El CGPJ advierte que ir a la huelga supondrá "una dejación de funciones"
- La portavoz de este órgano, Gabriela Bravo, ha sido entrevistada "En Días como Hoy"
- Ha insistido en que la huelga del día 18 de febrero no tiene cobertura legal
- No aclara si se sancionará a los jueces que secunden el paro
- "Si eso ocurre, se analizará caso a caso", señala la portavoz del CGPJ
- Cree que los paros ocasionarían un "grave perjuicio" para los ciudadanos
- Aboga por la negociación con el Gobierno para modernizar y agilizar la Justicia
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha asegurado en una entrevista "En Días como Hoy" de RNE que confía en la responsabilidad de los jueces y ha mostrado su convencimiento de que "no habrá dejación de funciones" el día 18, fecha prevista por varias asociaciones judiciales para la celebración de un paro con el fin de exigir, entre otros asuntos, la modernización y agilización de la Justicia.
Ha insistido en que la huelga anunciada en el poder judicial "no tiene cobertura legal", tal y como anunció este lunes la propia portavoz del órgano de los jueces. Según ha dicho, el CGPJ no entra en la discusión de si los jueces pueden acogerse al artículo 18 de la Constitución que recoge el derecho a huelga, sino que deja claro que "no hay base legal que cubra ese derecho a huelga".
No aclara si habrá sanciones a los jueces que secunden la huelga
Sobre la posibilidad de que haya sanciones a los jueces que decidan parar el día 18, Bravo ha señalado que "no podemos anticipar lo que va a hacer el Consejo en ese caso". Según ha explicado, se analizará caso a caso y "se verá qué se hace".
Cree que es "muy normal" que los ciudadanos no entiendan la convocatoria de una protesta con paros y huelga porque es "poco comprensible" y "no está justificada". Bravo ha dicho que son medidas de presión que "limitan y merman un derecho básico de los ciudadanos" y ocasionan un "grave perjuicio" a los ciudadanos.
Aboga por esperar a ver qué sale de la negociación ya iniciada entre los jueces y el Ministerio de Justicia. "Lo comprensible es continuar con el diálogo y ver los resultados", ha aseverado.
El reto que se marca el CGPJ es conseguir que la Justicia sea una administración "moderna, ágil y tecnológica" antes de que finalice su mandato de cinco años. Pide para ello al Gobierno un mayor esfuerzo presupuestario.