El CGPJ debatirá en un pleno extraordinario si los jueces pueden hacer huelga

• Deberá determinar también si es el encargado de establecer los servicios mínimos
• Si dictamina que no, los jueces que secunden la huelga incurrirían en falta disciplinaria
• El Gobierno estudia regular por ley la prohibición de las huelgas de jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará en un pleno extraordinario que se celebrará próximamente si los jueces tienen el derecho de huelga y, en ese caso, si este órgano es el encargado de establecer los servicios mínimos. Según la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, está por concretar si se celebrará el jueves o el próximo lunes.

El anuncio de la celebración de este pleno extraordinario se produce después de que al menos dos asambleas de jueces, la de Tarragona y la de Las Palmas, se hayan dirigido al Consejo pidiéndole que fije los servicios mínimos para la jornada de huelga.

Bravo ha explicado que debatirán si les corresponde a ellos decidir si los magistrados tienen derecho a la huelga o si, por el contrario, debe ser el Ministerio de Justicia quien valore este extremo. 

Si finalmente los vocales llegan a la conclusión que son ellos los competentes para decidir sobre el derecho a la huelga y, posteriormente, establecen que la Constitución también reconoce este derecho para los jueces, el CGPJ deberá, además, entrar a valorar si son ellos quienes deben fijar los servicios mínimos para las jornadas de paro.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, en el caso de que el CGPJ dictaminara que la carrera judicial no tiene el derecho de huelga, los magistrados que secundaran la convocatoria de paro del próximo día 18 incurrirían en una falta disciplinaria y serían sancionados. Preguntada al respecto, la portavoz del Consejo ha señalado que "las decisiones se van a adoptar sobre cada caso concreto".

El CGPJ ha comunicado esta decisión a los representantes de las cuatro asociaciones judiciales, dos de las cuales -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)- decidieron el pasado viernes romper la unidad de acción y sumarse a la convocatoria del paro, que hasta entonces habían hecho solamente las asambleas de jueces.

También se les ha dado traslado de los avances llevados a cabo por el CGPJ en materia de carga de trabajo, reformas legislativas para anular el traslado por ascenso forzoso, así como otras de las cuestiones que conforman las reivindicaciones "legítimas", según Bravo.

La portavoz del máximo órgano de Gobierno de los juecesha reiterado que la opinión del Consejo es que "no es el momento de una huelga" ya que el proceso de diálogo con el Ministerio de Justicia "continúa abierto" y porque se está trabajando para conseguir una administración "ágil, avanzada y moderna".

El Gobierno estudia prohibir las huelgas de jueces

Por su parte, el Gobierno está estudiando regular por ley la prohibición del derecho de huelga a los jueces ante las lagunas legales que presenta este aspecto, ya que un importante sector de la carrera judicial interpreta que la ausencia de una prohibición expresa en la Constitución significa que pueden ejercer ese derecho.

Así lo asegura el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en una entrevista que publica hoy el diario Público, en la que mantiene que, en su opinión, los jueces, como poder del Estado, no tienen derecho a hacer huelga, y añade que su departamento está "reflexionando" sobre la conveniencia de legislar sobre este asunto.

"Si ahora tenemos este problema, en su momento habrá que darle una respuesta, lo que ocurre es que de hoy al 18 de febrero -fecha en la que se ha convocado la huelga- es evidente que no nos va a dar tiempo, si es que eso es lo que finalmente se quiere hacer. No nos va a dar tiempo a legislar. Pero, evidentemente, estamos reflexionando también sobre eso", señala Bermejo.

Críticas entre las asociaciones

Por otro lado, entre las cuatro asociaciones judiciales que asistieron a la reunión reina la división tras el desmarque de la AJFV y el FJI. El representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José López García, ha reprochado a AJFV y FJI el "haberse apartado si consultarlo" del acuerdo alcanzado entre las cuatro asociaciones, que fijaba un listado de reinvidicaciones y que propuso sustituir la jornada de huelga del 18 de febrero por varios actos de protesta de menor intensidad.

Por su parte, Alicia Millán, representate de Jueces para la Democracia (JpD), ha criticado que las dos asociaciones disidentes "sin mediar explicación, hayan roto el acuerdo, nosotros mantendremos nuestra estrategia". 

"Es la actitud del Ministerio de Justicia la que nos ha llevado a la huelga", ha señalado Conrado Gallardo, presidente del FJI, quien ha añadido que en el proceso de negociación "el clima de diáologo lo ha aportado el Consejo y no el Ministerio".

Mientras tanto, el portavoz de la AJFV, Marcelino Sexmero, ha dicho que "el Ministerio, que es quien tiene que solucionar esto, no ha dado ninguna señal de avance y no ha mostrado ninguna voluntad negociadora", por lo que se vieron forzados a adoptar "esta medida de presión".