Los jueces no podrán ir a la huelga porque el CGPJ considera que no hay "cobertura legal"

• El órgano de gobierno de los jueces considera que "no tienen derecho a la huelga"
• Entiende que no hay "cobertura legal" para el ejercicio del derecho de huelga
• Los jueces que secunden la huelga del día 18 de febrero serán sancionados

CGPJ: Los jueces "no tienen base legal" para ir a la huelga

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado  por unanimidad una resolución en la que afirma que la huelga  convocada para el próximo 18 de febrero "no tiene cobertura legal",  por lo que los magistrados "tendrán que estar en sus puestos de  trabajo el día fijado para el paro".

Tras casi tres horas de reunión, la portavoz del CGPJ, Gabriela  Bravo, ha señalado que el órgano de gobierno de los jueces ha decidido "no tener por anunciada la convocatoria de huelga" y "no fijar servicios mínimos" al entender que los escritos presentados por los convocantes de la huelga no tienen "ni competencia ni base legal".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entiende por tanto que no hay "cobertura legal" para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, rechazando así las peticiones de veintiuna asambleas de jueces y de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente de convocar una huelga para el próximo día 18 de febrero.

"El CGPJ rechaza el ejercicio del derecho de huelga de los jueces en este país porque no hay base normativa para el desarrollo de este ejercicio", ha dicho Bravo.

Sancionados

Tal y como había señalado el organo de los jueces, los magistrados que secunden la convocatoria de paro del próximo día 18 incurrirrán en una falta disciplinaria y serían sancionados con posibles expedientes disciplinarios. "Valoraremos cada caso concreto y actuaremos conforme a las normas", ha dicho la portavoz.

Los jueces exigen una 'modernización' de la carrera judicial, y entre otras cosas reclaman una nueva Oficina Judicial, la incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados o la determinación de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez.