subidas de sueldos en tiempos de crisis".

Insisten en que el caso Tirado no ha sido el desencadenante

¿Por qué ahora? Ante esta pregunta todos han coincidido en que el caso Tirado no ha sido el desencadenante de estas protestas pero sí "la gota que ha colmado el vaso".

Consideran que las críticas de miembros del Gobierno sobre la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Tirado por no ejecutar una sentencia condenatoria contra Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, han sido "injerencias en la acción judicial" y un ataque a la independencia de los jueces.

Pero han insistido en que el caso Mari Luz no es el que ha llevado a la movilización sino los problemas estructurales de la jusiticia. Sobre la alarma social creada por el caso de la niña onubense, han señalado que "en las tragedias que conmocionan a la opinión pública como el caso Mari Luz suelen faltar elementos de racionalidad". 

En este sentido, han manifestado que la respuesta del CGPJ en relación a la sanción del juez de Sevilla se enmarca en la legalidad vigente.    

Los jueces exigen al Ministerio de Justicia la urgente instalación de la nueva Oficina Judicial y la incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados. Consideran que, de esta forma, estarán preparados para hacer frente a casos como el de la pequeña Mari Luz, presuntamente asesinada por un hombre que estaba en libertad por un fallo en el sistema judicial.

Bermejo: "Plantear ese órdago al Estado es impropio y deplorable"

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, considera que "se puede y se debe reivindicar" pero cree que es "impropio plantear ese órdago al Estado".

A su juicio, es "deplorable" que los jueces se instalen en el modelo de protesta, por el que amenazan con convocar una huelga y ha afirmado que aunque hay "razones profundas" para demandar una mejor Administración de Justicia.

A pesar de todo, el ministro de Justicia confia en que finalmente no se celebre la huelga porque, según ha dicho, el Poder Judicial de un país "no puede emitir esas señales a la ciudadanía". A su juicio, en caso de unirse a una protesta de estas dimensiones, los magistrados estarían "traicionando el depósito de deber y el mandato que reciben". 

"Hay que tener responsabilidad necesaria para saber que se puede reivindicar cualquier cosa, pero hay que hacerlo dentro de los esquemas constructivos a los que venimos obligados los funcionarios públicos", ha aseverado. 

Bermejo se ha preguntado porqué los magistrados se plantean ahora estas reivindicaciones cuando "no ha habido un Gobierno más implicado" en la modernización  de la Justicia en los últimos 30 años.